José Antonio Flores Vera.- No hay mañana que no nos desayunemos con un nuevo caso de irregularidad en el seno de la Junta de Andalucía. Y es que treinta años de tapado, una vez destapada la caja de los truenos, lógicamente deben de dar mucho de sí. Sobre todo si esa especie de sueño de Morfeo en el que hemos estado sumidos los andaluces llega a su fin de una manera abrupta. De hecho, ante tanta supuesta corrupción, es necesaria ya cierta agenda, algo parecido a una hoja de ruta que permita poder manejarnos sin perdernos por ese proceloso mar oscuro de los tejemanejes institucionales de esta Junta tan lastrada por los escándalos.

Las irregularidades de la administración paralela, creada al margen de la oficial, repleta de contratados afines al partido en el poder, los ERES irregulares, los fondos de formación y las ayudas al empleo es mucho más de lo que una mente sensata y honesta puede retener. De ahí la necesidad de esa hoja de ruta.

Existe una clara competencia interna, una especie de podium en el que sería preciso colocar cuál sería el caso que obtuviera el primer puesto, el segundo o el tercero. No es algo que sea fácil conocer a simple vista, pero mucho me temo que el asunto de las ayudas al empleo por tratarse de fondos europeos es el que más preocupa a propios y extraños. De hecho, la Fiscalía General del Estado sí parece haber tomado buena nota de este asunto no sabemos si por iniciativa propia o inducida. Es más, la Oficina de Lucha Europea Antifraude (LOAF) ya parece estar trabajando y todos sabemos que con los órganos europeos no se juega y de nada serviría invitarles a unas cañas por ese maravilloso casco antiguo sevillano ni hablarles de efervescencia de la primavera en el Rocío, ni siquiera de la emoción telúrica de la “madrugá” sevillana.

Pero veamos. En estas cosas de acusaciones varias e irregularidades por doquier hay que ser serio y riguroso. No se trata de buscar el objetivo de derribar a un gobierno de treinta años ha ni siquiera al partido que lo sostiene. Se trata de pedir responsabilidades políticas, administrativas y jurídicas por gestiones deshonestas y mal uso de los fondos públicos con independencia de color político. Que otros quieran sacar tajada política será su propio problema, pero el interés de los ciudadanos no debe ser otro que la transparencia, el control de la legalidad y la eficaz utilización de nuestros impuestos. Con eso bastaría.

De toda esa hoja de ruta señalada seguramente habrá conexiones o, es posible, que todo esté más conectado de lo que creemos.

De hecho, los empleados públicos andaluces llevan meses denunciando que esa administración paralela escapa al control de los procesos administrativos y fiscalizadores que todo buen gobierno debe confiar a una función pública profesional e independiente. Por tanto, no debe de extrañar que la insistencia por parte del gobierno andaluz de crear esa administración paralela manipulable y cesante no sea más que la base para poder seguir manejando asuntos irregulares que ahora se están investigando. Por ahí podrían ir bien encaminadas las pesquisas y por eso es tan importante escuchar a los empleados públicos, que se están convirtiendo en garantes de una legalidad que el gobierno al que sirven no garantiza.