La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una polémica ley que permitirá al presidente, Hugo Chávez, gobernar por decreto desde la próxima semana y hasta seis meses antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 2012.

La aprobación de la Ley Habilitante, tras la segunda y última discusión, se ha producido con el voto de la mayoría oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y el rechazo de la veintena de diputados opositores, y a veinte días de que se instale la nueva Asamblea. “Se autoriza al Presidente de la República para que, en Consejo de Ministros, dicte Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley”, dice el artículo primero de la ley.

La ley aprobada ha sido llevada por la presidenta del Parlamento, Cilia Flores, al palacio de Miraflores, sede del Gobierno, donde se la ha entregado a Chávez. Ahora el Gobierno la promulgará y mandará que se publique en la Gaceta Oficial, momento en el que entrará en vigor, todo ello posiblemente, a principios de la próxima semana. Es la cuarta vez que Chávez recibe poderes especiales ya que dispuso de ellos en 1999, por seis meses; en 2000, por un año, y en 2007, por 18 meses.

Durante sus intervenciones, los representantes del PSUV argumentaron para la aprobación de la Habilitante que tanto la pobreza de algunos sectores sociales como las intensas lluvias que azotaron al país recientemente son consecuencia “de la irracionalidad del sistema capitalista”. También señalaron que si bien el Gobierno ha respondido a las primeras necesidades de los afectados “urge generar un marco legal específico” que acelere los planes oficiales para enfrentar a corto y largo plazo el problema. Igualmente se recuerda que las intensas precipitaciones han dejado 38 muertos, 132.000 damnificados instalados en 951 refugios, la destrucción de 35 puentes y de tres embalses de agua para consumo humano, la inundación de 46.000 hectáreas de cultivos y daños en 264 carreteras.

Por ello el proyecto de ley pedía, y la Asamblea lo ha aprobado, que Chávez pueda legislar en nueve ámbitos vinculados al desastre pero que a efectos prácticos, según la oposición, podrán satisfacer cualquier necesidad legislativa oficial. Entre ellos, figuran competencias en atención de “las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias”; infraestructura, transporte y servicios; vivienda y hábitat; ordenación territorial, desarrollo integral y del uso de la tierra urbana y rural, y en el ámbito financiero y tributario”. También otorga atribuciones en seguridad; defensa integral; cooperación internacional y “en el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación”.

Una ley oportunista

La oposición acusa a Chávez de querer aprovechar la situación de emergencia para hacerse con un mecanismo que le deje las manos libres y le permita legislar en función de su proyecto socialista durante los siguientes 18 meses. “Esta ley forma parte del paquetazo de leyes que ustedes (el PSUV) están aprobando en diciembre y que nada tienen que ver con la tragedia de las lluvias”, dijo durante el debate el opositor Ismael García. La igualmente opositora Pastora Medina insistió en lo innecesario de la ley y destacó que recurrir a una medida de esta naturaleza después de once años de gobierno es una prueba del fracaso de la gestión de Chávez.

El presidente reveló el jueves que ya tiene unos 20 proyectos de ley en estudio mientras que el vicepresidente, Elías Jaua, adelantó que los primeros decretos saldrán durante la quincena que siga a la entrada en vigor de la Habilitante. Las prevenciones opositoras sobre un uso amplio de la nueva herramienta gubernamental parecieron cumplirse con unas declaraciones del ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan. El funcionario anunció durante un foro en el Instituto Nacional de Canalizaciones que la Ley Habilitante servirá para “abocarnos a la problemática que son los oligopolios y monopolios” en el campo de la minería.