El desastre que está provocando la inmigración en España, o mejor dicho, la administración pública con respecto a la inmigración, no tiene límite. Además de ser un coladero de ilegales (cuya inmensa mayoría no llegan en pateras, no nos engañemos, sino cómodamente por avión o carretera) y alegales (los que entran con contratos falsos), el Estado está permitiendo una increíble situación de discriminación con respecto a los ciudadanos autóctonos que va creando cada vez más reticencias. Y  con razón.

Porque la xenofobia no proviene de la crisis económica, como nos quieren hacer creer últimamente los detentadores del pensamiento buenista, ni de un rechazo visceral y sistemático al extranjero, -que al principio de la marea humana no existía-, sino del nulo interés de la mayoría de los nuevos ciudadanos a integrarse en la sociedad y la cultura que les acoge y, muy especialmente, de la discriminación y de los abusos que se están produciendo en muchos terrenos, pero especialmente en el reparto de ayudas sociales.

Reproduzco escrito de un amigo vasco sobre la posibilidad de una subida de impuestos en Guipúzcoa: “Mi nómina es de 1700 eur, mi mujer no llega a los 900, todos los dias mis hijos van al cole en bilbobus, comen en el comedor y hacen sus actividades extraescolares a base de pagarlas a parte (sic), lo mismo que el autobus, el comedor, los libros, la ropa de los crios, el año pasado creo que nos dieron 30 eur para material escolar, todo lo demá a pagar….. el el otro extremo está mi vecino marroquí (el cual por cierto vino de Mucia segun el “con billete comprado por PSOE de alli, toma ya), que percibe 1200 eur al mes en conceptos de ayuda basica, alquiler, ropa de los niños transporte y comedor, además el ay-untamiento le paga la luz y el agua… eso lo que yo sepa, no se si recibirá más ayudas. El no trabaja, se pasa el día en el parque fumando hablando con sus amigos”.

La prensa, sea del perfil ideológico que sea, está plagada de comentarios de este tipo. A estas alturas todos conocemos unos cuantos casos parecidos, tampoco hace falta leerlos en los medios. Y muchos nos preguntamos por qué. ¿Qué derechos ha adquirido un ciudadano marroquí, o de cualquier otro país, para que les permitamos vivir sin trabajar a costa del fruto de nuestro propio trabajo? Porque si algún político o algún voluntarioso funcionario de los Servicios Sociales piensa que están facilitando la inserción de estos individuos en nuestra sociedad, creo no sólo que se equivocan sino que no hacen sino agravar los resultados de la crisis que padecemos. Crisis económica y tambien crisis de valores. Nadie quiere trabajar si puede vivir sin hacerlo y mucho menos aquellos que vienen de sociedades económicamente mucho más precarias que la que se encuentran aquí con una renta básica o con las ayudas que generosamente reciben. Para ellos esto es Jauja. Y nuestros políticos unos primos.

Y la gran pregunta: ¿Por qué? ¿Qué interés tiene la casta política en regalar el dinero de todos a gente que ni ha aportado ni nunca va aportará nada a nuestra sociedad? ¿Existen cuestiones socio-económico-demográficas que los ilusos ciudadanos de a pie no comprendemos? Pues si existen esas razones, que nos las expliquen, por favor. Yo, al menos, quisiera entenderlo.

*Richard Solé es colaborador de AD y miembro de CiU.