Caos total y respuesta ‘manu militari’. El plante masivo de centenares de controladores aéreos a media tarde de ayer, ante una nueva vuelta de tuerca del Ministerio de Fomento en la particular guerra que tienen abierta ambas partes, provocó el cierre del espacio aéreo español. Un descalabro sin precedentes que dejó tirados y sin puente de la Constitución a más de 250.000 pasajeros.

Escenas de desesperación e ira contra los vigilantes del cielo se vivieron en los aeropuertos de todo el país y de buena parte de Europa, mientras las autoridades y las compañías aéreas trataban de frenar el aluvión de pasajeros que se dirigían hacia los aeródromos. Ante la gravedad de los hechos, pasadas las once de la noche el presidente del Gobierno autorizó al Ministerio de Defensa a asumir el mando en las torres. A esa hora, solo unos pocos controladores de El Prat y el aeropuerto de Sevilla regresaron a sus puestos, mientras sus compañeros de Barajas se acercaban a su lugar de trabajo pero se negaban a firmar la documentación que deben rubricar para iniciar sus labores.

La militarización del servicio de control aéreo, un hecho sin precedentes en España, recuerda un gesto similar al de Ronald Reagan en 1981. Poco después de que José Luis Rodríguez Zapatero dejara en manos de Carme Chacón el espacio aéreo español, mandos militares se apresuraron a presentarse en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Sevilla con una orden clara, la de supervisar la gestión del tráfico aéreo, y bajo una amenaza: si no cumplían, caerían en un delito de sedición penado con entre cuatro y ocho años de cárcel. De hecho, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias penales por este posible delito, el de sedición. El fiscal pidió a la Policía y a AENA que dé informe de aquellos controladores que se ausentaron de sus puestos de trabajo, mientras que la Guardia Civil procedió a identificar a los controladores reunidos en un hotel próximo al aeropuerto de Barajas.

Al tiempo, varias decenas de controladores militares hacían lo propio hacia instalaciones de uso compartido con vuelos civiles ante la posibilidad de que fuera necesario desviar vuelos a esos aeródromos. El jefe del Estado Mayor del Estado asumía todas las funciones hasta que los controladores depusieran su actitud.

Todo sucedió sin que nadie pudiera preverlo. Por la mañana, el Consejo de Ministros aprobó, a instancias de José Blanco, un añadido a la ley que regula los tiempos de trabajo de los controladores aéreos, que en los últimos días habían protagonizado serios incidentes, argumentando que muchos habían completado su cupo de horas anual, hasta el punto de obligar a cerrar el aeropuerto de Santiago.

Ganar tiempo

La reacción del Ejecutivo, que bloqueaba una vez más mediante un ‘decretazo’ los movimientos de estos profesionales, desató su ira. De forma sorpresiva, y a la misma hora en que el presidente de su sindicato (USCA), Camilo Cela, llamaba a la calma en las torres, cerca de un 70% de los controladores se levantó de sus puestos de trabajo aduciendo que se sentían incapaces de continuar con su jornada laboral. Según fuentes de Aena, incluso, reclamaban que les atendieran médicos militares «para ganar más tiempo».

Uno tras otro, fueron ‘cayendo’ los aeropuertos. Saltaron todas las alarmas y la situación se complicó sobremanera. La tensión se adueñó de los pasajeros que esperaban en las terminales malagueñas, pero también de quienes tienen pensado volar en estos días festivos, ante la incertidumbre de si podrán llevar a cabo su viaje. Entre ayer y el próximo jueves, el aeropuerto de Málaga tiene previsto operar 1.338 vuelos (llegadas y salidas), con un total de 207.478 asientos. Del total de operaciones previstas ayer por la tarde y por la noche en el aeródromo de la capital de la Costa del Sol se llevaron a cabo aproximadamente la mitad, a pesar de que los controladores se mantuvieron en sus puestos a lo largo de toda la jornada, mientras que en el resto del país, excepto Andalucía, las torres de control se quedaron vacías. Las cancelaciones en Málaga afectaron tanto a conexiones nacionales como internacionales y hoy seguirán las consecuencias, ya que Iberia anunció que ninguno de sus vuelos saldrá hasta las 11.00 horas de hoy. Para hacer más llevadero el caos, Renfe anunció que ampliaba las plazas disponibles en sus red de AVE entre Málaga y Madrid con 316 asientos más a las 21.00 horas.

Gabinete de crisis

Blanco instituyó un gabinete de crisis junto al presidente de Aena, Juan Lema, y al secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, desde el que tratar de devolver la normalidad. Los controladores no deponían su actitud y la crisis alcanzaba proporciones insospechadas.

Pero Blanco se guardaba un as en la manga. El nuevo real decreto incluía la posibilidad de someter a la jurisdicción militar el servicio de control. El ministro lanzó un ultimátum: si a las 21.30 horas no abandonaban su «chantaje» en forma de «huelga salvaje», el Gobierno publicaría un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario y urgente para permitir ese paso. El objetivo era forzar el regreso a partir de las 22.00 horas, momento en el que debería procederse a cambios de turno en algunos aeropuertos.

Una posibilidad prevista en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Aérea, que prevé ese paso si el presidente del Gobierno así lo decide por concurrir «situaciones de emergencia, declaradas por el Ministerio de Defensa». Entraba en juego Carme Chacón, que se había sumado desde la discreción al equipo de urgencia, así como el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. El BOE, que entraba en vigor en el mismo momento de su publicación, incluía también otro punto sobre las extrañas ‘epidemias’ de los controladores, al señalar que serán los médicos que elija Aena los que examinen a los vigilantes del cielo.