Imagen de la rueda de prensa de Puigdemont en Bruselas

Luis Romero.- ¿Quién paga la estancia de Carles Puigdemont en Bruselas? ¿Cómo estará costeando el político secesionista la puesta en escena de esta estrategia victimista? Son preguntas que se hacen muchos ciudadanos. Sobre todo si se tiene en cuenta que Puigdemont, al igual que sus consejeros, han sido cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución española y, por tanto, no pueden utilizar fondos públicos para viajar. De hecho, ya no disponen ni de tarjetas de crédito, ni de portátiles y móviles pagados por el Gobierno catalán.

Es precisamente el artículo 155 el que permite al Gobierno indagar respecto a las partidas desembolsadas antes del cese del Govern. Según fuentes próximas a la nueva admnistración en Cataluña, el departamento de Economía pido haber librado pagos a falsos proveedores por valor de medio millón de euros para cubrir la huida en la capital belga tanto de Puigdemont como de cuatro de sus exconsejeros. Estos presuntos pagos dibujarían una ‘hoja de ruta’ programada por Puigdemont durante las semanas anteriores a la intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno de Rajoy.

Se espera que en los próximos días, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría comience a revelar datos relacionados con los pagos hechos por los responsables del procès a personalidades extranjeras en su propósito de obtener la mayor repercusión internacional mediática. Se sabe por ejemplo que el Govern invitó a representantes de partidos independentistas que han mostrado ya su apoyo a la causa separatista. Entre ellos figuraron miembros del SNP escocés, del NVA flamenco, del Sinn Feinn de Irlanda del Norte y parlamentarios suizos, daneses y noruegos. Muchos de ellos ya fueron invitados a presenciar la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014.

Pagos a Yoko Ono y Julián Assange

La justicia, gracias a las querellas presentadas el pasado lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, rastrea ya la ingente cantidad de dinero malversado en la aventura secesionista.

El Ministerio Público ha facilitado tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo información exhaustiva que sustenta la tercera gran acusación contra los líderes del órdago tras las acusaciones de rebelión y sedición, la de malversación de caudales públicos.

En torno a DIPLOCAT, la red exterior de embajadas catalanas, el fiscal cuantifica el pago al lobby internacional -en el que participaron entre otros Julián Assange y la viuda de John Lennon, Yoko Ono- en 2,3 millones de euros, y eso solo en lo que va de 2017.

El Ministerio Fiscal identifica tres fases en el proceso secesionista, comenzando por una “fase preparatoria” entre 2015 y 2017.  Los hechos investigados revelan que “se llevó a cabo una campaña internacional de imagen” para trasladar al mundo “un relato único y sesgado de la situación de Cataluña”.

Este lobby llegó a reclutar para la causa independentista a “personajes más o menos conocidos del panorama internacional” que se movilizaron -vía redes sociales, fundamentalmente- en favor de la causa independentista.

La Fiscalía destaca el papel del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y de la viuda de John Lennon, Yoko Ono, cuya adhesión considera que “no ha sido espontánea”. De hecho, Assange ha seguido atacando a Mariano Rajoy hasta hace unos días.

Entre 500 y 1.000 euros la hora

Respecto al abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, tal y como apunta La Razón y que reproducimos, ha extendido su estrategia de cubrir el fundamento del independentismo catalán con una nebulosa de romanticismo incomprendido a su propia persona. Ayer, el letrado que defiende a Puigdemont y que actualmente copa los titulares de la prensa internacionalse definió en el diario flamenco «De Tijd» como un «vaquero pobre y solitario» que no tiene «nada que perder». Habría que indagar qué baremos miden su percepción de la pobreza, porque esta «piedra en el zapato para el Gobierno español» –palabras textuales– cobra entre 500 y 1.000 euros la hora, según afirman fuentes cercanas a él del mundo de la abogacía belga, y explican que tiene por norma incluir en la facturación el coste administrativo y de secretariado, así como el de procedimiento.

«En Bélgica, el sueldo medio que cobra un abogado es de 200 euros la hora», informan desde un conocido bufete de abogados español con delegación en Bruselas. «Y si trata temas penales la cantidad sube». El contrato que haya fijado el ex presidente de la Generalitat pertenece al secreto profesional del abogado, así como las horas o las veces que se ha reunido con él, o las gestiones que desde su oficina hayan llevado a cabo en su beneficio.

Un letrado «sensible»

Bekaert, nacido en 1948 en la ciudad flamenca de Cortrique, «es muy sensible a todas las personas oprimidas por el Estado central, que piensa necesitan un juicio justo», aseguró recientemente uno de sus dos hijos. Sensibilidad que le ha llevado a defender a no pocos terroristas de ETA, de lo que él mismo presume: «En las últimas décadas he acumulado la experiencia en este tipo de asuntos, en particular llevando casos de vascos para evitar su extradición. Mi reputación es bien conocida en España». Su afán por defender a estas «minorías» se remonta a finales de los años 60, cuando se desató el conflicto en la ciudad de Lovaina entre los estudiantes francófonos y los flamencos de la Universidad, originando la ciudad de Lovaina la Nueva. Fue en aquel momento cuando el «vaquero» empezó a simpatizar con el ideal de que las regiones belgas debían tener «mayor autonomía». Así, después de licenciarse en la universidad de Lovaina en Kuleuven en 1972 se especializó en derechos humanos y en órdenes de detención y extradición.

Se implicó en el Liga Belga de los Derechos Humanos y fue observador tanto de Irlanda del Norte, como del País Vasco, de ahí que se haya encargado a lo largo de su trayectoria profesional de casos como el de la extradición de los colaboradores de la banda criminal Luis Moreno y Raquel García, acusados por dar cobertura al comando Vizcaya que asesinara a un policía en 1992. Los servicios de Bekaert provocaron una crisis entre el Gobierno de España y el belga, reclamados, al igual que Puigdemont, por la Audiencia Nacional.

Pero el apodado como «abogado de etarras» no sólo tiene el foco de su actuación en nuestro país. También defendió a una militante turca de extrema izquierda, Fehriye Erdal, perteneciente al Partido Revolucionario por la Liberación del Pueblo, involucrado en el asesinato del empresario Özdemir Sabanci en 1996 en Estambul. La militante turca desapareció horas antes de que se publicara la sentencia que la condenaba a cuatro años de cárcel. Y sigue en paradero desconocido.

Si Puigdemont sigue los mismos pasos que la turca es una incógnita que pronto se despejará. Fuentes cercanas informan de que conoció al ex presidente de la Generalitat el pasado lunes a través de una llamada que un allegado del político hiciera a su despacho ubicado en la localidad de Tielt, a unos 20 kilómetros del suroeste de Brujas, donde se domicilian empresas de alto nivel económico. En cuanto recibió la llamada para defender al político secesionista, le respondió: «Mi puerta está abierta siempre».

Bekaert ha seguido el órdago secesionista catalán con el mismo interés con el que en su día siguiera los procesos secesionistas acaecidos en Escocia y Quebec, pero, a pesar de estos datos, el letrado no se considera una persona nacionalista, sino de izquierdas y progresista. Lo que según él le ha conducido a defender la «protección de los derechos fundamentales», como en el caso de sus defensas de los terroristas, a las que se suma la secuencia judicial de la «Pepona», María Natividad Jáuregui, o de Luis María Cengotitabengoa.

Bekaert sabe que la baza que le queda para proteger a su cliente es respaldar el discurso de los partidos opositores y secesionistas españoles respecto a que las decisiones de la juez Lamela son «fascistas» o «politizadas». El pasado viernes, mientras la magistrada hacía pública la orden europea de detención y entrega para Puigdemont, su cliente se hacía eco en la televisión belga del argumentario de su cotizado abogado, negando que haya huido del país, sino que busca que lo juzgue la «justicia verdadera», es decir, la belga según él, alegando que «no hay garantías» en España de que se produzca «una sentencia justa».