Enrique de Diego.- En el marco de un debate sobre Fuerzas Armadas y orden constitucional, el general de división Juan Antonio Chicharro –comandante general del prestigioso Cuerpo de Infantería de Marina hasta 2010- planteó la hipótesis de un fallo multiorgánico del sistema frente a la ofensiva separatista-secesionista rampante. El debate tuvo lugar el día 6 y sólo tiempo después el diario El País se ha hecho eco a través de versiones de los asistentes, por lo que existe confusión sobre lo realmente dicho.

El general Juan Antonio Chicharro ha puntualizado en una carta que “en ningún momento salió de mi boca la justificación de una intervención militar autónoma ante la secesión. Todo lo contrario. Allí dejé bien claro la subordinación de las Fuerzas Armadas al Gobierno”. Y añade: “Lo que dije es que el concepto de Patria es anterior a la Constitución, como es obvio, y lo que abogué es por el cumplimiento de la Constitución”.

Lo que se ha producido es el clásico intento de linchamiento moral bajo un ataque histérico de fariseísmo democrático, al que de inmediato ha sido sensible el Ministerio de Defensa que ha abierto las correspondientes “diligencias informativas”, previas, en su caso, a la apertura de un expediente.

Si nos atenemos a lo publicado, el general Chicharro planteó la hipótesis de si, “ante la ofensiva secesionista-separatista, los responsables de la Constitución no se comportan…” Parece, que caldeado el auditorio, fue el público asistente más allá de lo expresado explícitamente. Todo indica que estamos ante un intento de cercenar cualquier opinión militar ante un hecho tan grave como la decisión del Parlamento de Cataluña de someter a referéndum o plebiscito la ruptura de la unidad nacional en ese territorio, tras un acuerdo de gobierno entre CiU y Esquerra Republicana de Cataluña en el que se concreta para 2014 la celebración de esa consulta, que se presenta machaconamente bajo el argumentario del “derecho a decidir”, remedo del llamado “derecho de autodeterminación” que se practicó, con consecuencias letales, en los procesos de descolonización. Hasta el momento, el Gobierno de la nación ha dado una respuesta tibia que, en todo caso, va a pasar por la remisión al Tribunal Constitucional del acuerdo sedicioso.

En puridad, quienes ha dado un golpe de Estado en toda regla y ha hecho una asonada y un pronunciamiento han sido Artur Mas, Oriol Junqueras y el Parlamento de Cataluña. Nadie que defienda la unidad de España se sitúa fuera de la Constitución, ni delinque. Todo el que propugna la ruptura de la unidad nacional y el fraccionamiento de su integridad territorial sí se sitúa fuera. Los golpistas son Mas, Junqueras y los parlamentarios catalanes sediciosos. A la posición sediciosa se han sumado los socialistas catalanes con Pere Navarro.

El general Chicharro es un claro defensor del ordenamiento constitucional en lo que tiene de nuclear: la unidad nacional. La Constitución establece con claridad que ante los casos de deslealtad institucional es de aplicación el artículo 155 que conllevaría la suspensión de la autonomía catalana. El Gobierno no ha puesto en marcha esa respuesta de un artículo que no ha sido desarrollado. La Generalitat catalana no puede convocar referéndum, que corresponde al Gobierno y la jefe del Estado, pero se va a dotar unilateralmente de esa capacidad en un nuevo gesto de ruptura de la legalidad y de anulación de la Constitución. Hay incluso ayuntamientos catalanes que ya se han declarado independientes. Lo que algunos denominan con púdico eufemismo “proceso soberanista” incluye el permanente soslayamiento del imperio de la Ley, sin que ello conlleve consecuencia alguna. No se permite estudiar en español. No se respetan las sentencias. Se proclama con claridad que nunca se respetarán. Los separatistas están acostumbrados a la cesión y a que el delito no tenga consecuencias.

Si se produce el fallo multiorgánico del sistema, si la consulta sediciosa se consuma, si el Tribunal Constitucional contemporiza, si el Gobierno cede –Chicharro utilizó, al parecer, la hipótesis de un Gobierno dependiente de los secesionistas- el último reducto de legalidad es el artículo 8 de la Constitución que sitúa como misión velar por la unidad de España y la integridad territorial. En ese supuesto es de una claridad meridiana que las Fuerzas Armadas deben intervenir. No hay vuelta de hoja. No se trata de una hipótesis descabellada, puesto que la cesión ha sido permanente durante cuatro décadas y no se ha aplicado el artículo 155 ante la decisión del Parlamento de Cataluña que técnicamente es una declaración de independencia en diferido para ser plebiscitada en 2014. No es Chicharro el peligro, sino Artur Mas.

Ha habido tanta proscripción del patriotismo que la palabra Patria levanta sarpullidos en la cruel y mojigata casta parasitaria, porque la idea de que la Patria es anterior a la democracia o incluso que vale más que la democracia es una evidencia, pues hay Constitución porque hay nación preexistente, porque hay Patria, que es racionalidad y sentimiento. España no ha sido creada por la Constitución. La Constitución es posible porque existe España.

El debate sería si ya se ha producido el fallo multiorgánico del sistema, pero en tal materia no ha entrado el general Chicharro. Digamos que el fallo multiorgánico es completo, en el orden político, económico y moral. No es cuestión de extenderse, pero la democracia española carece de división de poderes, con lo que su déficit de legitimidad es muy elevado, y no faltan voces que lo tildan de completo. En cuanto al Estado de Derecho, que define el fundamento de una nación, el hecho es que nos vamos aproximando a los cuatrocientos políticos imputados sin que nadie vaya a la cárcel porque no hay juicios, con sumarios que se eternizan durante años. E insisto: la Generalitat catalana hace gala de no respetar sentencias ni estar dispuesta a respetarlas en ningún caso.

En el acto de La Gran Peña estaba presente Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Quiero mostrar mi repulsa ética y estética a este servilismo cortesano que lleva a poner el nombre de un vivo a una Universidad. El rector es uno de los miembros de esa casta parasitaria que está hundiendo a los españoles, es uno de sus hagiógrafos más lacayos. Ante la zarabanda del auditorio, González-Trevijano espetó uno de esos mantras vacuos con ínfulas de anatema laico: “La alternativa a la Constitución es un suicidio colectivo”. El personaje desconoce la realidad cotidiana de esta España doliente. Lo que estamos viviendo es un enervante y lacerante suicidio colectivo; en el más estricto sentido literal y físico, con españoles ahorcándose y quemándose a lo bonzo; con la depauperización de las clases medias; el expolio de toda una sociedad a manos de una casta parasitaria instalada en el privilegio y la corrupción irrestricta, en la crueldad y la codicia, en un medio ambiente de impunidad. En la medida en que esa casta parasitaria ha sido generada por la Constitución de 1978 y su desarrollo en la Ley electoral, con listas cerradas y bloqueadas, y en la Ley de Financiación de partidos, convirtiéndoles en estatales y no representativos, puede decirse sin género de dudas que la Constitución actual es el suicidio colectivo.

La cuestión más importante es por qué, con efecto retardado, se pretende montar un escándalo respecto a la intervención ambigua, y bien razonada en cuanto a la hipótesis, de un general de División y la respuesta es clara: se intenta amordazar y amedrentar al Ejército, porque para sorpresa de propios y extraños es la única institución en España que no está corrompida. Sin duda, se ha primado el servilismo en los ascensos frente al mérito; se le ha cercenado con recortes brutales; se ha intentado alejar a las Fuerzas Armadas de la población con una diabolización constante; se culpó al Ejército del autogolpe monárquico del 23-F; pero la realidad es que el Ejército ha resistido y ha quedado como reducto de honor y decencia. Eso está produciendo un miedo cerval en la casta. Esa casta que ha eliminado todo contrapoder; que ha acumulado en sus manos el poder de proceder a un genocidio económico, mediante el saqueo ilimitado, y que funciona mediante la corrupción impune, se encuentra con que el Ejército, los militares, los soldados de España, han resistido, contra viento y marea, y no se han doblegado.

Por supuesto, el Ejército no es un poder autónomo y ha de estar supeditado al poder civil, pero esa subordinación se rompe, pierde su sentido, se torna inmoral y totalitaria, cuando el poder civil incurre en traición, cuando ni cumple ni hace cumplir la Ley, cuando se rompen la unidad de España y su integridad territorial, que los militares han jurado defender, que el poder civil les obliga a jurar, que el poder civil ha puesto bajo su tutela como su misión hasta derramar la última gota de su sangre.

Abraham Lincoln no fue un golpista por defender la unidad de la nación.