Fernando Soler.- La presidenta del Partido Popular de Elche y alcaldesa, Mercedes Alonso, y su esposo, José Antonio Peral, miembro del Comité de Derechos y Garantías del PP regional de Valencia, han presentado demanda por derecho al honor ante los Juzgados de la ciudad de las palmeras contra el periodista y escritor, Enrique de Diego por el artículo “La ultracorrupción de Mercedes Alonso, alcaldesa pepera de Elche”, publicado en Alerta Digital.

La demanda, que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia número 5, considera lesionado el derecho al honor del matrimonio al haber denunciado Enrique de Diego “un escandaloso incremento patrimonial”, así como “la utilización de dinero negro en grandes cantidades en las campañas electorales tal y como se refleja en los informes policiales sobre la trama Gürtel” y que “su primera medida fue colocar a su hermana como asesora”. También que se situara a Peral “como el hombre del maletín” y que se les situara como “una pareja de chorizos –para que andarnos con rodeos- que han hecho de la política su profesión y de la corrupción un estilo y un negocio oscuro”.

Los demandantes consideran que Enrique de Diego ha querido transmitir a la opinión pública que “el patrimonio de ambos es fruto de la corrupción, conseguido mediante corrupciones, comisiones y mordidas” y que “se ha cometido una serie de hechos delictivos”.

“Por lo que respecta al patrimonio, el demandado pretende concluir y trasladar a la opinión pública sin ningún rubor que el patrimonio que relaciona en propiedad de ambos actores es fruto de la corrupción. El demandado olvida y silencia deliberadamente –ya que lo conoce- que ambos actores son abogados de profesión, que iniciaron su actividad profesional en 1987 e ininterrumpidamente la han ejercido como actividad principal, siendo la política una actividad marginal en la señora Alonso García hasta que en el año 2007 pasó a no ejerciente y cesó en su actividad profesional como abogado”:

“El demandado también silencia, porque entendemos que lo habrá investigado mediante el acceso al Registro de la Propiedad, que dicho patrimonio inmobiliario se ha adquirido en un dilatado tiempo (desde 1992 y hasta 2002) y parte del mismo no es propiedad de la Sra Alonso García ni parcial ni totalmente”.

Además consideran “sobre la actora se hacen recaer acusaciones graves de corrupción, habiendo utilizado grandes cantidades de dinero negro en las campañas electorales, lo cual dice que consta en los informes policiales de la trama Gürtel, cuando sabe –o debería saber- que dichas afirmaciones son muy graves e inciertas, por cuanto que no existe ninguna acusación de corrupción frente a la actora ni los informes policiales sobre la trama Gürtel hacen referencia a los hechos puestos de relieve por el demandado”.

Los demandantes, Mercedes Alonso y José Antonio Peral, si bien establecen la cuantía del procedimiento como de cuantía indeterminada, para ahorrarse tasas, se solicita al Juzgado que condene a Enrique de Diego a pagar la cantidad de 30.000 euros a Mercedes Alonso García y 15.000 euros a José Antonio Peral Gómez.

Según ha contrastado Alerta Digital en diversas fuentes del mundo de la abogacía y la judicatura de Elche, el despacho de abogados de Mercedes Alonso y José Antonio Peral Gómez ha tenido escasa actividad y actualmente se le sitúa incluso como cerrado, salvo en litigios de contenido político, puesto que el matrimonio es conocido por su carácter litigante. Peral ha llevado también algunos casos de cargos del PP implicados en corrupción como el del alcalde de la localidad murciana de Fortuna, que fue inhabilitado.

También Peral fue cesado como consejero de Aigües d`Elx, que lo era a propuesta del PP, por conflicto de intereses al ser el abogado de una empresa que litigaba contra la compañía pública municipal.

Si bien José Antonio Peral se presenta como simplemente abogado, no sólo es militante del Partido Popular sino que es uno de los diez miembros del Comité de Derechos y Garantías del PP de la región de Valencia, organismo de reciente creación para, supuestamente, tomar medidas sobre los numerosos imputados que el PP tiene en dicha autonomía. Ese organismo no ha tomado ninguna medida que se conozca.

Por lo demás, Alerta Digital ha podido confirmar la existencia evidente del informe de la UDEF basado en la contabilidad incautada a la empresa Orange Market de Álvaro Pérez, alias El Bigotes. En dicha contabilidad aparece expresamente Mercedes Alonso como la persona de contacto para los pagos de los actos celebrados en Elche, que fueron siete entre febrero de 2006 y abril de 2008, con un coste total de 291.035,11 euros, de los que no consta factura, o como dice la UDEF: no es dinero que “forme parte del circuito financiero legal”.

En su día, Mercedes Alonso llegó a afirmar rotundamente que ni conocía a Álvaro Pérez, hasta que se hicieron públicas fotos en las que aparecen juntos.