Con motivo de la acusación de la fiscalía en el caso de la máxima responsable de los denominados C.D.R., Comités de Defensa de la a catalana, donde se le imputan delitos de terrorismo y rebeldía, el juez instructor rechaza ab initio esa acusación, y la rebaja a unas “simples” alteraciones del orden público.

Estamos asistiendo todos los días a acusaciones de la fiscalía, y solicitudes de penas totalmente absurdas y desproporcionadas.

En el caso de mi proceso, se me acusa por la fiscalía de pertenecer a una “organización criminal”, y se me piden 24 años y 10 meses de prisión, nada menos (teniendo en cuenta que tengo 75 años, agradezco mucho que hagan previsiones tan optimistas de longevidad para mi humilde persona. ¡Ojalá se cumplan!).

Es un verdadero disparate judicial, y de una irresponsabilidad extrema, tanto la acusación como la pena solicitada.

Los hechos acontecidos y las diligencias practicadas han puesto de reliévela desfachatez de la actuación del Ministerio Público. El juez Pedraz, lejos de rechazar “de plano” las pretensiones o acusaciones de la fiscalía, avala (él sabrá que “otras razones” existen) las mismas sin el más mínimo rigor procesal.

En definitiva, estamos asistiendo a un despropósito total y absoluto en los asuntos judiciales, con condenas constantes, y llamadas de atención a los órganos judiciales de España por parte de los organismos internacionales, que ponen en cuestión que “vivamos en un verdadero Estado de Derecho”.

Aquí se infringen, un día sí, y otro también, los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de proporcionalidad, etc., por no hablar de la total falta de independencia del poder judicial, que cada día es más una simple Administración de Justicia, como uno de los brazos del poder ejecutivo.

En definitiva, el sistema judicial español no está a la altura de lo que debe exigirse a un Estado que pretenda ser reconocido internacionalmente como una auténtica democracia.

*Jurista y secretario general de Manos Limpias