El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha firmado ya la propuesta de resolución, que implica la apertura de un plazo de quince días para que el colectivo afectado presente, si lo desea, sus alegaciones, ha informado hoy el Ayuntamiento en un comunicado.

La sanción económica se debe a una infracción administrativa tipificada como muy grave y a la “omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles y el mal estado de las instalaciones, que incide de forma negativa en las condiciones de salubridad del establecimiento público”, según la resolución municipal.

Además, se precinta el albergue “debido al grave riesgo que puede suponer para personas, bienes y animales, tanto la reincidencia de vulneración de las medidas provisionales como mantener abiertas las instalaciones”.

Según la Guardia Civil, a los dos responsables de la protectora se les imputó el delito de maltrato animal por sacrificar “de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada” hasta 2.230 animales aplicando bajas dosis de medicamento letal, lo que producía una muerte lenta.

A la directora de la protectora se le imputaron cuatro delitos más, entre ellos intrusismo profesional, al inyectar a los animales un producto eutanásico sin título para ello, y apropiación indebida, por no devolver en el plazo de permanencia legal animales entregados en su centro para su posterior adopción.