El consejero de Fomento, Miguel Marín.

El secretario general de Populares en Libertad (PPL), Alberto Weil ha denunciado que el consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, podría estar incurriendo en un grave conflicto de intereses al ser simultáneamente el titular de una empresa de promoción inmobiliaria y el responsable de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, recientemente aprobado en la Asamblea.

Según consta en el Registro Mercantil, Miguel Marín es titular único de la sociedad PRODESEG MELILLA, S.L., cuyo objeto social es, entre otros, “la promoción, construcción, venta de edificaciones, en su totalidad, por partes y pisos, bien para viviendas o para locales de negocio, construidas directamente para tal fin o por medio de contratistas, subcontratistas o destajistas”.

“Lo más sorprendente de este hecho”, asegura Weil, “es que, siendo el consejero de Fomento y teniendo atribuidas las competencias en materia urbanística, Miguel Marín ni siquiera se ha abstenido de intervenir en la votación del PGOU, cuando tenía evidentes intereses privados y empresariales que podían comprometer su objetividad y neutralidad”.

Así, tanto el derogado como el vigente Reglamento de la Asamblea obliga a los Diputados a abstenerse de emitir opinión y votar en aquellos asuntos que les concierna económica o empresarialmente o sobre los que se tengan un interés directo, y según el secretario general de Populares en Libertad, “Miguel Marín no lo ha hecho, incurriendo en una conducta que habrá de ponerse en conocimiento de la Comisión Permanente de Reglamento y Estatuto del Diputado y de las instancias correspondientes, a fin de que se pronuncien sobre la legalidad de la actuación del consejero de Fomento o la existencia de un conflicto de intereses o de una situación de incompatibilidad”.

Por último, sin perjuicio de también pudiera haber una actuación incompatible no sólo como diputado sino como miembro del Gobierno de Imbroda, Weil concluyó afirmando que el consejero de Fomento se encuentra imputado ya en una proceso penal por prevaricación por la presunta contratación irregular de un arquitecto.

En mes pasado dimitió el viceconsejero de Medio Ambiente Guillermo Merino, por haber sido llamado a declarar en calidad de imputado por un presunto delito de falsedad documental y Marín encontrándose en las mismas circunstancias, todavía no ha dimitido, como así lo dice el nuevo reglamento de conducta del PP. Es por ello que Weil se ha preguntado si el PP de Melilla cumple con las directrices dictadas por Mariano Rajoy.