La responsabilidad golpista del Octubre Rojo fue predominantemente socialista

AR.- Las elecciones de 1933, las segundas que celebraba la agitada II república, se saldaron con el aplastante triunfo electoral de la CEDA de Gil Robles, lo que desconcertó por completo a las izquierdas. Aquel inesperado y rotundo triunfo vino a confirmar el fortísimo entronque popular de las derechas, algo que el PSOE no quiso ni pudo aceptar nunca. “Frente a la traición, nuestro deber es la revolución”, bramaba Largo Caballero en uno de sus incendiarios discursos post electorales. Es decir, si las urnas no nos dan la razón, quitémosle la razón a las urnas y apostemos por la asonada revolucionaria. Ni Ceaucescu lo hubiese expresado mejor.

El Partido Socialista se pone francamente a preparar la revolución. Ojo, la revolución no fue otra cosa que el intento de revertir de facto el curso de los acontecimientos electorales. Si el PSOE hubiese tenido de su lado al ejército, es fácil deducir cuál habría sido su estrategia.

El diario “El Socialista” pasaba por alto los esfuerzos conciliadores de Besteiro para proclamar, contra los lamentos de concordia lanzados por “El Debate”: “¿Concordia? No, ¡guerra de clases! ¡odio a muerte a la burguesía criminal! ¿Concordia? Sí, pero entre los proletarios que quieran salvarse y librar a España del lubridio”. El entonces líder socialista, Largo Caballero, inicia también su largo ciclo de amenazas con la invitación a la lucha callejera.

Armamento de los golpistas en Asturias

La responsabilidad golpista del Octubre Rojo fue predominantemente socialista. La Comisión organizadora de la revolución de octubre estuvo compuesta por Largo Caballero, Enrique de Francisco y Anastasio de Gracia. Detrás de Largo Caballero estaban ya los cerebros del socialismo de la época: Araquistain, Álvarez del Vayo y Baraibar. Amparándose en su condición de diputados, los conspiradores contra la legalidad resultante de las urnas republicanas buscaban armas y preparaban planes. Indalecio Prieto, con la colaboración del financiero bilbaino Horacio Echevarrieta, preparaba lo que luego se llamó “el alijo de la turquesa”, fantástico contrabando de armas descubierto en la localidad asturiana de San Esteban de Pravia el 10 de septiembre de 1.934.

Otra prueba de la capacidad socialista para jugar todas las cartas la encontramos en un interesantísimo episodio ocurrido en las convulsionadas Cortes de entonces. Lo protagonizaron los en teoría antagónicos Prieto y José Antonio Primo de Rivera. En plenos preparativos de la revolución, el mismo Prieto defiende a Primo de Rivera de un suplicatorio para procesarlo por tenencia ilícita de armas. Ambos se elogiaron en una rocambolesca sesión plenaria.

El socialista Largo Caballero defendió la violencia como herramienta política.

Los resultados de aquella revolución golpista son por todos conocidos. Centenares de víctimas mortales, ciudades asturianas destruidas, una fractura social que tardaría décadas en restañar sus heridas y, para muchos, el preludio de la ya inevitable contienda civil. Solo el PSOE fue responsable de aquel agrietamiento súbito que, a partir de entonces, haría irreconciliables las posturas. Si pudiera emplearse en historia política el lenguaje penal, la culpa de aquella revolución-golpista y trasgresora de la voluntad popular fue de las izquierdas representadas por el Partido Socialista, en un puro movimiento de reacción ante la inminente toma del poder por las derechas, a quienes democráticamente correspondía.

Ni siquiera se esperó a que la tentativa golpista tuviese la complicidad de los errores gubernativos. El nuevo gobierno, con tres ministros de la CEDA, se conoció el 4 de octubre. A la mañana siguiente, cuando los ministros aún no habían tomado posesión aún de sus despachos, comenzó en toda España la huelga general revolucionaria decretada por el PSOE y la UGT.

El Consejo de Ministros decreta el día 6 el estado de guerra en toda España. En Madrid fracasa la revolución golpista tras esporádicos tiroteos en dependencias públicas. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, nombró asesor especial al general Franco, quien llamó inmediatamente al teniente coronel Yagüe para mandar una columna de desembarco sobre Asturias, que desde el principio apareció como el foco principal de la rebelión golpista. Franco se convirtió así en el principal valedor y defensor de la legalidad vigente, recibiendo las mismos parabienes y las mismas adhesiones que 48 años más tarde recibió el jefe del Estado español, a la sazón Rey, con ocasión de los hechos, bien conocidos, del 23 de febrero.

Con la rebelión golpista de 1934, el PSOE perdió toda la autoridad para condenar el Alzamiento de 1936, sin duda uno de sus argumentos recurrentes en los últimos años. No así el dato de que fuese un socialista, Prieto, el encargado de arramblar con todas las reservas del Banco de España. Pero eso ya es harina de otro capítulo.