Ni el código ético de los Mossos, ni las cámaras en las comisarías, ni los 80 kilómetros por hora… De forma sorprendente, el primer proyecto estrella del legado de Joan Saura que el nuevo conseller de Interior, Felip Puig, ha disuelto es el Programa de Seguretat contra la Violència Masclista, una de las iniciativas que más consenso cosecharon. Pese a la supresión del programa, calificada como un «paso atrás» por los antiguos responsables de ese organismo, el nuevo equipo de Interior se ha comprometido a mantener el presupuesto, el personal y las políticas que desde ahí se realizaban, según anuncia ‘El Periódico’.

La decisión se ha conocido con la publicación el 4 de enero en el Diari Oficial de la Generalitat del decreto de estructuración de Interior. En el texto se avanza que otros órganos de la Secretaria de Seguretat desarrollarán las labores del programa.

Tras el revuelo que ha generado la supresión del proyecto, la Conselleria se ha esforzado en enviar un mensaje de tranquilidad. El secretario general de Interior, Xavier Gibert, insistió en que la decisión es un paso adelante. «No tiene sentido mantenerlo como un programa, sino que hay que dar un paso más e incorporar la lucha contra la violencia machista como una política permanente», dijo Gibert, quien insistió: «Lo importante no es la denominación, sino los contenidos y las acciones». Además, garantizó que se mantienen los puestos de trabajo del programa, con excepción del de la directora. Gibert destacó como novedosa la adscripción de esas políticas a la Secretaría de Seguretat. Sin embargo, desde su creación, en el 2007, el programa ya estaba adscrito a ese órgano.

LIDERAZGO NECESARIO

Su supresión ha sido interpretada por el anterior equipo de Interior como «un paso atrás». «Al eliminar el programa envían el mensaje de que rebajan de rango esta lucha y que deja de ser una prioridad», comentó Alba Garcia, la que hasta hace dos semanas era la directora del organismo.

«Este tipo de proyectos precisan que haya alguien que los encabece. En este caso, yo tenía rango de subdirectora general y podía hablar de tú a tú con los responsables de la policía y de otros departamentos. Ahora que han suprimido ese cargo y que han decidido no poner a nadie en mi puesto, ¿quién hará esa labor? ¿El secretario, que tiene mil asuntos?», dijo Garcia, quien destacó que el Gobierno vasco ha creado una dirección general.

El programa, con un presupuesto de 90.000 euros, se encargaba de fijar una estrategia común en la lucha contra esa lacra. Así, gracias a esa entidad se consiguió que todas las comisarías de los Mossos tuvieran una unidad de atención a la víctima. Además, dio formación a 5.200 mossos, policías locales y aspirantes.

Desde el programa se puso en marcha la primera macroencuesta de la Conselleria d’Interior sobre la violencia machista, un sondeo telefónico realizado a 14.000 mujeres y 1.500 hombres que arrojó un dato alarmante: una de cada cuatro mujeres catalanas ha sido agredida en algún momento de su vida.

«LO QUE NO SE NOMBRA NO EXISTE»

La decisión de Interior ha generado reacciones diversas. Por un lado, abogadas como Montse Fernández Garrido, histórica defensora de los derechos de las mujeres, pronostican que la decisión «supondrá diluir el programa». Garrido cree que esta decisión viene impulsada por la voluntad de CiU de «modificar todo lo que ha hecho el tripartito». Y advierte: «Lo que no se nombra no existe. Es lo que ha pasado con el Ministerio de Igualdad, que ha acabado diluido».

Fuentes del anterior Govern advierten de que la clave de esta decisión radica en si se mantienen las funciones que desarrollaba el actual programa. Habrá que ver también, añaden, si siguen los proyectos que contra este fenómeno se llevaban a cabo en cada conselleria.

UN VOTO DE CONFIANZA

Paquita Verdejo, magistrada del Juzgado número 2 de Violencia de Género de Barcelona, expresa «prudencia y confianza». Prudencia para «ver si se cumple el contenido» que se llevaba a cabo. Y confianza porque «mientras la política siga implicada en esta lucha, el organigrama es lo de menos». Pilar Núñez, responsable de Infancia y Familia de la entidad Intress, que desarrolla programas de protección a víctimas de violencia, cree que «hay que dar un voto de confianza al Govern».