La ley de Extranjería prevé, en teoría, herramientas suficientes para expulsar a una persona en situación ilegal, y además, si ésta ha sido detenida por la comisión de algún delito. Pero la cosa no es ni fácil ni rápida, y las diferentes administraciones implicadas en la gestión de los asuntos de extranjería a menudo se contradicen hasta llegar a rozar el absurdo. Este es el caso de la expulsión frustrada de un joven magrebí con residencia en Gerona, delincuente multirreincidente que, en teoría, debía hacerse efectiva a mediados de semana.

Cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ya lo tenían en Madrid para embarcarlo en un vuelo chárter de regreso a Marruecos, el juzgado contencioso número dos de Gerona les hizo saber que la orden de expulsión quedaba temporalmente en suspenso, ya que el letrado del joven la había impugnado argumentando que no se ajustaba a ley.

A los agentes no les quedó más remedio que dar media vuelta y volver con delincuente a Gerona. El viernes, una vez agotadas las 72 horas de detención, lo llevaron al juez de guardia y éste dictó su libertad.

Los agentes de la Brigada y del Grupo Operativo de Extranjería del CNP en Gerona no ocultan su frustración cuando pasan estas cosas, que prueban la ineficiencia de las normas garantistas españolas para hacer frente al problema de la inmigración en nuestro suelo.