Ana Miranda, eurodiputada por el BNG, durante el Pleno del Parlamento Europeo celebrado este jueves

FNFF (Remitido).- Desde hace tiempo aparecen recurrentemente en los medios de comunicación informaciones relativas a la supuesta intención del Gobierno de “ilegalizar” la Fundación Francisco Franco, a las que esta Fundación no ha querido contestar por cuanto no se ha producido hasta la fecha actuación gubernamental alguna encaminada a conseguir propósito semejante, ni esperamos que se produzca en el futuro ya que, mientras se respeten los cimientos de nuestro Estado de Derecho, tal pretensión se situaría absolutamente al margen del orden constitucional.

Ello no obstante, toda vez que hasta el Parlamento Europeo en una resolución liberticida, sectaria y antidemocrática sin precedentes, ha tenido a bien considerar nuestra mera existencia como un peligro para la democracia (no deben serlo, al parecer las Fundaciones Federico Engels, Largo Caballero o Karl Marx), parece necesario aclarar algunos aspectos con el objeto de que tanto los medios de comunicación como el público en general, puedan tener elementos de juicio suficientes para valorar la justicia y la legalidad de una propuesta semejante.

En primer lugar, debemos reiterar que la Fundación Francisco Franco se ajusta escrupulosamente, tanto en sus fines, como en su funcionamiento, a lo dispuesto en la legalidad vigente, constituida básicamente por la Ley 50/2002 de Fundaciones y en la legislación de desarrollo. Nuestros fines fundacionales –que es lo que verdaderamente preocupa y molesta a la extrema izquierda- tienen un indudable carácter general como puede verse a través de su redacción, que conoce bien el Gobierno:

«a) Difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos.

b) Difundir y promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977.

c) El fomento y desarrollo de la educación, la investigación científica y técnica y de cualesquiera otras actividades culturales.

d) La defensa de los fines anteriores tanto ante los medios de comunicación como ante las diversas administraciones públicas o instando la tutela efectiva ante la jurisdicción correspondiente».

No parece que nadie, en su sano juicio, pueda cuestionar el interés general de la difusión y promoción del estudio y conocimiento de un personaje histórico de la dimensión de Francisco Franco Bahamonde, sobre el que existe una vastísima bibliografía que no encuentra parangón en ningún otro monarca o jefe del Estado español durante los últimos cinco siglos. Pero si se llegase a cuestionar –la capacidad de asombro en este país ya es infinita-, resulta indudable que ello afectaría directamente a la legalidad de Fundaciones de la órbita del Partido Socialista como las Fundaciones Pablo Iglesias y Largo Caballero, Fundación Alfonso Perales, Fundación Gabriel Alomar, Fundación José Barreiro, Fundación Matilde de la Torre, personajes todos estos de mucho menos relieve que Francisco Franco y desconocidos en su mayoría para todos los que no formen parte del Patronato de las mismas. Y qué decir de las Fundaciones de la órbita de Izquierda Unida como la Fundación Catorce de Abril, Fundación Zabaldiak, Fundación Idi Ezquerra, Fundación de Investigaciones Marxistas, Fundación Rey Corral y Fundación Horacio Fernández Iguanzo.

No es baladí decir que, a diferencia de esta Fundación -que tan sólo recibió una subvención reglada de 150.000 euros para digitalizar la totalidad de su archivo en los años 2000 al 2003-, la inmensa mayoría de las Fundaciones citadas reciben anualmente cuantiosas subvenciones del erario público, sin ir más lejos, la Fundación Largo Caballero, vinculada al sindicato UGT, ha recibido más de 500.000 € en subvenciones durante los últimos años, la Fundación del PSOE ‘Pablo Iglesias’, sólo en el año 2018 la cantidad de 235.710 euros, y la fundación ‘Instituto 25M para la Democracia’ vinculada a Podemos, 102.960 euros, en este año.

Al margen de la grosera discriminación que supone la constante financiación pública de Fundaciones de corte marxista e incluso bolivariano y el veto de Fundaciones como la nuestra, que entre otras cosas, cuenta con un archivo fundamental para el conocimiento de nuestra historia reciente, no existe en el ordenamiento jurídico español ni un solo precepto que permita instar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, razón por la cual hasta ahora no se ha atrevido el Gobierno a iniciar una acción semejante que incurriría de lleno en el tipo de la prevaricación.

Vivimos tiempos recios y sabemos que el gobierno frentepopulista no dudará en retorcer la legislación o en cambiarla si fuera necesario para deshacerse de una Fundación cuyo principal peligro reside en que se empeña, con sus escasos recursos, en recordar a los españoles la verdad de una época que está siendo salvajemente manipulada o simplemente borrada. Una época en la que se pasó de la alpargata al Seat 131, de la pertinaz sequía a la abundancia de pantanos, del tercer mundo a la 8ª potencia industrial, con cifras de crecimiento anuales superiores al 6%, una presión fiscal irrisoria, una deuda pública que no superaba el 7% en 1975 y un nivel de convergencia con Europa superior al 83%, cifras éstas que no resisten comparación alguna con las que, por desgracia, nos ha legado este régimen partitocrático que ha esquilmado a los españoles con niveles de corrupción nunca vistos, impuestos desorbitados y una deuda que ha hipotecado por décadas el futuro de España, cuya propia existencia está amenazada por los partidos separatistas que sostienen al gobierno radical de izquierdas.

Entérense bien los acomodados diputados del Parlamento Europeo que claman por nuestra ilegalización que lo único que exaltamos en esta Fundación es el respeto a la verdad y a la historia amenazada hoy más que nunca por una epidemia de manipulación sin precedentes en un país civilizado. No somos un partido político, ni reivindicamos otra cosa que el derecho a poder contar con libertad y sin censura la verdad sobre dos generaciones de españoles que, bajo el mandato irrepetible de Francisco Franco, levantaron a España de su secular postración e hicieron posible la verdadera reconciliación cuarenta años después de una guerra que había sido provocada por el comunismo, cuyos retazos –hoy en día aún muy presentes en nuestra sociedad- no perdonarán jamás su derrota.

Pero se engañan quienes se creen que nos vamos a arrugar. Los hombres y mujeres que defendemos el baluarte de la verdad desde esta modesta Fundación somos inasequibles al desaliento y estamos acostumbrados a enfrentarnos con el miedo, con la indiferencia y con la más abierta hostilidad. Sabemos que nos enfrentamos a enemigos poderosos, pero frente a quienes no creen en el Estado de derecho y están dispuestos a pisotear cobardemente la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, de asociación y los demás derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Española, sepan los españoles que nosotros reafirmamos nuestra confianza en la justicia y en el orden constitucional y anunciamos desde ahora mismo, que llevaremos hasta el final la defensa de esta casa, humilde y precaria, pero que cuenta con dos pilares indestructibles: la fe en Dios y el amor apasionado a España.