El autor del artículo, disfrazado de 'Superpato', continúa inagotable su lucha contra los mercaderes de la banca.

Un particular, Giménez Soler, solicitó al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que se pronunciara sobre si “la cuenta vinculada abierta como consecuencia de la utilización de una tarjeta de crédito de CITIBANK ESPAÑA SA tiene la función y es por naturaleza una “Cuenta corriente de crédito con consumidores”.

En la reclamación/solicitud formalizada por escrito, queda reflejado todo el articulado y Normativa Bancaria que hace referencia a la posición de empresario (Citibank) y de consumidor (Gimenez Soler), así como, la naturaleza y operativa seguida en la Cuenta Corriente de Crédito, reconocida como tal y expresamente por la entidad financiera en una contestación previa a la reclamación.

Citibank, reconoce la concesión de una Tarjeta de Crédito, con un Límite de Crédito, de hasta 750.000.- pesetas, con la posibilidad de la devolución del capital dispuesto en pago al contado y/o aplazado.

Sorprendentemente, el Jefe del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, reconoce expresamente que la operativa seguida en la concesión, tramitación y ejecución (liquidaciones) “es un contrato de crédito mediante el cual la entidad emisora de la tarjeta se olvida, frente al titular de la misma, a poner a su disposición una determinada cantidad de dinero…”.

A pesar de lo indicado, el jefe del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, y el Letrado Asesor, en el cuerpo del Informe R/20002073, de fecha 14 de marzo del 2001, hacen constar expresamente “que no puede considerarse de aplicación a la Tarjeta de Crédito, la Ley 7/95 de 23 de marzo de Crédito al Consumo; en concreto son los artículos 2 y 19 los que la excluyen de su ámbito”.

Se aclara asimismo que “la limitación del artículo 19 al respecto del interés que las entidades aplican a los descubiertos y excesos que no podrá superar 2,5 veces el interés legal del dinero, no es aplicable a la cantidad dispuesta en tarjetas de crédito, al no estar sometidas las tarjetas de crédito a la Ley de Crédito al Consumo, tal y como se ha expuesto”.

Según las afirmaciones efectuadas por los Servicios Jurídicos del Banco de España, determinan que un Contrato de Crédito concedido a un Consumidor por una entidad financiera queda al margen de todas las Leyes de Consumidores y Usuarios de Servicios Bancarios.

Con fecha 5 de setiembre del 2003, el jefe del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, a través del escrito RO/20030216, se reitera en lo dicho anteriormente, con la misma argumentación.

AGENCIA CATALANA DEL CONSUMO

Ante las argumentaciones presentadas por los Servicios Jurídicos del Banco de España, y ante su reiterada negativa a rectificar lo expresado en dichos informes, Gimenez Soler, solicita por escrito, a la Agencia Catalana del Consumo, dependiente del Ministerio de Consumo, que se pronuncie sobre diversas cuestiones, resultando lo siguiente: “Las personas físicas que, en las relaciones contractuales que en ella se regulan, actúan con un propósito ajeno a su actividad empresarial y/o profesional, serán consideradas consumidores, tal como establece la Ley 7/95, del 23 de marzo, de Crédito al Consumo”.

Quedan excluidos del ámbito de ésta Ley, los créditos en cuenta corriente, concedidos por una entidad de crédito, que no constituyan cuentas de tarjetas de crédito. Asimismo, la mencionada Ley establece que los Contratos de Crédito al Consumo contendrán, además de las condiciones esenciales del contrato, la indicación de la Tasa Anual Equivalente (T.A.E.)”.

COMISION EUROPEA. Dirección General Sanidad y Protección de los Consumidores

Asimismo, se solicita otro informe a la Comisión Europea, sobre la Directiva 87/102/CEE, cuyo resultado es el siguiente: “El artículo 1, apartado 1, establece que la directiva “se aplicará a los contratos de crédito, de acuerdo con la definición del contrato de crédito que figura en el artículo 1, apartado 2, letra c); es decir, “aquel mediante el cual un prestamista concede o promete conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo o cualquier otra facilidad de pago”. Ello incluye, pues, los Contratos de Tarjetas de Crédito, tal como lo confirma el artículo 2, apartado 1, letra e), que excluye del ámbito de la directiva “los créditos en forma de anticipos en una cuenta corriente, concedidos por una entidad de crédito a una entidad financiera, diferentes de una cuenta de tarjeta de crédito…todas las disposiciones de la Directiva 87/102/CEE se aplican a los Contratos de Tarjetas de Crédito”.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO: Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno

También se solicita un informe al Gobierno de España, en el que se expresa lo siguiente: “Las cuentas de tarjetas de crédito se hallan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 7/95, de 23 de marzo, sobre Crédito al Consumo”.
Organismos Oficiales que han sido engañados: Gimenez Soler, a pesar de lo indicado en el informe, presenta una demanda judicial civil contra Citibank.

Lo expuesto en el informe es tan contundente que consigue engañar, tanto al Tribunal de Primera Instancia que sabe de la demanda, como a la Audiencia Provincial de Barcelona, cuyas Sentencias están basadas y contaminadas exclusivamente en el informe realizado por el Jefe del Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

Gimenez Soler remite copia del informe a la Dirección General Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comunidad Económica Europea, que caen también en la trampa, hasta el punto que en su contestación, indican que solicitarán al Gobierno Español, una rectificación y/o ampliación en la Ley de Crédito al Consumo, en el que se contemple que las Tarjetas de Crédito suscritas con Consumidores, estén dentro del ámbito de la mencionada Ley.
Gimenez Soler solicitó los mencionados informes, una vez que se ha dictado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Asimismo, y después de tener los informes referidos, Gimenez Soler solicita la correspondiente rectificación al Banco de España, remitiendo varios escritos a su Gobernador. Dan la callada por respuesta.