Obras Públicas asumirá la construcción directa de 5.761 de las 32.000 previstas en el Plan de Vivienda de Andalucía. Las viviendas de protección oficial (VPO) previstas para el año que viene, según la memoria del Presupuesto de Obras Públicas para 2011, son 6.400, una cifra muy inferior a la prevista en el Plan de Concertación de Vivienda y Suelo para el año que viene (32.000) y también muy por debajo de los pisos protegidos que se habían planeado para 2010 (24.000). La oposición, PP e IU, acusó ayer a la consejería de Obras Públicas de haber rebajado hasta el 20% sus previsiones en cuanto a la construcción de VPO para 2011. Esto es, el gobierno Griñán se ha cargado el 80 por ciento del plan de vivienda de protección oficial, un plan que anunció a bombo y platillo hace dos años.

El único dato cerrado que ofreció ayer la nueva consejera, fue el de las 5.761 VPO que estarán en construcción en 2011, y que dependerán directamente de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA). PP e IU creen que estos últimos presupuestos “dinamitan el Plan Concertado”, porque la Junta delega en la financiación privada el 75% de las VPO previstas, y tanto la falta de crédito bancario como el colapso de las promotoras “parecen haber hecho inviable esa estrategia en la que insisten”. Además el ritmo en la tramitación y construcción de pisos protegidos “está decreciendo”. El pasado mes de agosto, la Junta había autorizado poco menos de 6.000 pisos protegidos, mientras que en el mismo periodo de 2009, la cifra era el doble (11.320).

Desde que se inició el plan, en 2008, se ha otorgado la calificación provisional a 43.000 VPO (son proyectos aprobados pendientes de financiación de los bancos). La Junta sostiene que ahora hay en fase de construcción 21.000 VPO, una cifra que la oposición rebaja a la mitad (11.000). De todos modos, estos cálculos están lejos del objetivo del Plan Concertado, que preveía la creación de 132.000 VPO para dentro de dos años (2012), y a día de hoy sólo se han iniciado dos de cada diez.

Ya se veía venir pero lo negaban

Esto se veía venir puesto que hasta El Correo de Andalucía, propiedad del PSOE, lo decía así el pasado mes de julio: “El Ministerio de Vivienda ha dejado al Gobierno andaluz a los pies de los caballos. Su Plan de VPO y su ley de vivienda perderá buena parte de los fondos públicos que provenían del Estado. El Gobierno de la nación comunicó sorpresivamente el pasado jueves en una reunión para preparar la Conferencia Sectorial, fijada el martes, que las subvenciones a las comunidades iban a sufrir un severo tijeretazo.” La Junta optó por el silencio. Ya entonces, el PP y Javier Arenas reclamaron a la Junta de Andalucía que en la próxima conferencia sectorial promovida por el Ministerio de Vivienda “peleera” para que Andalucía conservase las ayudas y fondos aportados por el Estado y no sufriese los “recortes” que planea dicho departamento.

Según Arenas, esta situación en vivienda probaba que los socialistas han promovido “los recortes sociales que ellos dijeron que no se producirían” con un Gobierno del PSOE. Otro más.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, antes de irse, anunció los recortes que correspondían a cada comunidad autónoma por lo que a las ayudas y fondos estatales se refiere. Se suprimía la ayuda estatal directa a la entrada (AEDE), la “reserva de eficacia” mediante la que las comunidades gozaban de fondos en caso de alcanzar sus objetivos en materia de vivienda protegida, las ayudas del anterior Plan de Vivienda 2005-2008 que no hayan sido justificadas o las subvenciones para los promotores en la compra y urbanización de suelos destinados a viviendas protegidas.

También se cayeron las ayudas estatales a la promoción de viviendas protegidas en alquiler, toda vez que el sector ya había sufrido “recortes anteriores” en la desgravación fiscal a la hora del acceso a la primera vivienda, las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías o las subvenciones dirigidas a las familias numerosas.

El Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012, a la basura

El Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 era un proyecto que comprometía 11.000 millones de euros de fondos públicos. Otros 7.000 millones dependían del crédito bancario. El compromiso era 300.000 VPO en una década. No hace mucho, la Junta ya admitió que el plan no iba a cumplirse sobre todo por el comportamiento de los bancos que no estaban por la labor de dar créditos si sus garantías no eran precisas. 33 bancos y cajas suscribieron un compromiso con la Junta para librar 9.550 millones de euros en crédito, pero esto no se estaba cumpliendo.

Lo que ocurre ahora es que el Estado tampoco cumple su parte lo cual es definitivo para mandar el Plan Andaluz de la Vivienda a mejor vida. De ese modo, Griñán añade otro incumplimiento: el de la Ley del Derecho a la Vivienda digna que decía iba a garantizar una vivienda digna a los perceptores de rentas por debajo de los 3.000 euros mensuales. Tal ley fue objeto de una fabulosa operación de imagen socialista que ahora se queda en mera propaganda.