Militantes comunistas andaluces capitaneados por Sánchez Gordillo, tras asaltar un supermercado

LT.- La doble moral de IU en pleno apogeo. La hediondez política de los líderes comunistas en su plenitud. El odio a España de la izquierda guerracivilista española en su cumbre. La rendición de todos ante la canalla separatista, el objetivo. IU se alinea con la corrompida CiU y pretende que se ilegalicen a las formaciones de “extrema derecha” por emplear la violencia.

Los del cochambroso Llamazares se refieren al ’empujoncito’ dado al diputado Sánchez Llibre por uno de los jóvenes que protestaron el pasado miércoles en la sede cultural de la Generalidad en Madrid contra la deriva separatista en Cataluña. Un acto de violencia que, en el dietario de los comunistas españoles, empequeñece los crimenes de ETA y de Terra Lliure juntos. Incluso los de Pol Pot y Stalin. La desvergüenza y ruindad de esta izquierda radical es igual de sublime que la bajeza moral de sus dirigentes. El odio a España de estos canallas roza el paroxismo. Se atreven a hablar de violencia los representantes de un partido que han dado refugio, apoyo y amparo político al diputado autonómico andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien como se sabe alcanzó fama y notoriedad nacional por saquear numerosos supermercados españoles, con bastante más violencia que la que no vimos por ejemplo en la sede madrileña de la Generalidad. Obvia decir que el comunista andrajoso no fue detenido ni fichado por la Policía.

Y mientras la izquierda de cuchipanda hace el juego a los separatistas, los dirigentes de CiU siguen mofándose de España en Madrid y llevándose el dinero de todos a países como Suiza. Los dirigentes comunistas españoles del siglo XXI viven confortablemente instalados en el Sistema. Tienen buena prensa, gozan del beneplácito de las ligas de la virtud y de las instituciones. A diferencia de sus abuelos, que se jugaron la vida por lo que creían, ellos no se arriesgan a nada grave.

Nos quieren hacer creer que luchan contra el fascismo inmundo y siempre renaciente, pero en realidad lo que hacen es jugar el papel de idiotas útiles del neocapitalismo, ya que se les incita a atacar, no a los “fascistas”, sino a todos los que resisten a la transformación y troceamiento de nuestra sociedad dirigida por la oligarquía financiera y que son descalificados por el Sistema bajo el término de “extrema derecha”.

Son tan absurdos, o tan malos, que justifican el energumenismo de Sánchez Gordillo como un derecho a la libre expresión mientras al mismo tiempo piden que se ponga fuera de la circulación a las “terribles” bandas fascistas que osaron empujar al representante de un partido burgués y separatista que odia a España por encima de todas las cosas. (Intervención del ‘saqueador’ Sánchez Gordillo en ‘La Ratonera’ de Alerta Digital).

Ilegalizar Alianza Nacional

Izquierda Unida ha pedido por escrito al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que inicie el procedimiento para ilegalizar Alianza Nacional, formación a la que pertenecen algunos de los detenidos por el “asalto” a la sede de la Generalitat en Madrid, en la celebración de la Diada.

En la carta en la que se solicita la ilegalización de este grupo “fascista”, firmada por el diputado de IU Gaspar Llamazares, se recuerda que el Código Penal establece que son asociaciones ilícitas aquellas que promueven la discriminación, el odio o la violencia por motivos ideológicos, religiosos o de creencias.

De la misma manera, señala también que Alianza Nacional es un partido creado en 2005 que, según sus propias afirmaciones -señala Llamazares-, se declara “heredera ideológica de los fascismos europeos”.

Alianza Nacional es uno de los colectivos de ultraderecha, además de Falange Española, Democracia Nacional y Nudo Patriótico Español, al que pertenecían algunos de los doce detenidos que atacaron antes de ayer el centro cultural Blanquerna, sede del Gobierno catalán en Madrid.

De forma paralela, IU ha registrado una proposición no de ley para que se declaren ilegales los partidos políticos de extrema derecha “y su consecuente disolución”.

En este contexto, quiere que se adopten las acciones legales para su persecución penal en los casos en los que estos grupos incurran en responsabilidades legales y que se investiguen a fondo todas las conexiones nacionales e internacionales, funcionamiento y organización, redes de financiación y objetivos de estas organizaciones.