El informe pericial que está aportado en el procedimiento judicial planteado en el TSJA por el despido colectivo de 159 trabajadores de UGT-Andalucía no sólo ahonda en la sangría de gastos «superfluos o de difícil justificación» que a juicio de una perito economista han generado un problema de tesorería en la organización. Como muestra de ello, pone como ejemplo los costes que soporta la central sindical por reuniones, desplazamientos, comidas en restaurantes y complementos que genera la comisión ejecutiva regional.

Algunos detalles fueron desgranados por La Voz Digital de Cádiz al publicar en exclusiva el contenido de este informe que está admitido como prueba en el Alto Tribunal Andaluz, y que recoge los más de 400.000 euros que cargaron a sus tarjetas de crédito los miembros de la Ejecutiva entre enero y noviembre del año 2010; o el dato que ha desatado más crítica en las redes sociales: los 852 euros que pagó el líder ugetista andaluz, Manuel Pastrana, con su Visa Corporate Oro del sindicato en un restaurante de lujo de la ciudad sudafricana de Durban el mismo día que se anunciaba el ERE que truncaba el futuro laboral más inmediato de 159 trabajadores de la central en Andalucía.

Pero este contrainforme guarda más conclusiones, basadas en la información que maneja el sindicato de manera interna, en la documentación justificativa aportada a los trabajadores al anunciar el ERE y en el contenido de una auditoría que encargó la propia comisión ejecutiva regional a una empresa y que certificó un superávit de casi un millón de euros en UGT-Andalucía meses antes de anunciar que se desprendía de 159 trabajadores; la mayoría administrativos.

La central sindical tiene dos vías de ingresos: las cuotas de los afiliados y las subvenciones públicas. Y sus trabajadores se dividen entre los que pertenecen a la estructura de la organización y los que dependen de programas finalistas que se nutren de las ayudas que convocan las administraciones públicas. Así, de los 159 empleados despedidos, 130 eran fijos-discontinuos (algunos con una antigüedad de 20 años en la ’empresa’) a los que se les comunicó que se les ponía en la calle con 20 días de indemnización porque el programa Orienta, del que dependían, había sido eliminado por la Junta. Si bien, no existe ninguna publicación oficial de la Administración andaluza que indique esa supresión.

Rastreando en las convocatorias de ayudas, concesiones y los ingresos de las subvenciones que recibió la central sindical andaluza a lo largo de 2012, la perito economista detecta, según recoge en su informe, cómo se ha destinado dinero de subvenciones que sólo tienen como fin costear el desarrollo de un determinado programa para pagar otros gastos corrientes de la estructura del sindicato como alquileres, mobiliario, asesoría externa jurídica o las nóminas de trabajadores que no están vinculados a estos programas y que debían cobrar por los ingresos propios de la organización. «Ello supone claramente, salvo autorización expresa de los órganos cofinanciadores, una desviación presupuestaria (…) que no está permitido por las entidades que los financian, en la mayor parte de los casos cofinanciados por los fondos europeos y las consejerías de la Junta».

Devolución de partidas

La propia organización reconoció en las cartas de despido que entregó a los 130 trabajadores fijos-discontinuos que estaban destinando recursos propios para el desarrollo de unos programas que vienen dotados presupuestariamente para unos objetivos específicos y no para sostener el funcionamiento interno del sindicato. La perito concluye de esta manera su argumentación: «Consideramos que se está incurriendo en una acción que podría ser hasta ilegal, y que conllevaría la devolución de los importes subvencionados».

Una y otra vez, el informe subraya la inconsistencia de las cifras que aporta el sindicato para justificar el recorte de personal; cómo la organización maneja distintos presupuestos en los que aparecen y desaparecen capítulos sin explicación alguna. Así ocurre con la entrada de dinero a través de los programas de fomento de empleo de carácter finalista. En la documentación entregada a los trabajadores aparece la subcuenta sobre este concepto «a cero» cuando a fecha de noviembre del año pasado la central andaluza había percibido más de 23 millones.

141 millones concedidos

Este dinero, como refleja el documento de la primera página, corresponde a la convocatoria de 2011, ya que estos programas se abonan tras su ejecución. Pero como consta en la documentación entregada al Alto Tribunal, entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, al sindicato le aprobaron programas por importe de 141 millones de euros la Administración andaluza. Y lo que cuestiona aún más la justificación de los despidos de trabajadores porque se ha cerrado el grifo de las ayudas, según alega la organización: Para este año, UGT-Andalucía ha concurrido a convocatorias de programas como el Orienta o Fomento que supuestamente se habían eliminado.