H. Tertsch (R).- El 9 de septiembre hay convocada en Barcelona una manifestación para exigir a Pedro Sánchez que cumpla su palabra y convoque elecciones porque una inmensa mayoría de los españoles, lo dicen las encuestas, no lo considera legitimado para tomar las decisiones que está tomando sin ser elegido. Esa manifestación debería ser el comienzo de una movilización general en toda España para que plazas y calles se llenen de ciudadanos que demanden elecciones inmediatas y exijan respeto para la voluntad popular a este Gobierno, que tiene la osadía de decir que a los españoles no les convienen ahora las elecciones o que sería un despreciable «contar votos malamente».

Los españoles se juegan mucho más que ese saqueo fiscal planeado. Se juegan su libertad y la unidad de la patria, confirmados ya los planes de Sánchez del choque de «las izquierdas» contra «las derechas» en su siniestro intento de ganar ahora la guerra civil de hace 80 años. Ese despreciable proyecto lo asume y hereda de Zapatero, hoy muy significativamente ya la mano derecha de Nicolás Maduro, un dictador narcocomunista que debe acabar ante Tribunal Penal Internacional de La Haya por los crímenes contra su pueblo. Sánchez se ha negado a tachar de dictador a Maduro y comparte con él no solo los consejos de Zapatero. También la alianza con los comunistas españoles de Podemos, cuyos dirigentes fueron decisivos en la deriva del chavismo hacia la dictadura. Como lo son ahora en convertir el programa del nuevo Frente Popular español en una rápida operación para hundir al país en la dependencia, en la desinformación y mentira histórica, el abuso y la servidumbre.

Una semana después de esa manifestación por la libertad y la unidad de España frente a los intentos de destruir la nación y someterla en pedazos a tiranías marxistas, hay otra gran convocatoria, también en Barcelona, el día 16. Será la primera gran manifestación a favor de la libertad de elección de lengua y del uso del español. Convocada por la asociación Hablamos Español, una iniciativa joven de inmensa vitalidad que crece sin cesar, recoge firmas y goza ya de numerosos apoyos. Pretende hacer lo que no hicimos en cuarenta años y hoy pagamos dramáticamente: defender el derecho de todo español a estudiar, trabajar y vivir en lengua española en todos los rincones de España.

La traición a este derecho se inició muy pronto. Ahí está ya en 1981 el Manifiesto de los 2.300 de un grupo de intelectuales, encabezados por Amando de Miguel y Jiménez Losantos, que lo denunciaron. Sufrieron represalias, este último un atentado, y la mayoría acabó fuera de Cataluña. Ahí comenzó la «limpieza cultural», el pogromo contra el español que ha alcanzado una brutalidad propia de odios balcánicos. La terrible indiferencia general por este maltrato del nacionalismo gobernante contra mayorías castellanohablantes ha sido fomentada por todos los gobiernos de España, tanto del PSOE como del PP, para no irritar a sus socios. Pero la expulsión del castellano de las regiones con nacionalismos es mucho más que una disputa cultural.

Pretende erradicar la presencia y las huellas de la lengua común para poner en duda la propia existencia allí de ese pasado común. Desde la toponimia a las lápidas, de los archivos a los carteles, se pretende que desaparezca todo testimonio de la huella de España y la lengua española. Por eso hablar o escribir de «Girona» o «Lleida» o «Araba» o «Iruña» cuando se habla o escribe en español es colaborar con el pogromo hispanófobo. Fíjense hasta qué punto están implicados nuestros políticos y periodistas el la fatal deriva. Fíjense hasta qué punto la lucha por la lengua común es la lucha en defensa de la libertad.