El ministro de Defensa, Pedro Morenés, dirigía dos empresas que proveían armamento y seguridad a las Fuerzas Armadas hasta su nombramiento el pasado jueves. Se trata de la filial española de la multinacional MBDA, encargada de fabricar misiles, entre otro material de defensa, y la empresa Segur Ibérica, que presta servicios de seguridad privada. En MBDA accedió a la presidencia ejecutiva en junio de 2010, cuando fue fichado para relanzar la oficina de Madrid y reforzar las relaciones institucionales con Defensa, mientras que a la presidencia de Segur Ibérica llegó en octubre pasado.

Estas dos empresas forman parte de la lista de compañías distribuidoras al ministerio durante la etapa de Carme Chacón y tienen contratos vigentes en la actualidad. La multinacional europea, por ejemplo, firmó dos grandes contratos en 2007 y 2008. El primero ascendió a 27,7 millones a pagar en cinco anualidades, entre 2007 y 2011, e iba dirigido a la adquisición de los misiles modelo Mistral para los helicópteros de combate españoles Tigre. El segundo contrato es más voluminoso, 100 millones de euros más 2,4 millones adicionales, y se firmó para desarrollar el programa europeo de misiles Meteor.

El proyecto Meteor fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de 2008, participan siete empresas españolas y su financiación se distribuye en seis anuales, de 2009 a 2015. El objetivo final es dotar al Ejército del Aire de estos avanzados misiles, que en su momento se presentaron como un importante logro para la industria de defensa española. La llegada de Morenés al ministerio, por lo tanto, coincidirá con la vigencia de este programa en el que participa MBDA.

Más austero es el contrato con Segur Ibérica, a donde el ministro llegó en octubre pasado. Defensa contrató los servicios de esta empresa de seguridad en 2009 y 2010. El primero se firmó por 1,2 millones para suministrar la vigilancia privada de varias dependencias oficiales entre 2010 y 2011, por lo que debería de ser renovada en próximas fechas. El más reciente fue concedido por el Consejo de Ministros a través de un decreto de subvenciones excepcionales para contratar seguridad privada en los buques atuneros que operan en el Índico, y que se enfrentan a la piratería somalí armada.

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, concedió este servicio a la empresa Segur Ibérica, pese a que existían al menos otras dos compañías del gremio que tenían interés en solicitarlo. Segur Ibérica ha dotado en exclusiva de vigilantes a los atuneros vascos y gallegos durante los años 2010 y 2011. Además, ha podido formar a su plantilla en el Instituto Tecnológico de La Marañosa (Madrid), un centro del ministerio.

Trampolín

El perfil ejecutivo de Morenés se hizo patente en su aterrizaje en Segur Ibérica. Es la historia de una empresa adquirida por un fondo de capital riesgo español, MCH Private Equity, del que el nuevo ministro era ni más ni menos que presidente del comité estratégico. Su ascenso se produjo poco después de que MCH diera el último bocado a la empresa familiar con la compra del 55% de sus acciones.

Pero su prolífica carrera empresarial no acaba ahí, pese a gestarse básicamente entre 2005 y 2011, justo después de abandonar la política.

Y es que Morenés fue tres veces secretario de Estado con el Gobierno de Aznar. Entre 1996 y 2000 se labró un nombre en la industria militar como secretario de Estado de Defensa; entre 2000 y 2002 fue ‘número dos’ de Interior con Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy; y hasta marzo de 2004 fue subordinado de Josep Piqué en Ciencia y Tecnología.

Su trampolín como hombre de negocios llegó a través del Círculo de Empresarios, del que era secretario general desde marzo de 2005. De ahí dio el salto a Instalaza, una empresa armamentística conocido por la fabricación de bombas de racimo, donde fue consejero entre agosto de 2005 y mayo de 2007, poco antes de que el Gobierno de Zapatero aprobara la prohibición de su venta. Pese a cesar como consejero mantuvo el cargo de representante hasta el pasado 4 de octubre.

Se da la circunstancia de que en este periodo, la compañía, que está en quiebra técnica, reclamó 40 millones al Ejecutivo por los daños y perjuicios generados por el veto al negocio de las bombas de racimo, ya que Instalaza producía en exclusividad en España.

Posteriormente, Morenés presidió una empresa naval y hasta su nombramiento como ministro ostentaba la dirección en otras tres empresas, de fabricación de armas, rifles, asesoría fiscal y tecnología de seguridad, y era consejero de otras cinco compañías, dos de ellas relacionadas con la industria militar.