El Ministerio de Cultura ya ha finalizado el borrador de la famosa ‘ley Sinde’. Con retraso, para desesperación de la Coalición de Creadores, el texto incluye la potestad de un organismo judicial competente, en este caso la Audiencia Nacional, para que pueda cortar el acceso a una página web de descargas ilegales alojada en el extranjero. El juez solicitará a las empresas de telecomunicaciones que interrumpa la conexión, como solicitaban las entidades de gestión de derechos de autor. En un mundo sin fronteras como es la Red, muchas de las páginas que operan en España tienen sus servidores alojados fuera del país, siempre previa autorización de un magistrado de la Audiencia Nacional.

Por otra parte, el texto apuntala el procedimiento de mediación y arbitraje de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual con el propósito de lograr una resolución pactada y extrajudicial. En el caso de que hay que realizar una mediación, el Real Decreto determina como máximo nueve meses para que se resuelva el conflicto, mientras que el laudo arbitral, que tendrá “carácter vinculante, ejecutable e impugnable”, deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses desde que las partes formulen sus posiciones definitivas.

Asimismo, el borrador del reglamento determina que los titulares de los derechos de autor o las entidades que los representan pueden también dirigirse directamente a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que nunca actuará de oficio, y que actuará con mayor celeridad. Ésta también instará a la web de forma voluntaria la retirada de los contenidos o la presentación de alegaciones en el plazo de 48 horas. Si se cumple este plazo sin que el dueño de esa página web haga caso, este nuevo organismo pedirá que ambas partes presenten conclusiones en cinco días.

Cuando se acabe este plazo, dicha comisión tendrá otros tres días como para dictar resolución. En el caso de que resuelva que se ha producido una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, la sección segunda ordenará, previa autorización judicial, la retirada de los contenidos en un plazo de 24 horas desde su notificación. Si no, se aplicarán “medidas de ejecución forzosa”.

Datos alarmantes

Por otra parte, España volverá a la famosa lista 301, el lugar donde el gobierno de Estados Unidos coloca a los países que permiten la piratería. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos tiene claro que este año España no se salva. “En el escrito de acompañamiento supongo que los americanos tendrán en cuenta los esfuerzos del Gobierno”, ha apuntado Aldo Olcese, presidente de este ‘holding’. En cuanto a los datos de piratería, el segundo semestre de 2010 continuó con la misma tendencia negativa.

El valor total de lo copiado de forma ilegal ascendió a 5.562 millones, casi cuatro veces más por encima del consumo legal. En los últimos seis meses del año pasado solo se facturaron 1.500 millones. Con respecto al conjunto del año, la cifra de contenidos piratas fue de casi 11.000 millones (10.774,5), lo que equivale a un incremento interanual del 8,6%. En el segundo semestre de 2010, casi ocho de cada diez productos culturales o de entretenimiento que se consumieron el año pasado fueron piratas, lo que significa tres puntos más que en el mismo periodo de tiempo de 2009. La música continúa como el sector que más sufre esta lacra, con un 97,9% de piratería, seguido de las películas con un 75,8%, aunque ha bajado dos puntos desde el anterior observatorio.

“Este descenso se debe a que se ha consumido más cine en las salas ya que hay más películas en 3D”, ha destacado el director de la Coalición, Andrés Dionis. El ‘holding’ de las sociedades de autores se ha mostrado muy preocupado por el incremento de la piratería en los videojuegos, donde alcanza un 66%, y en los libros (43%). La piratería se ha disparado 120 puntos por culpa de la popularización de los libros electrónicos.