EP.- El título del debate, Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional, no permitía prever el cariz que acabaría tomando el acto, pero el general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro se metió al público en el bolsillo cuando proclamó: “La patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”.

Un centenar de personas abarrotaba el pasado 6 de febrero el salón de la Gran Peña, un club frecuentado por militares retirados en la Gran Vía madrileña. Entre los ponentes figuraban, además del general, el presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, Ángel Calderón, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, y el magistrado y director de la Revista Jurídica Militar, José Antonio Fernández Rodera, como moderador.

El acto se desarrolló dentro de los cánones académicos hasta que tomó la palabra Chicharro, comandante general de la Infantería de Marina (un cuerpo con más de 4.000 militares) hasta diciembre de 2010. Desde el principio dejó claro que la suya no era una intervención improvisada.

Chicharro sigue sujeto al código disciplinario y tiene destino en Defensa

Según varios asistentes, se excusó alegando que en circunstancias normales habría declinado la invitación, pero que la actual “ofensiva separatista-secesionista” le obligaba a hablar. Como único militar entre los oradores, aseguró que en los ejércitos “hay un sentimiento generalizado de preocupación, temor, incertidumbre y confusión”, lamentó su ostracismo y criticó la destitución del general José Mena, en enero de 2006, por criticar el Estatuto catalán.

Aunque reprochó a los nacionalistas que busquen una interpretación tergiversada de la Carta Magna, se aventuró a ofrecer la suya. “El artículo 8.1 no implica la autonomía de las Fuerzas Armadas”, dijo, en alusión al mandato que encomienda a los ejércitos la misión de “defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. En línea con la jurisprudencia, recordó que la defensa de la Carta Magna corresponde al Tribunal Constitucional y al Gobierno, al que el artículo 97 de la Constitución atribuye la dirección “de la Administración civil y militar”.

Hasta ahí, la parte ortodoxa de su discurso. Recurriendo siempre al condicional y sugiriendo las respuestas en forma de preguntas, desarrolló luego una teoría justificativa del golpe de Estado. El problema se produciría, dijo, “si los responsables de la defensa de la Constitución no se comportaran como su función requiere”. Y ello le llevó a preguntarse “cuál es el rango normativo del título preliminar de la Constitución”.

No lo dijo, pero lo dio a entender: el artículo 8.1 forma parte del núcleo duro de la Carta Magna, lo que no sucede con el artículo 97, el que determina la subordinación de las Fuerzas Armadas al Gobierno, por lo que su fuerza imperativa sería menor.

El general se adentró por la peligrosa senda de las hipótesis al invitar a imaginarse qué sucedería si el PP perdiera la mayoría absoluta en las próximas elecciones y los nacionalistas le exigieran, a cambio de su apoyo, la reforma del artículo 2 de la Constitución, que consagra la unidad indisoluble de la Nación española. “¿Qué hacen entonces las Fuerzas Armadas?”, se preguntó. No dio ninguna respuesta. O tal vez sí, porque agregó enigmáticamente: “Una cosa es la normativa y otra la praxis”.

“Si los mecanismos de defensa del orden constitucional no funcionan, por acción u omisión, entonces…”, concluyó. La única autoridad que pareció resistir su revisión constitucional fue la del Rey; convertido, como en el 23-F, en mando efectivo de las Fuerzas Armadas.

Si Chicharro quería ser ambiguo, el público no lo interpretó así. Su intervención fue recibida con una gran ovación, salpicada por gritos de “¡Bravo! ¡Bravo!”.

Ya en el coloquio, la mayoría de preguntas fueron incluso más lejos que el general. Quien cortó en seco la deriva fue el catedrático González-Trevijano. “La alternativa a la Constitución es un suicidio colectivo”, advirtió.

El general Chicharro está en la reserva, pero no retirado. Sigue sujeto al código disciplinario castrense, que castiga al militar que “exprese públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales”. Además, está destinado en la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, un selecto órgano asesor del ministro de Defensa en materia de recompensas que evalúa la “conducta intachable” de los militares.