El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado el archivo de la causa que investiga el supuesto chivatazo a la red de extorsión de ETA. A través de un auto, el magistrado instructor del juzgado número 5 de la Audiencia transforma el procedimiento de instrucción en sumario y pide que se realicen nuevas diligencias. El juez acuerda la realización de más pruebas en contra del criterio de la Fiscalía, que en octubre pasado reclamó el archivo del caso y la semana pasada argumentó que no había motivos para practicar nuevas diligencias. Frente a esa postura, Ruz mantiene los indicios de delito: sostiene que pudo haberse producido revelación de secretos y colaboración con organización terrorista. La pena que podrían conllevar (tres años en el primer caso y diez en el segundo) supera el límite legal de nueve años establecido para que el procedimiento sea abreviado.

Para el 8 de febrero, el magistrado ha citado a declarar a dos funcionarios de policía y al periodista de La Razón José Zuloaga, experto en información antiterrorista. Entre las otras diligencias que reclama para concretar los indicios de delito están unas pruebas periciales a la Guarcia Civil sobre las cintas de vídeo grabadas durante el seguimeinto al dueño del bar Faisan de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, que supuestamente dirigía la red de extorsión etarra.

Para el juez, el hecho de incoar sumario no significa que existan los delitos, sino que hay que analizar los indicios existentes de esa posible colaboración terrorista y revelación de secretos porque procesalmente no se pueden descartar. Ruz ha adoptado esta decisión después de que el fiscal informara la semana pasada de que no es necesario realizar ninguna diligencia nueva después de analizar los 645 folios remitidos por Francia sobre este asunto, nueve de los cuales han sido declarados secretos y que están siendo estudiados aparte por el fiscal.

El juez considera que la declaración prestada por Elosua y los agentes “no han sido lo suficientemente concluyentes en lo atinente al sistema de grabación que operaba sobre el bar Faisán” y por ello pide al equipo investigador que amplíe su informe sobre los hechos y que los concreten cronológica y geográficamente. Reclama también a la Policía un informe sobre la existencia de cortes en la cinta VHS “que cubran, en su caso, el período temporal en que se fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba Elosua”, dueño del establecimiento e imputado en la causa general sobre la red de extorsión de ETA.

Nuevas citaciones

También pide una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado y que se identifique a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia, además de pedir a la Guardia Civil una nueva pericia sobre los cortes de la cinta. Entre otros datos, el juez quiere saber la hora exacta en la que sale del bar Elosua, basándose en el tráfico y duración de sus llamadas, así como que se determine si la puerta que se estaba grabando es la entrada norte o sur del local, que se realice un croquis de la zona, una infografía animada que sirva como pericial si va a juicio o un estudio fisionómico de las personas que entraron o salieron del bar.

Ruz cita para el próximo 8 de febrero a los que fueran inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y jefa de la Sección de Análisis de esa misma Brigada en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, ya que quiere que aclaren ciertos extremos contradictorios en sus manifestaciones anteriores en sede judicial. También cita como testigo al periodista de La Razón Jesús María Zuloaga ya que mantuvo una conversación telefónica con uno de los tres imputados en la causa, el Jefe Superior de Policía del País Vasco.

Sobre las llamadas telefónicas, el magistrado también quiere que la Policía le explique cómo se hace el estudio de las llamadas, si existe otra posibilidad como las llamadas de tipo prepago o que determinen cómo se trabaja con las cintas. Se dirige también a los técnicos de Telefónica que realizaron la pericia sobre el tráfico de llamadas relativos al supuesto “chivatazo” para que amplíen su informe por si no han tenido en cuenta los repetidores situados en Francia, ya que el bar está situado al lado de la frontera. Además, Ruz da un plazo de 10 días a dos de los imputados para que le identifiquen al supuesto confidente con el que, según ellos, iban a mantener una reunión en Francia y por eso existía tráfico de llamadas entre ellos, con el objeto de tomarle declaración con todo tipo de garantías.

El caso del supuesto “chivatazo” con el que se alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de chantaje el 4 de mayo de 2006 se desglosó de una pieza genérica que instruyó Garzón sobre las cartas que la organización terrorista enviaba a los empresarios para reclamarles el eufemísticamente llamado por los etarras “impuesto revolucionario”.