Joan Tardà ha pedido al ministro del Interior durante la comparecencia de éste en el Congreso que “pare la catalanofobia, está en su mano”. Según cuenta El País, con cierta emoción y en tono trascendente, el diputado de ERC le ha pedido a Jorge Fernández Díaz, catalán como él, que afronte este problema que va a más. “El 99% de los que somos independentistas y el 99% de los que no lo son, rechazan la violencia, porque el 99% de los catalanes somos demócratas”, ha sentenciado Tardá. El diputado del PNV, Emilio Olabarría, ha leído llamamientos de la ultraderecha para “quemar trapos separatistas” el próximo día 28 de septiembre. Las mismas alarmas las ha lanzado Jordi Jané de CiU, Joan Rangel diputado socialista (PSC) que estaba en el acto de Blanquerna y Joan Coscubiela de ICV. Faltó vigilancia previa de los grupos ultraderechistas que ya se venían manifestando en las redes sociales, ha recordado Toni Cantó de UPyD.

No es un hecho aislado, es un síntoma de algo muy grave. Esta ha sido la respuesta de los grupos de oposición a las explicaciones del ministro. No obstante, todos los portavoces trascienden en sus intervenciones de lo ocurrido el pasado 11 de septiembre. Todos ven un aumento muy preocupante de la ultraderecha en España, como en el resto de países europeos. “Un fantasma recorre Europa”, ha dicho Tardá: “el fascismo”. La alarma la han expresado igualmente Antonio Trevín del PSOE. Antonio Salvador de Unión del Pueblo Navarro, en una intervención distinta a la del resto, ha señalado que grupos que no condenan la violencia están legalizados. A este respecto, Emilio Olabarría, del PNV, en la línea de pedir una investigación para sacar de la ley a partidos o grupos ultraderechistas, ha recordado que en el País Vasco sí se han ilegalizado fuerzas políticas.

“Si yo me congratulo de que el Congreso leyera una declaración institucional de condena por los actos violentos, execrables del 11 de septiembre en la sede de la delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, en otros ámbitos territoriales se han producido con reiteración hechos similares que afectan a grupos políticos y no ha habido condena política ni respuesta policial”. Este reproche del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha quedado en la comisión de Interior del Congreso cuyos miembros interpretan que se refieren a Cataluña cuando los agredidos son grupos o personas no son nacionalistas. “Ni por acción ni por omisión los aquí reunidos debemos facilitar que los radicales de uno u otro signo ideológico o los que están en cualquier sitio de España con sus actuaciones incuben el huevo de la serpiente”. Ahí ha quedado la advertencia.

El relato del ministro sobre el asalto de un grupo de ultraderechistas el pasado 11 de septiembre en el centro cultural Blanquerna de Madrid conduce desde su perspectiva a una actuación impecable, “rápida y eficaz” de las fuerzas de seguridad porque media hora después de los hechos los asaltantes estaban identificados y al día siguiente todos detenidos. Actualmente once de los dos agresores están imputados por el juez que ha seguido el caso.

“Sabemos el clima político que se vive pero nada hacía presagiar que pudiera ocurrir nada; ni los mismos organizadores tenían temor porque no solicitaron protección ni comunicaron a la delegación del Gobierno que se iba a producir ese hecho”. Todo esto conduce a pensar que no había temor de que algo ocurriera porque “ no había precedentes” ya que desde hace muchos años se conmemora en Madrid el 11 de septiembre. ¿Por qué ha advertido el ministro de que “en otros ámbitos territoriales” no se actúa con la misma contundencia ni hay declaraciones institucionales de rechazo, como hizo el Congreso de los Diputados?. Los portavoces interpretan que el ministro se refiere a “los actos minoritarios” que hubo en Cataluña el 11 de septiembre con la quema de alguna bandera española y un retrato del rey.

No ha caído en saco roto ese reproche para el portavoz de CiU Jordi Jané quien ha asegurado que esos actos no pueden empañar la magnitud de las manifestaciones en toda Cataluña cívicas y pacíficas. Además, según Jané, esos actos de quema de banderas españolas y de la imagen del Rey fueron recogidas en un informe por la policía autonómica y la ha puesto a disposición judicial.

Los portavoces de la oposición no se han dado por satisfechos y mantienen que el acto de la Generalitat en Madrid debió tener protección policial de oficio, sin pedirla, porque era un acto institucional, no privado. Todos los portavoces han trascendido este hecho concreto y han expuesto una alarma rotunda por el avance de la extrema derecha. Más vigilancia e incluso ilegalización.