Este gobierno que tenemos la desgracia de soportar, aprovecha, con nocturnidad y alevosía, los meses de verano para colarnos reformas dictatoriales, absolutamente inconstitucionales, y más propias de una dictadura bananera que de un país serio y democrático.

Claro que, habida cuenta de cómo llegaron al poder, ¿de qué podemos extrañarnos?

El Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, con el pretexto de profundizar en la lucha contra la violencia de género, introduce grandes modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico, que como jurista tengo el deber de denunciar.

El sábado, 4 de agosto de 2018, el BOE nos obsequia con la última deposición de Pedro Sánchez y Carmen Calvo, que realmente son tal para cual.

En efecto, se da una gran patada al ordenamiento jurídico, modificando incluso la piedra angular del sistema de derechos y libertades públicas, cual es el Código Civil, aprovechando subrepticiamente la Disposición final segunda para modificar el artículo 156 del Código Civil.

Se sustraen competencias a los Jueces y Fiscales, profesionales todos ellos de reconocida competencia, capacidad y profesionalidad, para “dejarlas” en manos de los trabajadores sociales, de cuya formación e información me permito dudar.

Y no lo hago desde el desconocimiento, pues da la casualidad de que fui profesor de ellos en la Universidad de Zaragoza, para mi desgracia, y conozco la ignorancia jurídica de la profesión.

Así como el sectarismo de la mayoría de sus miembros, y su inclinación hacia la izquierda, el progresismo “buenista” zapateril, el todos somos hermanos, la tierra es del viento, etc.

En el fondo, subyace un firme propósito de continuar la guerra de sexos, fomentando las denuncias falsas, y dando más dinero a los Ayuntamientos para que a través de sus concejalías de igualdad, servicios sociales, etc., fomenten la división entre hombres y mujeres, y el enfrentamiento puro y duro entre ambos sexos.

Así la Disposición final tercera establece que:

“1. Los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, vía transferencia finalista y directa, o través de otras Entidades Locales (supongo querrán decir o a través de…, pero ya se sabe que ni redactar saben), a los ayuntamientos…se distribuirán según los siguientes criterios:

a). Una cantidad fija por municipio.

La cuantía para el año 2018 será de 689 euros.

b) Una cantidad fija, en función del número de habitantes de derecho del municipio.

La cuantía para el año 2018 será de 0,18 euros por habitante.

c) El importe de la transferencia vendrá dado por la suma de las cuantías anteriormente señaladas”.

Se continúa en la línea de establecer un gobierno dictatorial, con poderes omnímodos, que pueda hacer lo que le dé la gana, sin rendir cuentas a nadie, indicando en el núm. 3. Que: “Se habilita al Gobierno para que, por real decreto del Consejo de Ministros (¡faltaría más!), modifique las cuantías a distribuir, los criterios y el procedimiento de distribución”.

Y, por supuesto, todo es urgente, súper urgente: “El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”, es decir, el día 5 de agosto de 2018. (Disposición final cuarta).

Obviamente, se sigue favoreciendo a las denunciantes en falso, con cuantiosas ayudas económicas:

Artículo único, Tres, 2: “El importe de esta ayuda (por haber sido víctima “presuntamente” de violencia de género) será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo”. (430 euros al mes por 6 meses, igual a 2.580 euros de golpe, y sin dar golpe).

Más o menos, como el cheque bebé de Zapatero, también de 2.500 euros.

Está visto que los socialismos y podemistas no necesitan hacer campaña electoral: simplemente, compran los votos(y, encima, con nuestro dinero).

Como se trata de engordar y tener contentos a sus votantes, el núm. 5 establece que: “Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género”. ¡Será por dinero!

Pero hay un problema para lograr la cuadratura del círculo, y es la existencia de una casta judicial y fiscal profesional, muy respetuosa con el ordenamiento jurídico, como no podía ser menos, con una gran competencia jurídica, y que muchas veces no se creen las “historias y las histerias” que les cuentan las denunciantes en falso.

Ningún problema. A grandes males, grandes remedios.

El artículo único, Dos, modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y establece una doble forma de “acreditar” la existencia de una víctima de violencia de género:

La normal, “mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género”.

Y aquí viene el cambio:

“También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a las víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título (¿por qué no un informe del barrendero de la esquina?), siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos”.

En definitiva, miel sobre hojuelas. Vamos a seguir regando con dinero público los cientos de miles de denuncias, muchas de ellas falsas, que se presentan cada año. ¡Aunque luego los dos, denunciado y denunciante, sigan viviendo bajo el mismo techo, y disfrutando de los 2.580 euros, como mínimo, que van a recibir de nuestros impuestos!

Pero, hablando claramente:

1) ¿A Alguien le extraña esta forma de actuar de un gobierno legal, pero ilegítimo, que ha llegado al poder sin haber ganado elección alguna?

2) ¿De verdad creen ustedes que el PP se opondrá en el Congreso a esta nueva dictadura jurídica de los socialistos y podemistas?

Veo que ustedes siguen creyendo en los Reyes Magos.

*Abogado, profesor universitario de Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.