El único condenado por el triple crimen, durante su juicio en la Audiencia de Valencia.

El único condenado por el crimen de las niñas de Alcàsser, Miguel Ricart, podría obtener la libertad en aproximadamente un mes, según los tiempos que manejan fuentes cercanas a la causa. La Audiencia de Valencia ha comenzado de oficio a recopilar información para disponer de todos los elementos necesarios para resolver el más que previsible recurso del abogado del preso tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que deroga la conocida ‘doctrina Parot’.

Esta interpretación de la ley, avalada en su día por el Tribunal Supremo y el Constitucional, cambió el sistema para contabilizar los beneficios penitenciarios en los delitos juzgados con el Código Penal de 1973. Esto le permitía reducir un día de condena por cada dos de trabajos realizados. Además, Ricart gozó en su día de otro tipo de rebaja, en este caso, la extraordinaria, cuyo descuento equivalía a casi a un día menos de cárcel por día de trabajo.

El Rubio, uno de los criminales más crueles que ha conocido España, confiaba en salir de prisión en mayo de 2011 al beneficiarse de las rebajas de pena. En este caso, hubiera estado sólo 18 años de prisión. Sin embargo, la Audiencia de Valencia, aplicando la ‘doctrina Parot’, dictaminó en 2011 que la condena terminaría de cumplirse en enero de 2023. La variación consistía en aplicar el descuento no al total de la pena sino a cada uno de los delitos.

Recurso al Constitucional

El Supremo ratificó la decisión del tribunal valenciano. No obstante, el abogado del condenado recurrió al Constitucional. La Audiencia de Valencia, tal y como explica en la providencia notificada ayer a las partes del procedimiento, desconoce el resultado de aquel recurso. Es decir, no existe resolución porque en ese supuesto se habría comunicado.

Una de las cuestiones que ordena la sección Segunda es otorgar un plazo de cinco días al letrado de Ricart para que informe si en aquel recurso solicitó suspender la ejecución de la pena de acuerdo al nuevo cómputo.

Fuentes judiciales explicaron que el tribunal tiene que conocer si está en marcha otro procedimiento relativo a la puesta en libertad del condenado o si finalmente desistió en su propósito.

La Sala también solicitó a Prisiones que le traslade una hoja de cálculo con el saldo de las redenciones de pena ordinarias y extraordinarias que se le efectuaron a Miguel Ricart. Además, reclama un listado de las actividades realizadas y en qué días.

Una vez disponga de estos datos -la información sobre el recurso al Constitucional y el informe de Prisiones- la Sala dará audiencia a las partes. Todavía no se ha determinado si se convocará una vista o si se les pedirá que presenten sus alegaciones por escrito. Esta última opción retrasaría algo más la decisión al abrirse un nuevo plazo.

Las fuentes judiciales consultadas calculan que la decisión será rápida al tratarse de una cuestión tan sensible como la privación de libertad de una persona y consideran que todo el proceso estaría resuelto en un mes. Otras incluso reducen el plazo.

Algunas fuentes judiciales criticaron ayer el hecho de que la Audiencia haya iniciado de oficio los trámites antes incluso de que el abogado de Ricart presentara su escrito. Fuentes del TSJ explicaron que al estar Ricart en una cárcel fuera de la Comunitat, la información del centro penitenciario se iba a retrasar y querían disponer del informe para el momento en que llegue la petición del letrado.

Miguel Ricart fue condenado a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Míriam, Toñi y Desirée. Su compañero en la matanza, Antonio Anglés, sigue en paradero desconocido a día de hoy.

Ricart, en la actualidad, se encuentra en segundo grado en la prisión de Herrera de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real. El Rubio ha pasado desde 1993 por un buen número de penitenciarías españolas, entre ellas la la de Galicia, Zaragoza y también Picassent. Ricart fue un hombre problemático fuera y dentro de prisión. En las cárceles se mostró alejado del resto de presos, sin hacer vida común. Apenas ha mantenido relación con el resto de presos y tampoco ha gozado de permisos durante su estancia.

Las fuentes que ejercen la acusación en este procedimiento mostraron su pesimismo acerca de la posibilidad de mantener a Ricart en prisión. La sentencia de Estrasburgo apenas da margen para intentar prorrogar su estancia en la cárcel. No obstante, preparan diferentes estrategias para tratar de frenar lo que parece irreversible.

La Asociación Clara Campoamor, que ejerció de acción popular en el juicio contra Ricart por el triple crimen, advirtió de que iba a utilizar «cualquier resquicio» para evitar su salida de prisión, y afirmó que estarían «vigilantes» en el caso de que el condenado quedara libre. Así, se plantean solicitar al fiscal las medidas de vigilancia que se estimaran convenientes para evitar que volviera a cometer cualquier nuevo delito.

Juan Segura, el abogado de Rosa Folch, madre de Desirée, también aseguró que iban a hacer todo lo posible para evitar la excarcelación, aunque prefirió no adelantar las alegaciones que planea presentar al tribunal de Valencia. En su día, nada más conocer el fallo europeo, agregó que el fallo del TEDH era «demoledor» para su clienta, por suponer un «mazazo impresionante».

Hasta el momento, la Audiencia Provincial de Valencia sólo ha registrado una petición para que se revise una condena conforme al fallo de la Gran Sala de Estrasburgo. Se trata de un profesor de educación física que en 1996 fue condenado a 220 años de cárcel por abusar de seis alumnos. El hombre reclama que se finiquite su condena, cuyo cómputo final se estableció para 2015, aunque con anterioridad a la anulación de la doctrina Parot ya se encontraba en libertad condicional.