Iván Escalera, abogado del preso – ABC

Un preso sevillano en una cárcel catalana ha denunciado que no está recibiendo la medicación necesaria para tratar su artritis reumática por ser español. Se trata de un hombre, natural de un pueblo sevillano que cumple condena por blanqueo de capitales y que prefiere no revelar su identidad por temor a futuras represalias.

El recluso, que cumplía su condena en El Puerto III, tuvo que ser trasladado hace algunos días a Figueras para asistir a otro juicio y desde entonces está en situación de tránsito en un centro penitenciario de Lérida, una de las cárceles que dependen de la Generalitat ya que Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene asumidas las competencias de prisiones. El reo sevillano ha protestado porque desde que llegó a esa cárcel no le dan la medicación que tiene prescrita para la dolencia que sufre: los principios activos Metotrexato y Celebrex.

Su abogado, el letrado Iván Escalera, ha registrado una queja al Defensor del Pueblo español, en la que además de denunciar que la cárcel de Lérida no es un centro de tránsito y por tanto que su cliente no debe permanecer en ella, asegura que «los internos con medicación por problemas crónicos están siendo desatendidos en su tratamiento farmacológico por problemas políticos que nada tienen que ver con los internos».

Según la queja a la que ha tenido acceso ABC, el recluso alega que el personal del Instituto Catalán de la Salud «tiene órdenes estrictas de dejar de atender farmacológicamente a los enfermos crónicos». Y como consecuencia de ello, su cliente lleva varios días sin sus medicinas. El preso también ha elevado personalmente otra queja al director de la prisión en la que denunciaba que no estaba recibiendo el tratamiento que necesitaba.

El letrado cree que es «una aberración» negar el tratamiento médico a un preso, algo que no ocurría en España desde el siglo XIX. «Lo achaco al hecho de que en el Instituto Catalán de Salud han dado directrices a los funcionarios para dejar de atender a los presos que están en tránsito a sabiendas de que no son españoles», afirmó Escalera insistiendo también en que se trata de un centro penitenciario que no tiene lo servicios necesarios para atender a los internos en situación de tránsito.

Después de eso, a última hora de ayer el abogado volvió a tener noticias de la prisión desde donde le comunicaron que la cuestión de la atención al recluso se iba a subsanar en unas horas.

Si eso no ocurre y el recluso sigue sin recibir la medicación que necesita para tratarse de su dolencia, el abogado Iván Escalera cree que podría ser algo más grave. A juicio del letrado, si esa falta de atención llega a producir finalmente un perjuicio real en la integridad física de su cliente podría ser calificado como delito de omisión de socorro.

Ayer un hermano del recluso que tampoco quiso hacer pública su identidad, recalcó que éste padece también soriasis , que si no toma la medicación «se pone muy mal» y que sólo tiene controlada la enfermedad cuando está medicado.

ABC intentó hablar con la prisión de Lérida donde se ha producido la queja. Sin embargo en el centro penitenciario no quisieron hacer declaraciones y remitieron a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Cataluña.

Desde la DirecciónGeneral de Instituciones Penitenciarias de Cataluña aseguraron ayer que la atención sanitaria a los presos depende del departamento de salud y recalcaron que no podían desmentir la denuncia porque eso supondría vulnerar la protección de datos del recluso. En cualquier caso, desde el Gobierno catalán insistieron en que son los facultativos los que deciden en cada caso la prescripción a los presos de los fármacos basándose siempre en criterios médicos y recordaron el juramento hipocrático al que están sujetos los facultativos.

Fuente: ABC