El juez Ismael Moreno estudiará la querella contra tres ministros marroquíes presentada por una ONG
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno será el encargado de estudiar la querella criminal presentada por la Liga Española Pro Derechos Humanos contra tres ministros marroquíes y el gobernador de El Aaiun por los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos el 8 de noviembre pasado en el campamento de Gdeim Izik, han informado fuentes jurídicas.
Antes de tomar una decisión, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 tiene previsto solicitar un informe a la Fiscalía, que ya se ha manifestado partidaria de que la querella sea admitida a trámite al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de lesa humanidad con al menos una víctima de nacionalidad española, lo que permitiría a la Audiencia Nacional aplicar el principio de jurisdicción universal.
En la actualidad el juez Moreno instruye otras causas de justicia universal, como los genocidios supuestamente cometidos en China contra los habitantes del Tíbet y los miembros del grupo Falun Gong o las matanzas perpetradas en los campos de concentración nazis.
TESTIMONIO DE TRINIDAD JIMÉNEZ
Los integrantes de la ONG, que han presentado este martes una querella en la Audiencia Nacional, solicitan la declaración como testigo en la causa de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que detalle el conocimiento que tuvo de estos hechos y las medidas que el Gobierno español tiene previsto tomar al respecto.
Dirigen su acción penal contra los ministros de Interior, Taib Cherkaui, los titulares de Asuntos Exteriores y Defensa y el gobernador de El Aaiun, Mohamed Guelmouss, a los que acusan del asesinato de un centenar de personas, entre ellas el ciudadano español Baby Hamday Buyema, así como la desparición de otras 600.
La querella defiende que “el Derecho internacional vigente obliga a todos los Estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan, y con independencia de los agresores y sus víctimas”. Entienden que “conductas tan odiosas –que, además, permanecen en la impunidad– trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los Derechos Humanos fundamentales”.
