La Guardia Civil de desmantelado una organización criminal que usaba la sensibilización de la la sociedad con los casos de supuesto maltrato hacia las mujeres para lucrarse mediante engaños con el fin de beneficiarse de las ayudas sociales.

La banda ponía en contacto a mujeres inmigrantes con personas que tienen residencia legal en España, concretamente en la provincia de Almería, con el fin de regularizar su situación legal en España como paso previo a la posterior estafa. Los delincuentes pactaban utilizar denuncias falsas de presuntos maltratos para poder cobrar las ayudas públicas que pudieran corresponderles a las falsas víctimas.

En el marco de la Operación Pomelo, con el que se conoce a la investigación de la Benemérita, han sido detenidos los tres organizadores de la trama, además de seis hombres y otras nueve mujeres implicadas en la trama. En los registros de los domicilios se ha intervenido abundante documentación que está siendo analizada por los responsables de la investigación.

Los agentes han demostrado al menos su participación en catorce denuncias falsas, todas ellas protagonizadas por mujeres de nacionalidad marroquí, que se casaron con varones de la misma nacionalidad con residencia legal en España y captados todos ellos por los tres dirigentes de la trama que también son de nacionalidad marroquí.

La investigación se inicio al detectar en el Puesto Principal de la Guardia Civil de el Ejido un alarmante aumento de las denuncias por violencia de género presentadas en en Puesto de El Ejido por mujeres de nacionalidad marroquí en las que se observó una serie de características y patrones que resultaban comunes a todas ellas.

Fruto de estas investigaciones se localizó a un grupo criminal organizado, que estaba compuesto por tres personas de nacionalidad marroquí que se encargaban de localizar a mujeres de la misma nacionalidad que estuvieran en situación irregular a las que ofrecían la posibilidad de contraer matrimonio con varones de la misma nacionalidad y presentar denuncias falsas por maltrato de género para agilizar la regularización de su situación, a la vez que ofrecían a los varones la posibilidad de recibir una importante cantidad económica por contraer matrimonio con estas y ser acusados de un delito de maltrato que sería retirado una vez legalizada la situación de las mujeres.

La banda accedía de esta forma a la posibilidad de cobrar las ayudas sociales que España dispone para los casos de maltrato de género.

Una vez que las mujeres presentaban la correspondiente denuncia, reclamaban ante la Oficina de Extranjeros de Almería, la solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, atendiendo a su consideración de víctimas de la violencia de género. En todos los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran concedidas en el plazo de un mes.

Una vez que las mujeres conseguían su regularización, las mujeres entregaban al autor del supuesto maltrato la cantidad acordada y a los dirigentes de la organización la cantidad pactada por encargarse de los trámites.