En España hay 1.400.000 hogares en los que ningún miembro trabaja y 500.000 que ya han agotado todos los sistemas de ayuda y no tienen ningún tipo de ingreso, ha denunciado hoy Cáritas en la presentación de su informe correspondiente a 2010.

La situación es tal que hay diez millones de personas en situación de “relativa pobreza” y otros ocho millones en situación de “exclusión”, entre ellos muchos parados cuya situación de desempleo se ha vuelto crónica. “Y los efectos de la crisis no han terminado aquí”, ha advertido en conferencia de prensa el secretario general de la organización asistencial, Sebastián Mora.

Así, el informe revela que Cáritas ha atendido el año pasado a 950.000 personas que han presentado un total de 1.800.000 solicitudes de ayuda, lo que supone casi un 20 por ciento más que en 2009, y un aumento del 104 por ciento desde 2007.

De estas personas, 300.000 han acudido a Cáritas por primera vez en 2010 al pasar de una situación de vulnerabilidad a la pobreza, o de la integración a la vulnerabilidad por haber perdido el trabajo o consumido las ayudas oficiales.

La mayor parte de los casos atendidos (el 74 por ciento) son familias, mientras que las personas solas que han requerido ayuda han supuesto el 24 por ciento de las solicitudes.

En cuanto al perfil de los demandantes, Cáritas ha detectado la presencia cada vez mayor de trabajadores con formación, estudios y amplia experiencia laboral. Quienes empezaron la crisis como desempleados recientes, han pasado a ser “de larga duración”, con lo que ha comenzado un proceso de “cronificación de la precariedad” debido al largo periodo de desempleo.

La familias jóvenes, con cónyuges de entre 20 y 40 años, y con uno o dos hijos pequeños, y los jóvenes en busca de su primer empleo son los siguientes dos grupos que más acuden a Cáritas.

También está creciendo, según la organización, el número de demandas de ayuda por parte de parados de más de 45 años y de mujeres solas con cargas familiares y problemas para conciliar la vida familiar y laboral.

El problema, según Mora, es que ante esta realidad, la Administración responde con un sistema de seguridad social que es “frágil, con grandes diferencias territoriales y que deja muchos huecos y situaciones sin resolver”, ha planteado.

Según el informe, y salvando la “grandes diferencias” entre Comunidades Autónomas, la media de tiempo para concertar una primera cita de asistencia es de 26 días en los servicios sociales, y la tramitación y resolución de la ayudas se retrasa otros 65 días de media.

“Son casi tres meses esperando una solución de la Administración para un caso de urgencia”, ha lamentado Mora, quien ha añadido que para la concesión de una renta mínima los plazos son de uno 132 días entre la solicitud y el cobro efectivo. En Cáritas esos plazos son de una media de 4 días para la cita inicial y de 7 para la resolución de la ayuda.

Así, el 67 por ciento de las personas que han acudido a Cáritas llegan derivados desde los servicios sociales públicos que se declaran “desbordados e incapaces de atenderlos”, ha subrayado Mora, quien ha precisado que, en general, el sistema público se caracteriza por ayudas “de muy baja intensidad”.

Las prestaciones económicas son “insuficientes” y poco eficaces en las situaciones de urgencia debido a la falta de agilidad y flexibilidad del sistema. Además, el concepto de necesidad básica” de la Administración es muy reducido y, con frecuencia no incluye demandas como alimentación, suministros, enseres o gastos sanitarios o de medicamentos.

Las ayudas oficiales son siempre limitadas en el tiempo y están sujetas a uno requisitos de acceso “cada vez más duros y -en ocasiones- excluyentes”, afirma Cáritas. Será por todo esto por lo que acudir a la Administración figura en cuarto lugar entre las “estrategias de supervivencia” que aplican las personas con necesidades.

El apoyo familiar y la vuelta a la casa paterna es la primera estrategia para afrontar una situación difícil; en segundo lugar, las personas con necesidades están recurriendo al trabajo en la economía sumergida, y en tercer lugar, solicitan ayuda a alguna organización asistencial, según el informe.