La sociedad española tardará mucho tiempo en conocer qué sucedió el 8 de noviembre en El Aaiún y en el campamento de jaimas situado a 12 kilómetros en el que miles de saharauis reclamaban mejoras sociales. Existen dos versiones diametralmente opuestas. Una, la del Gobierno marroquí, que asegura que sus policías «no utilizaron armas de fuego» y que los únicos muertos fueron diez de sus agentes; y otra, la de los activistas prosaharauis y ONG que se encontraban allí, que habla de «unos cien muertos civiles, 4.500 heridos, 600 desaparecidos y más de 2.000 detenidos».

El Ejecutivo español intenta guardar un difícil equilibrio entre uno y otro relato de los hechos. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se resistió ayer a condenar los incidentes ocurridos en la antigua colonia española y se limitó a expresar al titular de Interior marroquí, Taieb Cherkaui, durante la reunión que ambos mantuvieron en Madrid, la «preocupación grave» existente en el Gobierno por las acusaciones sobre lo ocurrido durante el cerco a El Aaiún, pero sin condenar nada ni a nadie.

Rubalcaba, después de la explicación pública que dio Cherkaui, tampoco se mojó respecto a la «detallada y minuciosa» explicación que le había dado el ministro marroquí sobre el operativo, aunque aceptó que «refuta» buena parte de las acusaciones de los saharauis, como que Marruecos perpetró «una masacre». Preguntado sobre si se creía la versión marroquí, no la dio por buena, pero tampoco por mala. Solo dijo que era «una versión muy detallada». Sí subrayó el compromiso adquiridos por las autoridades del país vecino para «investigar cualquier duda sobre personas o sucesos» que tenga el Ejecutivo español.

Sobre el veto marroquí a que los medios informativos españoles viajen a El Aaiún, el vicepresidente reiteró la postura gubernamental en «defensa de la libertad de expresión» como pilar de la democracia, y al hilo de esa reflexión, explicó que hay conversaciones a «alto nivel» con las autoridades de Rabat para solventar esta censura a los medios de comunicación españoles.

«Esperamos una respuestas en los próximos tiempos, días», remachó Rubalcaba sin entrar en los pormenores de esta negociación. Rubalcaba sí dejó claro que lo único «contrastado» es que durante la revuelta de El Aaiún murió el ciudadano español Baby Hamday Buyema. El Gobierno de Marruecos informó que la Fiscalía General de su país ha abierto una investigación para esclarecer cómo pereció Buyema. Cherkaui, que se refirió a la víctima como «ciudadano marroquí», dio su versión del fallecimiento: «Fue un atropello» y anunció que se han puesto en marcha pesquisas policiales y judiciales para esclarecer este suceso. Hasta ahí, coincide con la de la familia de Buyema, solo que ésta sostiene que el trabajador de una empresa minera fue bajado del autobús en que viajaba por agentes marroquíes y fue atropellado varias veces por un vehículo policial.

Cherkaui dio su explicación de la reunión con Rubalcaba en la residencia del embajador de Marruecos en Madrid -que curiosamente está vacía porque Rabat aún no ha designado al nuevo jefe de la legación-, y se extendió en un largo relato de los hechos ocurridos en el campamento de Gdim Izik. Datos y cifras desde que el 10 de octubre se instalaron las primeras jaimas hasta el 8 de noviembre, día en el que la policía marroquí «liberó a mujeres y niños en poder de milicias del terror». Según su relato, los primeros saharauis en instalarse en el campamento habían exigido mejoras sociales -trabajo, vivienda y acceso gratuito a médicos y hospitales- «reivindicaciones que en su mayoría habíamos aceptado» justo la noche anterior al asalto. Pero, prosiguió, un grupo de «narcotraficantes, delincuentes, personas en busca y captura y algunos que quisieron sacar ventaja política» e impidieron la libre circulación de personas.

Sin armas de fuego

Cherkaui, que justificó y alabó la actuación policial contra los rebeldes, que «actuaban con técnicas similares a las que emplean Al-Qaida» en la zona del Sahel, puso un vídeo grabado por la propia policía marroquí en el que se ven diversos momentos del asedio al campamento por miembros de la Gendarmería Real y Fuerzas Auxiliares que «en una hora pusieron fin al campamento sin utilizar armas de fuego».
El ministro dijo «desconocer» que una ONG española había interpuesto una querella contra él en la Audiencia Nacional y, en cualquier caso, negó de manera rotunda que en El Aaiún se haya cometido «genocidio o crímenes contra la humanidad».

Además, volvió a cargar contra la prensa española y justificó el veto a los medios españoles en que «algunos tergiversan la realidad».
Puso el acento, asimismo, en dos hechos puntuales: la utilización de dos fotografías, una de niños palestinos heridos tomada en la franja Gaza en 2006 y otra de un asesinado el pasado enero en Casablanca, «y la atribuyeron a El Aiún».