El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho hoy en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición. Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en la capital aragonesa, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales.

Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito “muy grave” sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión. A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo “premeditado”, “concertado” y “colectivo”, con un grave daño para los ciudadanos y para España.

Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.