De record en record negativo. Dos millones de niños viven en hogares en riesgo de pobreza relativa -uno de cada cuatro menores-, según un informe de Unicef, que sitúa a España entre los países con una tasa más alta de pobreza infantil en el contexto de los 27 países de la UE, superada sólo por Rumanía, Bulgaria, Letonia e Italia.

“Ser un niño pobre en España no significa pasar hambre, pero sí tener más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder a la educación, pero sí tener dificultades para afrontar gastos o abandonar de forma temprana los estudios; no significa no poder ir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamientos”, ha explicado la directora del estudio, Marta Arias.

El informe ‘La infancia en España 2010-2011’ expone que el 24,1% de los menores de 18 años viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del 60% de la media de ingresos nacional, que para una familia de dos adultos y dos niños se sitúa en unos 16.000 euros. Destaca que ese porcentaje está por encima de la tasa de pobreza de la población total, que es de 19,5%. En los hogares con niños en los que ninguno de los adultos trabaja, el riesgo de pobreza se eleva a un 62,8%, frente al 9,3 de las familias en los que todos los adultos están trabajando.

Pero incluso teniendo en cuenta los hogares donde trabajan los adultos, España es de los países que presenta un nivel más alto de pobreza, situándose en 2008 en el cuarto estado de la UE con mayor tasa de este tipo de pobreza. “Este hecho está relacionado con la precariedad en el empleo, los bajos sueldos y el empleo a tiempo parcial”, señala Unicef, creando los conocidos como “trabajadores pobres”. En los hogares monoparentales y en las familias con tres o más hijos se disparan las tasas de pobreza en 19 y 25 puntos porcentuales, señala el informe, que también estima determinante pertenecer a minorías, ser niño inmigrante, menor discapacitado o vivir con personas con discapacidad.

Unicef señala que el nivel de gasto público destinado a familia e infancia se encuentra entre los más bajos de los países ricos y en último lugar entre los europeos, y considera que la reducción de la pobreza infantil no es una cuestión “tanto de recursos” como de diseño y planificación de políticas sociales. España es junto a Grecia el país de la UE en el que las políticas de trasferencias públicas tienen un menor impacto reductor de la pobreza infantil, expone el estudio, elaborado tras las observaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño sobre la aplicación en España de la convención de la ONU.

Dificultades de los hijos de inmigrantes

El Comité expone que la dispersión de competencias provoca importantes diferencias en la aplicación de la convención a los niños, dependiendo de su lugar de residencia; que existen barreras para el acceso de los hijos de inmigrantes en situación irregular a los servicios de salud y educación, y que España presenta “unos indicadores muy preocupantes” en relación con el rendimiento o el fracaso escolar. Expresa diversas preocupaciones sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados y por los sucesivos cambios legislativos en materia de responsabilidad penal del menor, “que han endurecido progresivamente las penas”.

“Unicef apoya el análisis del Comité”, ha dicho Paloma Escudero, directora de esta organización, que propone doblar la inversión en políticas sociales de infancia y familia y realizar un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil. Recuerda que la responsabilidad de aplicar la convención no sólo recae sobre el Gobierno, sino que afecta a las CCAA, ayuntamientos, Poder Judicial y organizaciones sociales, entre otros. “Hay que poner a la infancia en el corazón de las políticas”, ha dicho Escudero, quien ha propuesto a los partidos trabajar en un pacto por la infancia de cara a las próximas elecciones municipales”.