El Ayuntamiento de Valencia y el Consell, de manera conjunta, presentarán una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde por haber ordenado la orden de paralización del Plan de Reforma Integral del barrio del Cabanyal (PREPI).

La alcaldesa ya anunció hace una año que en dicha orden se podría estar produciendo una presunta prevaricación y ayer lo confirmó con un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado. El experto, a petición del Ayuntamiento, ha realizado un exhaustivo dictámen sobre la legalidad de la orden del Ministerio de Cultura y las conclusiones son demoledoras: afirma que “hay una interpretación del ordenamiento manifestamente irracional que hace ilegal, infundada y arbitraria la declaración de expolio”.

De la misma forma, en el informe se asegura que la orden tiene “vicio de nulidad” y que se ha producido “un ejercicio desmedido e imprudente de la competencia estatal”, que la orden es “irrespetuosa” y que no puede haber expolio sobre un bien que queda protegido de acuerdo a la legalidad. El dictámen asegura que la orden incurre en incoherencia que la hace “irrazonable y arbitraria al tiempo que manifiesta que el ejercicio de la competencia sobre expoliación persigue en este caso un fin torcido y distinto al fin constitucional y legal y que supone una desviación de poder con efectos anulatorios”.

Por todo ello, la alcaldesa ha asegurado van a iniciar una denuncia en el Tribunal Supremo contra la ministra de Cultura, auqnue podría también ampliarse al abogado del Estado y al funcionario subdirector general del Patrimonio Valenciano. De esta forma, Barberá confía en que el Gobierno retire la orden para que el Cabanyal pueda continuar con el proyecto.

La alcaldesa ha recordado que la prevaricación se castiga con la pena de inhabilitacióin especial para empleo o cargo público por un tiempo de siete a diez años.

El informe favorable que quedó oculto

Además, Barberá recordó que la ministra “había ocultado un informe que no le era favorable, emitido entonces por el subdirector general de Protección de Patrimonio el 14 de julio de 2009, y que como no le gustaba lo ha sacado del expediente. Después, en agosto, le cesaron”, explicó. Barberá apuntó que ya había requerido “notarial y judicialmente ese informe”. “Tengo este tema presentado en un gabinete de penal, porque es mi opinión personal, que la ministra ha competido prevaricación, así, como suena. Pero estoy a la espera de los técnicos”, subrayó.

Para la alcaldesa, el Plan de El Cabanyal ha sufrido una “agresión administrativa con el BOE”, pues es un plan “absolutamente legalizado, con todos los trámites administrativos llevados a cabo durante diez años”, y paralizado permanentemente por “sectores muy violentos en los que se apoya el Gobierno”.

Según dijo, la ministra Sinde “no conocía” lo que allí había, por lo que afirmó que querer mantenerlo como patrimonio histórico es una “absoluta mentira”. Añadió que “en un país avanzado un Gobierno no se hubiera atrevido a inmiscuirse en las competencias de otras administraciones”.

Un experto en Derecho Administrativo

La persona elegida por el Ayuntamiento y el Consell para elaborar los informes en los que basar la querella es Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y abogado. Ha desempeñado variedad de funciones a lo largo de su vida profesional: ha prestado servicios como funcionario (Técnico de la Administración Civil) en Presidencia del Gobierno durante los primeros años de la democracia en España, ha sido presidente del Comité de disciplina Deportiva, miembro del Consejo Ejecutivo de la Confederación (actualmente Asociación) Española de Fundaciones, vicepresidente de Gestevisión Telecinco, es miembro del consejo de redacción de diversas revistas especializadas y dirige su propio bufete de abogados en Madrid, desde donde ha asesorado a incontables entidades públicas y privadas.