Este lunes, Valeriano Gómez, titular de Trabajo, ha presentado la nueva ayuda de 350 euros a los parados ligados a la formación que sustituirá al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) y, ha dicho, tendrá un presupuesto asignado y dejará de concederse una vez se agoten los fondos. Es el primero de los movimientos que el Gobierno afronta la que es una semana clave para la economía española, cuando se deberán culminar dos de las reformas esenciales para el futuro del país. Así, el Gobierno debe sacar adelante la modificación del sistema de pensiones, haya alcanzado o no un acuerdo con los agentes sociales, y el cambio en el sistema financiero que afecta principalmente a las cajas de ahorros.

Según ha avanzado en rueda de prensa el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, cuando se acaben los fondos a esta nueva ayuda, no habrá nuevos fondos destinados a esta ayuda hasta el año siguiente, cuando se elaboren unos nuevos presupuestos.

“Cuando se acaben los fondos, no habrá fondos nuevos hasta el próximo presupuesto”, aseveró Gómez, quien afirmó que esta nueva ayuda es “mucho más amplia y mucho mejor” que el Prodi (la de los 426 euros).

Sobre la financiación de esta ayuda, apuntó que no habrá nuevos gastos sino que el dinero saldrá de una reorientación de los fondos. En concreto, se financiará con el ahorro fruto de la reducción de las bonificaciones a la contratación, con el adelanto de los fondos europeos y con la reorientación de las acciones de formación.
“Lo que planteamos es un programa amplio, que mezcla estímulos a la contratación, apoyos y ayudas a la formación, más amplio pues que el Prodi. Estamos tratando de poner a disposición de las comunidades nuevos instrumentos, pero también nuevos fondos, para que adicionalmente a lo que hacen tengan nuevos programas de formación para los desempleados”, ha explicado.

El plan contempla además la reordenación los recursos desde los ocupados a los desempleados, de tal forma que la idea del Gobierno es que entre el 35% y el 40% de todas las plazas de formación continua puedan ser ocupadas por desempleados.

Gómez ha explicado que el apoyo a los desempleados se realizará a través acciones de orientación y formación, mediante itinerarios personalizados e individuales que proporcionarán los servicios públicos de empleo, al tiempo que se impulsará el desarrollo de prácticas no laborales entre los jóvenes.

Primeras CCAA disidentes

El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, se ha mostrado en desacuerdo con el plan de choque en materia de empleo presentado por el Gobierno, y ha subrayado que este plan es “tardío, improvisado e insuficiente”.

“Las Comunidades Autónomas tenemos que someter nuestro gasto al cumplimiento del déficit público establecido en el 1,3 por ciento del PIB”, ha subrayado tras considerar que “no puede ser que el próximo viernes el Consejo de Ministros apruebe un plan de choque que no está recogido en los presupuestos, que carece de memoria económica y que se desconoce cómo se va a financiar”. En este sentido, ha recordado que Castilla y León está ejecutando su propio programa de empleo consensuado con agentes sociales y económicos.

En el mismo sentido hablaba la consejera de Empleo del Gobierno canario, María del Mar Julios, quien ha declarado que la intención del Ejecutivo central de trasladar a las comunidades autónomas la competencia de conceder la prestación por desempleo a los parados supone meterlas “en un callejón sin salida, porque no hay fondos para financiarlo, los presupuestos están cerrados y no podemos endeudarnos por orden del ministerio de Economía y Hacienda”.

41 años cotizados para jubilarse a los 65 años

Por otra parte, Gómez ha insistido en que la idea del Gobierno es ampliar a 67 años la edad legal de jubilación y mantener la posibilidad de retirarse a los 65 años para carreras largas de cotización, cuando se hayan cotizado 41 años. Ademas, ha recordado que, en todo caso, la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años se hará de forma progresiva, desde el 1 de enero de 2013 hasta el año 2027.

Gómez ha reiterado que, con una esperanza de vida cada vez mayor, la vida laboral tiene que prolongarse hasta los 67 años. “Pero cuando se haya cotizado suficiente tiempo, 41 años en la propuesta inicial, que pueda haber jubilaciones a los 65 años”, ha añadido.

En rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, Gómez se ha negado a dar detalles de la negociación que mantiene con sindicatos y empresarios por respeto a ellos, pero sí ha adelantado que las conversaciones “se van a intensificar” en los próximos días para tratar de conseguir un acuerdo antes del viernes, fecha prevista para la aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros.

Una semana “muy importante”

Ha sido el propio vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el que ha calificado esta semana de “muy importante” para la economía española.

En los próximos días, el Ejecutivo tiene previsto dar un “acelerón” a la política de reformas y quiere sentenciar dos de las más relevantes para el país: la de las pensiones y la del sistema financiero.

Respecto a las pensiones, Rubalcaba ha señalado la importancia de llevar a cabo la reforma “con consenso político”, sobre todo con trabajadores y empresarios. “Con ellos hay que hacerlo y con ellos lo estamos haciendo”, ha comentado.

Sin embargo, Ejecutivo, sindicatos y patronal todavía no han alcanzado un acuerdo al respecto pese a que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la reforma, hay o no consenso.

El objetivo del Gobierno es llegar a un pacto que incluya pensiones, mercado laboral, expedientes de regulación de empleo, negociación colectiva y políticas activas de empleo, pero CCOO y UGT han señalado que hay más elementos de separación que de acuerdo, a pesar de la voluntad de las partes.

Además, esta semana el Ejecutivo también quiere acelerar el proceso de reforma del sistema financiero. Tal y como ha explicado el vicepresidente, la meta es que “bancos y cajas presten dinero a las familias, empresas, a los pequeños y medianos empresarios para crear riqueza y empleo”.

Así, Rubalcaba ha definido como “el corazón de la economía” al sistema financiero, por lo que, ha dicho, es importante que “quien quiera invertir y arriesgar tenga créditos disponibles a dinero barato”.