Las autoridades nigerianas deben suspender las demoliciones y los desalojos previstos en las áreas portuarias de Port Harcourt que dejarán a más de 200.000 personas expuestas a quedar sin hogar, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado recientemente.

“Las demoliciones previstas probablemente hundirán aún más en la pobreza a cientos de miles de personas pertenecientes a la población más vulnerable de Nigeria –afirmó Tawanda Hondora, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para África–. El gobierno tiene que parar los desalojos de la zona portuaria hasta que pueda garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.”

El gobierno del estado de Rivers afirma que la demolición de los muelles es necesaria para acometer el Plan Maestro de Gran Port Harcourt, proyecto de renovación urbana puesto en marcha en 2009. La construcción del paseo marítimo es una de las características principales del plan maestro, que afecta a toda la ciudad, pero todavía no se han dado a conocer todos los datos.

“No se ha consultado debidamente a ninguna de las comunidades afectadas por estos planes urbanísticos, y el resultado es que cunden la inseguridad y la incertidumbre” –afirmó Tawanda Hondora–. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos para identificar alternativas a los desalojos y sólo recurrir a éstos como último recurso.”

Las autoridades nigerianas no han elaborado un plan de reasentamiento que ofrezca alojamiento alternativo a los cientos de miles de personas que probablemente serán desalojadas.

El 28 de agosto de 2009, el asentamiento portuario de Njemanze fue demolido como parte del plan de reordenación urbana. Se calcula que más de 13.000 personas fueron desalojadas a la fuerza sin la debida notificación. Perdieron sus hogares y, en muchos casos, sus bienes y medios de vida. Un año después, muchos siguen sin tener donde vivir.

Chidi Ekiyor, de 15 años, duerme bajo un paso elevado desde que demolieron la casa que habitaba con su tía en Njemanze. Chidi contó a Amnistía Internacional que lo habían detenido en cinco ocasiones desde que perdió su casa. Casi todas las noches, él y los demás chicos sufrían el acoso de la policía o de otros chicos de mayor edad que les robaban el dinero o los golpeaban.

“El problema es el dinero –contó a Amnistía Internacional Charity Roberts, maestra de enseñanza primaria que vive en una propiedad marcada para ser demolida–. Ahora mismo, la gente no tiene lo suficiente para comer. ¿Cómo van a cambiar de casa? Hay personas cuya subsistencia depende de la ribera del río para pescar, para alimentarse… ¿Qué van a hacer ahora?”

El gobierno del estado de Rivers afirma que ha elaborado un plan de expropiaciones, adquiriendo todas las propiedades de la zona portuaria y pagando a los propietarios una indemnización por ellas. Sin embargo, con arreglo a este plan, las personas en régimen de alquiler, que son la inmensa mayoría de la población portuaria, son ignoradas por completo y no pueden reclamar ningún derecho. Tampoco se ha ofrecido alternativa alguna a los propietarios de viviendas que no desean vender su casa.

“Nigeria ha aprobado legislación que protege a los arrendatarios frente a los arrendadores sin escrúpulos. Resulta hipócrita, como mínimo, que cuando el propio gobierno estatal se convierte en arrendador, se salte sus propias normas” afirmó Tawanda Hondora.

Amnistía Internacional pide a las autoridades nigerianas que detengan todos los desalojos forzosos hasta que se hayan adoptado todas las garantías necesarias para que el desalojo se lleve a cabo conforme al derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye la elaboración de un plan de reasentamiento que proporcione vivienda alternativa adecuada a los residentes. Las autoridades deben llevar a cabo un genuino proceso de consulta pública sobre el Plan Maestro de Gran Port Harcourt y garantizar que éste se ajusta a las normas internacionales, en particular a las relativas al derecho a una vivienda adecuada.

Amnistía Internacional ha expresado también su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso ilegítimo de armas de fuego, por parte de las fuerzas de seguridad al llevar a cabo los desalojos forzosos. En octubre de 2009, al menos 12 personas fueron alcanzadas por disparos y heridas de gravedad, y una resultó muerta, en el muelle de Bundu, cuando efectivos de seguridad armados abrieron fuego contra la multitud que protestaba por los planes de demolición en la zona.