Otro varapalo judicial para el alcalde socialista de Estepona, David Valadez. La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, ha imputado al regidor por un presunto delito societario y por otro de falsedad -recogidos en los artículos 292 y 390 del Código Penal- tras una querella presentada por el ex tesorero del Ayuntamiento, Félix Domínguez Pimienta. La jueza -que fue la primera instructora del ‘caso Astapa’, surgido a partir de la denuncia de Valadez- ha citado al primer edil a declarar en calidad de imputado, el próximo día 26 de noviembre, según la documentación a la que tuvo acceso este periódico.

La querella del ex tesorero se registró en el juzgado el pasado mayo después de que el 18 de marzo fuera cesado como liquidador de las empresas municipales Estepona XXI, que se crearon en la ‘era GIL’ y todavía se encuentran en proceso de liquidación. Según pudo saber este periódico, Domínguez Pimienta denunció, entre otros aspectos, que su destitución se produjo, al parecer, sin contar con la plena capacidad jurídica para ello.

Se dio la circunstancia además, de que el que fuera tesorero del Ayuntamiento hasta enero de este año fue cesado de su responsabilidad como liquidador de las Estepona XXI momentos antes de la hora a la que estaba previsto que se celebrara junta general de estas empresas, donde el Ayuntamiento es socio mayoritario. En ella se iba a abordar, entre otros asuntos, un informe sobre las actividades del anterior liquidador de estas sociedades municipales Juan Manuel de Hoyos y el ejercicio de posibles responsabilidades jurídicas contra la actuación de éste y de un letrado.

El ex tesorero y el regidor han mantenido un tira y afloja en su relación. Fue precisamente Valadez quien le nombró en 2008, tras su llegada a la Alcaldía, como liquidador de estas sociedades municipales. Pero las desavenencias no tardaron en aparecer y el funcionario se convirtió en el azote de la gestión del primer edil. Tanto es así que le denunció por el uso del dinero procedente de convenios urbanísticos para el pago de gastos que no están contemplados en la ley y por supuestas irregularidades en el cobro de la tasa de la basura por parte del Patronato de Recaudación durante 2008 y 2009, entre otros asuntos.

Una relación tensa

Pero la pugna entre ambos terminó con un decreto en el que Valadez le «invitó» a abandonar las dependencias municipales y dejar libre su despacho en la Tesorería municipal, pese a que el funcionario había pedido una prórroga de su jubilación. Todo ello, «con apercibimiento de exigencia de responsabilidad en el caso supuesto de desobediencia a la autoridad», según el decreto de la Alcaldía, que ponía de manifiesto que la actuación de Domínguez Pimienta «perjudica» la imagen pública de la Institución Local. El funcionario dejó entonces el Ayuntamiento y trasladó el asunto a los tribunales.

Esta es la segunda imputación a la que tiene que hacer frente el alcalde esteponero, que también es el candidato de los socialistas a la Alcaldía para 2011. Hace casi un año saltó a la luz la implicación de Valadez en una causa relacionada con la construcción de una vivienda sobre suelo rústico, por parte del que fuera su jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez. En esa ocasión, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona le imputó por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir el delito.