Elevar la edad real de jubilación a los 65 años, frente a los 63 años y nueves meses actuales, es la alternativa de quienes se oponen al retraso de la edad legal de los 65 a los 67 años. Esta propuesta del Gobierno promete ser el asunto más polémico de la reforma de las pensiones que discuten los grupos políticos en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Las protestas contra una medida similar -en este caso, de los 60 a los 62 años- han colocado a Francia al borde del colapso y bajo mínimos la popularidad de su presidente, Nicolas Sarkozy. En España, donde más del 40% de los trabajadores se retira de forma anticipada, los sindicatos ya han anunciado que no la aceptarán.

La edad de la jubilación es solo uno de los laberintos a los que el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, deberá encontrar una salida en los próximos meses. Además, deberá lidiar con las consecuencias de la reciente reforma laboral, afrontar la reforma de la negociación colectiva si no hay acuerdo entre sindicatos y patronal, y emprender una necesaria modificación de las políticas activas de empleo. Sobre ellas ya ha dicho que deberían llevarse más dinero que las pasivas, cuando ahora apenas suponen una cuarta parte, aproximadamente.

Retrasar la edad real de retiro supondrá actuar sobre un colectivo de unas 100.000 personas que cada año se jubilan antes de los 65, aunque las posibilidades de acción son bastante limitadas al estar ya muy próximo el tiempo real de abandono -63 años y nueve meses- al fijado por la normativa vigente.

Presión de los mercados

España es ya uno de los países europeos en que los trabajadores abandonan más tarde la actividad, pero eso no es suficiente para garantizar a largo plazo el sistema de pensiones. Así lo sostienen expertos, instituciones internacionales y el propio Gobierno, quien adelantó a comienzos de año su intención de alargar la vida laboral obligatoria a los 67 años para, entre otras cosas, tranquilizar a los mercados mundiales en un momento en que la credibilidad de la solvencia de España estaba en entredicho y encarecía de forma alarmante el coste de la deuda pública.

En España existen unos 368.000 perceptores de pensiones de jubilación menores de 65 años, lo que representa un 7% del total. Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Trabajo indican que el 41% de las nuevas prestaciones de ese tipo se generan antes de que el beneficiario cumpla los 65 años. Por otro lado, son poco significativos los retiros más allá de los 65, pese a los incentivos aplicados. Apenas se superan los 138.000 cotizantes mayores de esa edad; una cifra que ha crecido un 37% en cuatro años, pero que no tiene dimensión suficiente para alterar los principales parámetros del sistema.

Por otro lado, los perceptores de una pensión por jubilación flexible -jubilados que combinan un contrato a tiempo parcial con una parte de la pensión- son solo unos pocos miles -3.700 en 2007, menos de un 1 por mil del total-, aunque la cantidad se ha multiplicado por diez desde 2002.

Todo esto deberá ser tenido en cuenta por los legisladores y el Gobierno si quieren renunciar a alargar la edad de jubilación a los 67 años, una medida impopular donde las haya. Y ello, desde dos premisas básicas: que en España es muy fácil jubilarse antes de los 65, aunque sea a costa de perder parte de la pensión, y que los incentivos para seguir trabajando después de esa edad son escasos.

¿Qué ventajas aporta el retraso a los 67 años?

La principal es que el trabajador cotiza durante más y cobra dos años menos de pensión. Un doble mecanismo de equilibrio de las cuentas, aunque para que el primero sea efectivo se necesita tener pleno empleo, ya que de nada sirve que una persona siga cotizando a partir de los 65 años si existen desocupados a la espera de ocupar su puesto.

¿Qué inconvenientes acarrea retrasar la jubilación?

Con la edad, la productividad puede ser menor. Algunos colectivos ya tienen difícil llegar a los 65 años en buena forma, lo que elevará la invalidez. La iniciativa no tiene mucho sentido con un paro juvenil elevado como el actual -en torno al 40%-, mientras que se agravaría el riesgo de expulsión del mercado en la última fase de la vida laboral, que ya es un grave problema y que tiene importantes repercusiones en la cuantía de la pensión.

¿Qué alternativas hay?

La oposición y los especialistas contrarios a la iniciativa del Gobierno proponen aumentar los incentivos para retrasar voluntariamente la edad de retiro. El Ejecutivo ha apuntado, sin concretarlo, la posibilidad de compaginar una pensión con el trabajo retribuido. Otra línea puede ser dificultar las jubilaciones anticipadas, como las parciales por contrato de relevo -35.000 al año-, que tienen cada una un coste de unos 125.000 euros para la Seguridad Social; o encarecer esos retiros previos a los 65 años, a los que ahora acceden los asalariados, pero no los autónomos.

¿Qué se puede hacer con las prejubilaciones?

El Gobierno puede no autorizar con cargo a sus arcas las prejubilaciones -no confundir con las jubilaciones anticipadas-, fórmula ampliamente utilizada en los casos de reconversión industrial. Pero poco puede hacer con las que se realizan por la vía privada, que son un pacto entre las partes disfrazado de despido improcedente. Sí tiene margen cuando estas medidas son fruto de un expediente de regulación de empleo -con frecuencia, pactado en la negociación colectiva y supervisado por los sindicatos-, que puede denegar.

¿El retraso sería suficiente para garantizar el futuro del sistema?

Los expertos dicen que a largo plazo serán necesarias medidas adicionales para pagar las pensiones. El Gobierno también apunta la necesidad de ampliar el periodo de cómputo, situado en 15 años, lo que dificultaría el fenómeno denominado ‘compra de pensiones’, pero que supondría un recorte de la prestación final. Tal medida, no obstante, puede beneficiar a los trabajadores expulsados del mercado en la última fase de su vida activa.