Hillary Clinton.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cuestionó la existencia en Argentina de “instituciones débiles y un generalmente inefectivo y politizado sistema judicial” que “mina sistemáticamente los intentos de reducir la corrupción”, según lo publicado en el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que se dedica un apartado a la mayoría de los países del planeta.

La cartera manejada por Hillary Clinton destacó que la ley argentina “prevé sanciones penales por corrupción gubernamental”, si bien en el documento oficial referido al año 2011 recordó que “existen informes de la prensa sobre funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial envueltos en prácticas de corrupción con impunidad”. Estas imputaciones, se apuntó, “sugieren una falla a la hora de aplicar la ley efectivamente”.

“Las denuncias de corrupción en juzgados provinciales, así como en los juzgados federales ubicados en las provincias, fueron más frecuentes que en los juzgados federales emplazados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires”, remarcaron los Estados Unidos. En ese sentido, consideraron que este hecho “refleja una fuerte conexión entre los poderes Ejecutivo y Judicial a un nivel provincial”.

Según el informe difundido por el gobierno de Barack Obama, existen en la Argentina tres “problemas principales” en lo que concierne a los derechos humanos: “Las acciones que podrían afectar la libertad de prensa”; “el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que a veces puede acabar con muertos” y “la continua violación de los derechos de los pueblos indígenas”.

Respecto al primer punto, el Departamento de Estado destacó que “generalmente”, aunque “con excepciones”, la Argentina respeta la libertad de prensa establecida por la Constitución Nacional. Sin embargo, reproduce las denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la “conflictiva relación que el Gobierno tiene con la censura indirecta de ciertos medios”.

Además, en el apartado sobre “censura y restricción de contenidos”, el documento recuerda que en el 2011 “los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no publicaron la información completa acerca del monto y destino de la pauta oficial”.

Por otra parte, los Estados Unidos reprodujeron las denuncias contra las fuerzas de seguridad por corrupción, “pobres condiciones de prisión”, “maltratos a prisioneros”, “ocasionales arrestos arbitrarios” y “extensas detenciones previas a juicio”. La mayor parte de estas acusaciones fueron tomadas de los informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además, se hace mención a la denuncia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) por los 145 asesinatos cometidos por el “uso excesivo de fuerza policial” entre noviembre del 2009 y el mismo mes del siguiente año.

De todos modos, la cartera a cargo de Hillary Clinton destacó la gestión de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. “Avanzó en el combate contra la corrupción en las fuerzas de seguridad, especialmente dentro de la Policía Federal”, evaluaron.

Por último, el informe señaló como tercer problema de importancia la situación de los pueblos originarios en el país, especialmente la de aquellos que se encuentran en Neuquén y Formosa” sin una adecuada participación en procesos que afectan a sus tierras ancestrales”.