Por segunda vez nos ofrecen un socorrido golpe de fuerza al que se le pretende extraer la mayor rentabilidad. Sorprende que el gobierno más débil, titubeante y endeble del mundo occidental ahora se beneficie de una medida excepcional prevista en la Constitución. Los pensadores de la Carta Magna en ningún caso la concibieron para resolver conflictos laborales.

Esta aparente contundencia no la hemos percibido ni de lejos con Marruecos, Ceuta y Melilla, Cuba o Sáhara. Algo distinto debe estar sucediendo ahora para que resulte conveniente el puñetazo en la mesa, prorrogar hasta el 15 de enero la alarma que finalizaría el 19 de diciembre, y no dar razones que la justifiquen. El riesgo de un nuevo paro de los controladores no es suficiente para abusar de lo extraordinario, ni exime al gobierno de su responsabilidad en el caos originado hace pocos días en los aeropuertos españoles.

Los controladores se encuentran sin convenio desde diciembre de 2004, concretamente siete meses después de la llegada de Zapatero al gobierno de España. Los ministros Magdalena Álvarez y después José Blanco han dispuesto de tiempo sobrado para negociar con ellos las condiciones laborales adecuadas, las horas extras, las retribuciones y todo aquello que se considerase pertinente. No lo han hecho. Por el contrario, han mantenido intactos durante seis años todos sus privilegios insultantes y clasistas.

Para más pistas, hace unos diez meses se recrudeció el malestar de este colectivo y tampoco se aprovechó esa oportunidad para resolver definitivamente una situación cada día más crispada. El gobierno socialista se aferró al discurso fácil de los salarios abultados y de la escasa jornada laboral, que por otra parte no corregía. Eran afirmaciones que encontraban eco en la opinión pública por la comparación con las economías de las familias españolas, especialmente debilitadas. Con esa reacción de la sociedad, este gobierno cortoplacista se daba por satisfecho mientras sacara tajada electoral.

No movió un dedo por zanjar el asunto, por terminar con las condiciones ventajosas de un colectivo, por resolver una situación injusta y abusiva ni por negociar un convenio que pusiese el punto final a la amenaza permanente. Al contrario, se aprovechó políticamente del ataque a los controladores y mantuvo deliberadamente su inacción.

Los errores de este gobierno son tan frecuentes y numerosos que podemos añadir uno más sin temor a equivocarnos. Justo el viernes anterior al puente más importante del año, en el que miles de personas se desplazan en avión, el Consejo de Ministros de forma inoportuna quiere recuperar el tiempo perdido y adopta unilateralmente una serie de decisiones que afectan a los controladores. No les detiene la apatía gubernamental durante más de seis años, ni la más que segura reacción de protesta que provocarán en el colectivo. No se paran a pensar que se pueden ocasionar problemas de tremendas repercusiones en unos días especialmente señalados. No meditan sobre la conveniencia de esperar al viernes de la siguiente semana.

Discrepo rotundamente con la reacción de los controladores y apruebo que ante ella el gobierno recurriese al estado de alarma. No obstante, considero improcedente su prórroga y, como reflejaba al principio, el presidente Zapatero tiene toda la responsabilidad en este lamentable asunto por su permanente indiferencia y por desatender sus obligaciones sin inmutarse.

La eterna actitud socialista de tolerar lo intolerable nos ha conducido a un conflicto mil veces adivinado que, tarde y mal, se quiere arreglar con golpes de efecto. Nuevamente nuestro país da la nota proyectando una imagen de inoperancia e inutilidad absolutamente vergonzosas.

Por eso sé que ahora conviene la apariencia de fuerza. Sé que se ha estudiado perfectamente el impacto positivo que ésta puede suponer en la opinión pública. También sé que por ese motivo se estira un estado de alarma a pesar de que el 90% de los controladores se habían comprometido por escrito a no reproducir sus paros y sus conductas inaceptables.

Por todo lo anterior sé que Zapatero es el auténtico estorbo y que el presidente del gobierno es el primer problema que soporta nuestro país.

*Alcaldesa de Fuengirola y portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía.