Dentro de unos días celebraremos de nuevo el Día de Aragón, y creo es hora de poner sobre el papel más bien sobre el ordenador, la opinión que a muchos miles de aragoneses –seguramente cada vez a más- nos produce este curioso fenómeno del autonomismo español.

En el caso aragonés, que creo es trasladable a las 17 autonomías, y a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, una profunda decepción.

Creo que a muchos no nos parecen nada buenos los resultados.

Hemos conseguido hacer un país absolutamente ingobernable, pero que es un verdadero paraíso para los abogados y otras profesiones parecidas: 18 normativas legales y reglamentarias, la estatal y las 17 autonomías, de forma que no hay quien se aclare ante ningún asunto.

Tenemos 18 directores generales de carreteras por ejemplo, pero no podemos arreglar ninguna vía, pues no hay dinero.

También un SALUD en cada autonomía, pero un sistema sanitario que todavía sigue funcionando por la profesionalidad y competencia de los profesionales, no por los políticos que, en general, no saben ni lo que llevan entre manos.

Una gran cantidad de competencias compartidas entre dos o tres administraciones, que es “ideal” para cuándo pasa algo, y todo el mundo procura escurrir el bulto.

Un sobredimensionamiento de las administraciones públicas, pero eso sí, sin suprimir ningún ayuntamiento (aunque ya no quede población; si hace falta se empadrona a las ovejas y cabras, que para algo están); con 38 diputaciones provinciales que todos sabemos que no sirven para nada, pero que dan de comer a 60.000 empleados públicos; con un senado que es como la isla de los piratas, a donde van a parar todos los delincuentes políticos retirados, jubilados o echados de las poltronas regionales correspondientes… En fin, para que seguir, que me entra la depresión.
En Aragón estamos francamente contentos, sobre todo los políticos y aspirantes a serlo.

Hemos descubierto numerosos “yacimientos” de empleo:

-10 consejeros, creo recordar.
-66 directores generales (más o menos).
-67 diputados autonómicos o diputados aldeanos (para diferenciarlos de los nacionales).
-100 asesores, más o menos, sólo en el gobierno regional.
-150 altos cargos en las 38 empresas públicas que creo todavía subsisten.
-1.500 empleados en dichas empresas, la mayoría ingresados en ella por rigurosa oposición, digo enchufe (en que estaría yo pensando).

En fin, para qué seguir.

¿Van las cosas mejor que cuándo éramos parte de un estado centralista, en el que todas las decisiones importantes se tomaban en Madrid?

No, ni mucho menos.

Ahora hemos sustituido en centralismo madrileño por el centralismo zaragozano, y sino que les pregunten a los de Huesca y Teruel.

Todo ello mantenido por una población de escasamente 1.300.000 personas, de las que nativos o indios escasamente somos un millón, y el resto son extranjeros, la mayoría de los cuales han venido aquí para “disfrutar” de nuestro estado de bienestar, ayudas sociales, asistencia sanitaria gratuita (para ellos), etc., y que por lo tanto aportan bien poco para mantener toda esta estructura elefantiásica.

Y del millón de “indios”, una buena parte son personas jubiladas, con reducidos ingresos, y expuestas a la extorsión fiscal del impuesto de sucesiones, por ejemplo, para poder sostener todo este tinglado, que hace aguas por todas partes.

Pero eso sí, han aumentado nuestras posibilidades de colocación, digo de chupar del bote, sobre todo si somos políticos o empleados públicos:

Podemos ser directores generales, diputados autonómicos, asesores (pero solo los que no tengan ni puta idea de nada), y hasta consejeros.

El cargo de presidente queda reservado al más listo (no digo inteligente, sino listo, que es otra cosa), pillo y taimado de cada casa.

Todo lo que digo en tono jocoso, por desgracia debe entenderse como algo dicho con total seriedad.

Voy a ver si me tomo un carajillo de coñac, a ver si me animo un poco.

*Abogado y escritor. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.