Jorge Dezcallar Mazarredo, era el jefe de los Servicios Secretos españoles, CNI, cuando se produjeron los terribles atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y estuvo directamente relacionado con las múltiples irregularidades de aquel trágico día. Como jefe de los Servicios Secretos del Centro Nacional de Inteligencia, Dezcallar fue consultado repetidas veces por la entonces ministra de Exteriores, Ana Palacio, sobre la autoría del atentado, para transmitirlo a los demás países aliados y a la ONU.

El entonces jefe del CNI insistió una y otra vez en que los autores no habían sido islamistas, sino ETA. Incluso cuando la policía ya contemplaba las dos posibilidades, él se mostraba contrario a las tesis policiales, pues según él «controlaba las redes islamistas que la policía investigaba». Pero, en clara contradicción, Dezcallar declaró más adelante que no tenía indicios de que hubiese células activas del terrorismo islamista en España.

El jefe del CNI sabía únicamente lo que los norteamericanos querían que supiese y dijese en cada momento, por eso, cuando la ministra Palacio quiso publicar en el Wall Street Journal que los autores de la masacre eran miembros de ETA, aquéllos, que estaban bien informados por el garganta profunda que siempre aparece en estos casos, rechazaron publicar la carta de Ana Palacio, nada menos que la ministra de Exteriores de un país que se supone aliado y amigo de Estados Unidos.

Alarmada por los datos recibidos y la negativa del rotativo The Wall Street Journal a publicar la información oficial del Gobierno español sobre la autoría del atentado, alegando que ellos disponían de abundantes datos que apuntaban hacia la participación de terroristas musulmanes, Ana Palacio decidió llamar a Dezcallar a medianoche para que le confirmarse la información de la que disponía, o la pusiese al corriente de cualquier novedad que se hubiese producido. Dezcallar le dijo que aunque no se descartaba nada, el CNI seguía apuntando a ETA como responsable.

Y en medio de tan terrible crisis, el jefe del CNI estaba tranquilamente durmiendo en su casa y seguía engañando a la ministra con falsas informaciones. De todos modos, cabe preguntarse ¿de dónde sacó el Wall Street Journal la información? ¿Quién se la filtró? Pues lo únicos que podían filtrársela: los que sabían positivamente quién había puesto las bombas.

La ministra dijo después que la información que recibió el Gobierno eran datos ‘no veraces e incompletos’. Esto fue usado por el PSOE para poner letra a su cantinela de que ‘el Gobierno mintió al decir que ETA era la responsable de los atentados’. ¿Tenía el PSOE entonces mejor información que la dada al Gobierno por las mismas fuentes? ¿Podemos pensar que Dezcallar mintió descaradamente, primero a la ministra Palacio, y después a la Comisión de Investigación y al juez?

Recordemos que Dezcallar fue el responsable de la información que se facilitó al presidente Aznar sobre las armas de destrucción masiva en Iraq. Lo cual nos lleva a pensar que Jorge Dezcallar actuaba obedientemente al dictado de la CIA.

A bombo y platillo se publicó en su día que el nombramiento del nuevo director civil del CNI, Jorge Dezcallar y la «número dos», María Dolores Vilanova, había venido determinado por su gran experiencia sobre Marruecos y el Norte de África, esta última fue jefa del espionaje español sobre el Magreb en la época de Manglano. Sin embargo, tras el trágico fracaso a la hora de prevenir los brutales atentados del 11-M llevados a cabo por terroristas marroquíes, lo único que se les ocurrió decir fue que “el espionaje español no contempló que el terrorismo islámico se pudiera fijar objetivos civiles”. Entonces, lo del 11-S qué fue sino un colosal ataque a objetivos civiles. Además ¿cómo va a ser una mujer especialista en el Magreb? ¿Con qué contactos podía contar si en los países musulmanes las mujeres están totalmente marginadas de la vida pública y del ejercicio del poder?

El imperdonable error del CNI, de una parte, al no detectar la posibilidad de que los terroristas islamistas de la supuesta célula de Al Qaeda en el Magreb llevasen a cabo un gran atentado en España en represalia por su apoyo a la intervención militar de Estados Unidos en Iraq y, de otra parte, la implicación del Servicio Secreto en la reyerta política de aquellos días, parecen, como poco, actuaciones irregulares y sospechosas.

Los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia “no contemplaban que la amenaza del terrorismo islamista se extendiera a objetivos civiles”, según confirmaron a diversos periódicos, después de los atentados, distintas fuentes del CNI. Sus analistas y expertos estimaban, por el contrario, que los terroristas que operaban en Iraq desde la caída de Sadam Hussein, así como la resistencia iraquí, tratarían de atacar a las tropas españolas desplegadas en la zona. Respecto al territorio español, apuntaban que la base aeronaval de Rota (Cádiz), que al ser de utilización conjunta con Estados Unidos, podía convertirse en objetivo como ya lo fue para Al Qaeda en julio de 2002, después de la crisis del islote de Perejil, cuando terroristas islamistas (marroquíes) planearon atacar esa instalación con lanchas rápidas cargadas de explosivos. Nunca se investigó, como tampoco se hizo con el 11-M, la posibilidad de que los Servicios Secretos marroquíes estuviesen detrás del asunto emboscados como miembros de Al Qaeda.

Los expertos analistas del CNI no temieron ningún 11-S español, ni tan siquiera cuando tuvieron constancia de los acuerdos estratégicos alcanzados en Iraq entre el terrorismo islamista y el desaparecido Servicio Secreto de Sadam Hussein, la Mujabarat, que desde la clandestinidad lideraba las acciones de la guerrilla contra las tropas estadounidenses y aliadas. Ni siquiera entonces, la ‘enorme’ experiencia en el Magreb que acumulaban los dos grandes jefes del CNI, impidió que una decena de confidentes de la policía –tal vez fuesen al mismo tiempo agentes marroquíes– llevasen a cabo el mayor atentado registrado en Europa.

Jorge Dezcallar, embajador en Marruecos hasta su nombramiento por Aznar para dirigir la reconversión de CESID en el nuevo CNI, se las daba de ser un excelente conocedor de la evolución política y social del país vecino y, por ello, perfecto entendido de la amenaza terrorista proveniente del Magreb. Y por si Dezcallar fuese poco especialista sobre el asunto, nombró a María Dolores Vilanova en el puesto de secretaria general, porque ya en época de Manglano ella fue la primera mujer que accedió a un puesto de responsabilidad del CESID, concretamente como jefa de la contrainteligencia en el Magreb.

Con Dezcallar el CNI dio entonces prioridad absoluta a las manidas “buenas relaciones con Marruecos” en todos los ámbitos. Por lo que tampoco se enteró de lo de Perejil en julio de 2002, ni le sirvieron de nada sus supuestos contactos.

Si revisamos las hemerotecas, o nos damos una vuelta por internet, veremos que el terrorismo marroquí contra España se inició a mediados de los años noventa con atentados contra bancos, centros comerciales y el asesinato (agosto de 1994) de dos turistas españoles en un hotel de Marraquech. Asesinato brutal que se silenció inmediatamente para “no perjudicar al sector turístico marroquí”.

Después de los atentados del 11-M, algunas fuentes del CNI declararon lo siguiente refiriéndose a aquellos inquietantes antecedentes: «No se interpretaron como un aviso para evitar que España se implicase en la coalición aliada contra Iraq». Entonces ¿cómo lo interpretaron?

Ninguna de aquellas señales disparó las alarmas en el CNI. Tampoco el asesinato del agente Bernal en Bagdad, y poco después el de los siete miembros de las dos células de Inteligencia (la que procedía al relevo y la que iba a ser relevada) en una emboscada de la resistencia iraquí.

Además del precedente por los asesinatos de ocho agentes españoles organizados por la Mujabarat iraquí, el antiguo Servicio Secreto de Sadam Hussein, un mes antes del 11 de marzo de 2004, el SISMI (la Inteligencia Militar italiana) alertó al CNI de que un coronel iraquí de la resistencia había entrado en España, procedente de Marruecos, para preparar atentados; otro informe noruego que alertaba de atentados contra intereses españoles, no fue correctamente analizado e interpretado. Cabría preguntarse por qué no se valoró esa información.

El caso es que el CNI recibió abundante información de servicios secretos extranjeros advirtiéndole que podía producirse un gran atentado contra objetivos civiles en plena campaña electoral para desestabilizar el país. Y esto lo han reconocido varios miembros del CNI. ¿Podemos pensar que no se hizo nada porque lo que se buscaba era precisamente el resultado que al final se produjo?

Durante su comparecencia ante la Comisión parlamentaria, Jorge Dezcallar quiso dejar claro que no hubo imprevisión del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el terrorismo islamista, y que el ejecutivo de Aznar no mintió al apostar desde un primer momento por la autoría etarra. Es más, el ex jefe del CNI destacó el éxito que supuso el que se efectuasen las primeras detenciones sólo 56 horas después de los atentados. Dezcallar asumió ante los comisionados el «error» de haber informado al Gobierno del PP a las 15:51 horas del día de los atentados sobre la pista de la banda terrorista ETA.

Durante los interrogatorios de la Comisión parlamentaria, pocos meses después de los atentados, Dezcallar afrontó las preguntas tranquilo, impertérrito. Incluso se permitió mostrarse risueño y hacer bromas, como si todo aquello no fuese con él. Y en una demostración palmaria de su cinismo, el que fuera máximo responsable de los Servicios Secretos españoles sostuvo que la «guinda» para apostar por la vía islamista fue el vídeo reivindicativo encontrado oportunamente en la noche del sábado 13 de marzo. ¡Qué casualidad! Apenas unas horas antes de que abriesen sus puertas los colegios electorales.

Durante sus comparecencias ante la Comisión parlamentaria, Dezcallar, en su papel de hombre bueno y honesto, quiso transmitir a la Comisión que no hubo la «imprevisión» que el PSOE reprochó al PP. Tras dejar claro que “los servicios de información españoles habían sido alertados únicamente de un ataque fuera de España” y añadió tajante: «Con los medios de que disponían mis servicios, no hubo imprevisión. Habría sido muy difícil impedir los atentados del 11 de marzo y tengo la conciencia tranquila. Seguramente se podría haber hecho más, pero los culpables son los terroristas». Absolutamente falso: sabemos que los servicios secretos italianos y los noruegos, al menos esos dos, le advirtieron del peligro de sufrir atentados en suelo español. ¿Por qué no se tomaron medidas al respecto?

Dentro de su comparecencia ante la Comisión, Dezcallar quiso hacer hincapié en la apuesta inicial por la autoría etarra. Explicó que desde las 9:30 horas del mismo día 11 los expertos del CNI en ETA y en terrorismo islamista, se reunieron para determinar qué organización podía haber sido la autora de la masacre. En un principio, sostuvo Dezcallar, se apuntó a ETA porque los agentes a sus órdenes estaban «obsesionados» con la banda terrorista, la única que mataba en España. Para dar más énfasis a sus palabras, recordó que en los atentados se empleó gran cantidad de explosivo industrial –no artesanal–, que no es fácil de obtener, algo que avalaba la pista etarra. Aunque reconoció que los atentados del 11-M no respondían a la forma de actuar de ETA –sin matrícula falsa y sin bomba-trampa en la furgoneta–, y recordó también que los etarras buscaron las pasadas Navidades (2003) una matanza en un tren, que se frustró por un fallo en el sistema instalado por los terroristas para alertar de la colocación del artefacto. También hizo hincapié en que ETA se encontraba dividida y que algunos años antes, Parot y Pakito, constituyeron un sanguinario comando “autónomo” que operaba sin el control de la dirección etarra.

Para Dezcallar, la clave para descartar la autoría de ETA fue el oportuno hallazgo del vídeo con la reivindicación de los atentados, aunque matizó que la línea etarra se siguió investigando hasta bastante tiempo después del 11-M. Además refirió las conversaciones telefónicas que mantenía todos los días con el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. «El día 11 le dije que la autoría apuntaba a ETA. Los días posteriores le aseguré que el CNI no tenía datos nuevos para avanzar en la investigación». También comentó que en el transcurso de una llamada telefónica efectuada el 11 de marzo por el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo la oportunidad de dar a conocer al entonces líder de la Oposición que las pistas apuntaban a ETA.

Ante la Comisión parlamentaria Dezcallar confesó que “su deseo era haber podido contribuir más”. Por su parte, lo primero que declaró Alberto Saiz Cortés, sucesor de Dezcallar en la dirección del CNI, fue que pediría a Aznar que devolviese los documentos del CNI que tenía en su poder, como si quisiese dar a entender que el ex presidente ocultaba algo.

La información que Jorge Dezcallar facilitó al Gobierno avaló la iniciativa de Ana Palacio ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que sus miembros suscribiesen una declaración de condena contra ETA. Pero, incomprensiblemente, se mostraron renuentes a hacerlo. ¿Qué motivos tenían los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para no creer a la atribulada ministra de Exteriores española?

Finalmente, los nueve países más poderosos del mundo firmaron la declaración de condena, pero el propio presidente Aznar tuvo que descolgar el teléfono para llamar a más de uno y pedirle personalmente que firmase. Ana Palacio era consciente de que el Consejo de Seguridad no había firmado la resolución por sus dotes de convicción o predicamento, sino porque los Servicios Secretos de los nueve países firmantes coincidían en aquellas primeras horas: tenía que haber sido ETA. La resolución se tomó por unanimidad; si hubiera habido algún tipo de duda en alguno de los compromisarios firmantes, no habría salido adelante. Y si acabaron firmando, fue porque sus propios Servicios Secretos avalaron la información de la ministra Palacio. ¿A qué viene entonces esa actitud hostil hacia España, un país amigo y aliado?

Cuando la ministra Palacio volvió a llamar a Dezcallar, éste la tranquilizó por enésima vez asegurándole: «¡Ha sido ETA!»

Sin embargo, en la madrugada del 12 de marzo, la ministra, a diferencia de Dezcallar, no podía dormir. Durante la tarde consideró la conveniencia de escribir un artículo para The Wall Street Journal, de cuyo director era amiga, para destacar la gravedad de lo sucedido y la monstruosidad que había cometido la organización terrorista etarra. Pero fue el propio director del periódico quien la llamó para decirle que no publicaría el texto, ya que manejaba información fehaciente acerca de una presunta reivindicación islamista que surgiría en Londres. Aún no había surgido pero… surgiría. ¿Cómo podía saberlo con tanta precisión el director de un periódico?

Ana Palacio seguía dándole vueltas a aquello a las dos de la madrugada. Por ello, y teniendo en cuenta la gran consideración profesional hacia Jorge Dezcallar, le llamó nuevamente y le sacó de la cama otra vez.

Ya antes había hablado con él de la oportuna aparición de la furgoneta Kangoo en Alcalá, a la que Dezcallar había quitado cualquier importancia, así que, de nuevo, el jefe del CNI la tranquilizó: “En este tipo de atentados existe lo que nosotros llamamos ruido en el sistema. […] Te puedo asegurar que he hablado con todos los Servicios de Inteligencia importantes y nadie ha oído ningún ruido sobre este atentado concreto”.

Sin embargo, un director de prensa en el otro extremo del mundo, sabía que el atentado sería reivindicado por terroristas islamistas… ¿Cómo podía saber un periodista lo que ignoraban los principales servicios secretos aliados?

Sólo cabe una explicación plausible: que los que dieron el soplo al Journal supiesen de antemano que acabarían apareciendo los terroristas islamistas porque en esos momentos “ellos” los estaban creando… Y ¿quiénes eran ellos?

Tal vez, los mismos que consideraban entonces con Aznar, y ahora con Zapatero, que el terrorismo etarra es una “cuestión doméstica” de ámbito exclusivamente español.

Suma y sigue

Las revelaciones de WikiLeaks sobre la Justicia española y su vinculación con los documentos del Departamento de Estado han sido presentadas en algunos medios como “maniobras” norteamericanas sobre políticos y fiscales. El enfoque de El País, sin embargo, minimiza la implicación de los jueces de la Audiencia Nacional, uno de ellos, Baltasar Garzón.

Según fuentes jurídicas, los fiscales están ‘habilitados’ para hablar; quienes no pueden hacerlo son los jueces. “Los jueces no pueden reunirse con nadie”, es el comentario de esas fuentes, que añaden: “¿Qué hace un juez de la Audiencia Nacional cenando con diplomáticos norteamericanos y hablando de procedimientos que tramita en su juzgado?”. Lo consideran una irregularidad flagrante.

La información que publica El País revela, por ejemplo, una reunión de Baltasar Garzón con el entonces embajador de Estados Unidos, Aguirre, en la que el magistrado le aconsejó que contactara también con otros jueces de la Audiencia, como Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Juan del Olmo. Y cuenta que se intentó el acercamiento “con diferente grado de éxito”.

Igualmente, habla de un encuentro del director del FBI en Madrid, Robert Mueller, con el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, y de una visita a Estados Unidos que le prepararon posteriormente.

A pesar de la irregularidad que supone el que unos jueces comenten asuntos de su competencia, el escándalo suscitado tras las filtraciones de WikiLeaks, no tendrá repercusiones para estos jueces porque no es previsible que el Consejo General del Poder Judicial tome ninguna iniciativa a ese respecto.

En lo tocante a la presencia del Fiscal General del Estado en los documentos enviados desde la embajada de Estados Unidos en Madrid, que relatan numerosos contactos y peticiones de información sobre asuntos como la muerte del cámara José Couso en Iraq, la situación de los presos retenidos ilegalmente en Guantánamo, y los vuelos clandestinos de la CIA, las citadas fuentes jurídicas apuntan que el Fiscal General del Estado norteamericano tiene representación de España en los ámbitos jurídicos internacionales y está habilitado para ello.

Es decir, que los norteamericanos consideran nuestro territorio una especie de ‘protectorado’ y nosotros se lo permitimos. Por supuesto, cuando se trata de colaborar en la lucha contra ETA, los norteamericanos lo consideran un “problema doméstico” y se lavan las manos. Lo mismo que nuestros “leales” aliados británicos que amparan al terrorista De Juana Chaos mediante triquiñuelas jurídicas para evitar su extradición. ¿Cómo hubiesen reaccionado en Gran Bretaña si aquí se hubiese dado cobijo a activistas del IRA con delitos de sangre a sus espaldas?

El caso es que la Fiscalía como tal puede informar a países aliados (¿?) sobre el estado de determinados casos, y en concreto con Estados Unidos hay firmado un acuerdo de colaboración. Uno más. Sin embargo, esa “colaboración” podemos calificarla, a tenor de lo visto, de bochornosa “subordinación”.