Entró con millones de deudas y peseguido por prestamistas de Marbella dada su afición al juego. Diez años más tarde salió del Ayuntamiento con un patrimonio estimado en más de 10 millones de euros. Pese a ello, el ex teniente de alcalde de Marbella y una de las caras más públicas del gilismo sorprendió, en el transcurso de su declaración ante el tribunal encargado de juzgar el ‘caso Malaya’, al reclamar al Ayuntamiento de Marbella los 40 millones pesetas, unos 240.000 euros, que se abonaron a las arcas municipales en su día por los aprovechamientos urbanísticos de una parcela «en la que jamás se construyó».

Pedro Román se refería al dinero aportado al Consistorio por los inversores, entre los que se encontraba, por el exceso de edificabilidad de una parcela en la que se barruntó un jugoso negocio. «Con todos los respetos, el Ayuntamiento, lejos de haberse sentido perjudicado, se ha enriquecido ilícitamente con 40 millones de pesetas por un convenio y una licencia que pensaba dar, pero que jamás dio. Aquello era un solar y sigue siendo un solar», defendió Román.

El ex edil dijo desconocer los detalles de esa provechosa operación inmobiliaria fraguada en Puerto Banús y que, según la Fiscalía, le reportó junto a sus socios -el abogado de origen alemán Juan Hoffman el ‘pope’ del urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y el comisario Florencio San Agapito- seis millones de euros.

La memoria no le flaqueó al ex concejal gilista de Marbella para recordar, sin embargo, que antes de invertir en el negoció buscó el asesoramiento de Roca y del entonces alcalde, Jesús Gil. El ex edil quería garantizarse que se ampliaría el techo de edificabilidad del solar.

El que fuera número dos del GIL hasta 1998 rindió cuentas sobre un pelotazo urbanístico llamado ‘Crucero Banús’, en el que figura como socio mayoritario. La operación consistió en la adquisición en 2001 de una parcela de uso comercial por 4,3 millones de euros y que más tarde se convirtió en suelo residencial con un aumento considerable de la edificabilidad. El fiscal acusa al ex edil y promotor inmobiliario de concertarse con Roca, también socio en la operación, para lograr la recalificación.

Un año después, en 2002, los propietarios vendieron el terreno a un constructor vinculado a Roca -José Ávila Rojas, también acusado en la causa- por diez millones de euros, provocando a las arcas del Consistorio marbellí un perjuicio, según el fiscal, cercano a los cinco millones de euros.

De Gil a Roca

Frente a la argumentación del Ministerio Público, el promotor salmantino sostuvo que su implicación en la operación consistió únicamente en formar un grupo de inversores para lo que contó con la colaboración del letrado Juan Hoffman, que se encargó de dar forma jurídica al negocio a través de una sociedad en Suiza. Román asevero que desde su salida del GIL en 1998 era «un proscrito de los bancos españoles» y que sólo podía actuar con cuentas en Suiza.

El promotor reconoció que decidió comprobar la viabilidad del proyecto con Jesús Gil, que le derivó a Roca para que le informara de las condiciones urbanísticas del terreno. «Roca me dijo que Gil ya le había llamado y que había un convenio anterior negociado», pero que no prosperaba porque el promotor no daba el dinero. «El señor Roca me dijo: tienes que pagar 240 millones de pesetas -1,4 millones de euros-, si quieres bien y si no, puerta», apuntó Román, quien añadió que esa cantidad era cuatro veces más de lo solicitado a otros interesados. Finalmente, el grupo inversor sólo aportó 240.000 euros, los mismos que ahora reclama Román al Ayuntamiento marbellí.

El ex edil desveló, asimismo, que solicitó ayuda a Roca para buscar alguna sociedad dispuesta a poner el 15% de la inversión restante para comprar la parcela. El inversor apareció a los pocos días, aunque hasta que no compraron la parcela Román no supo, según su declaración, que era el propio ex asesor urbanístico.