Moshe Kantor, presidente del Congreso Judío Europeo (ECJ) y el ex presidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski (nombre real Stoltzman).

AG.- Uno de los principales lobbys de presión en los paises de la eurozona es el CJE (Congreso Judío Europeo). Como muestra de su influencia en la toma de decisiones, en una acción sin precedentes ha pedido la creación de “Unidades especiales de vigilancia” para vigilar a los ciudadanos que puedan ser considerados “intolerantes” en cualquiera de los 27 Estados miembros.

Resultado de esto ha sido la creación del European Council on Tolerance and Reconciliation (Consejo Europeo por la Tolerancia y la Reconciliación), adjunto a la Comisión de libertades civiles del Parlamento. Este Consejo tomará el control y se hará cargo de las “unidades especiales de vigilancia” en los distintos gobiernos, encargándose de la supervisión y recopilación de datos de “sospechosos”, y actuará preferentemente en el Ministerio de Justicia de cada Estado miembro.

Por poner un ejemplo, a partir del año que viene se habilitarán en España mas de cincuenta fiscalías contra los “delitos de odio”, es decir, habrá mas fiscalías dedicadas a perseguir, reprimir y multar a españoles que tengan opiniones políticamente incorrectas que fiscalías dedicadas a perseguir la corrupción institucional y/o política.

Entre estas opiniones “políticamente incorrectas” se perseguirá legalmente a quienes tengan opiniones contrarias al feminismo, al multiculturalismo, al homosexualismo, al igualitarismo, al separatismo o a la inmigración masiva. También a quienes denuncien el racismo antiespañol, el ataque a la tradición, a la familia, la endofobia institucional, la discriminación “positiva” (negativa para los españoles), etc. De hecho, estas leyes supuestamente “anti-discriminatorias” y “anti-intolerantes” están elaboradas de tal manera que incluso se podría perseguir a quienes tengan opiniones (basta con que solo sean opiniones) contrarias al globalismo-mundialismo-sionismo.

El principio impulsor de estas medidas, según dice el mismo Moshe Cantor (presidente del CJE), es que “no hay necesidad de proporcionar tolerancia al intolerante” (¡!). Queda claro que con esta postura la principal víctima es la libertad de expresión, que se verá ampliamente afectada, ya que cualquier expresión pública pasará por el filtrado de la corrección política.

La petición del Congreso Judío Europeo frente a los prejuicios ya se incluía en el “Observatorio Europeo para la Dignidad” (OED), que tiene su sede en Bruselas y examina la violación de derechos civiles en la Unión Europea. El OED ha advertido que el EJC pretende “imponer un control gubernamental sobre el comportamiento social y económico de los ciudadanos intolerantes en el sentido más amplio posible”. Observa además que “está claro que esa posición podría dar lugar a situaciones en las que se podrían dirigir acusaciones poco claras o injustificadas contra personas y grupos”.

Las consecuencias de la adopción de este requisito por la UE podrían ser muy serias y dolorosas. Según el OED: “Si se establece como política de la UE podría dar lugar a la inclusión de categorías vagas sin ninguna base legal. El resultado será una reducción drástica (y posible extinción) de la libertad fundamental de expresión, y que los individuos y los grupos se autocensuren por temor a que puedan ser procesados ??por expresar sus puntos de vista morales o personales”.

El Observatorio Europeo para la Dignidad termina realizando una crítica muy clara a las medidas impulsadas por el Congreso Judío Europeo: “cualquier aprobación de estos estatutos a nivel nacional por los Estados europeos no sólo sería un gran paso hacia atrás, sino que implicaría una supervisión supranacional, algo que supondría sin duda un día negro para la democracia europea”.

En esta misma línea del Congreso Judío Europeo (cuyos intereses no son ni las libertades ni la tolerancia, sino seguir los intereses del sionismo por crear un mecanismo de control y supervisión supranacional sobre el ciudadano por encima de los propios estados), instó igualmente a los respectivos gobiernos a que se votara el proyecto de ley “anti-racista” en Grecia, Hungría y otros países, del cual ya se habló en este artículo, que no es otra cosa que la privación de la libertad de palabra y de expresión de los ciudadanos con el fin de cumplir con los dictámenes internacionales y subordinando los intereses nacionales.