La vida de Juan Acacio Sánchez, 33 años, conductor de autobuses, cambió para siempre el 24 de julio del año pasado. Fue el último día que vio a su hija de dos años. Su mujer, que vivía hasta entonces con él en aparente normalidad, se llevó a la pequeña a Valencia a visitar a unos familiares. Le anunció por teléfono que no volvería a verlas…Y así fue.

El padre, en vista de que no había forma de localizarlas, interpuso una denuncia ante los Mossos d’Esquadra por sustracción ilegal de menores. El juzgado de guardia abrió y cerró diligencias, es decir, nadie dio orden entonces de buscarlas. Juan avisó a la familia de ella de la denuncia y pocas horas más tarde era ella la que le denunciaba a él por maltrato psicológico.No obstante, de la denuncia de ella no se enteraría hasta noviembre, cuando también le informaron de que habían dictado una orden de alejamiento. «Nadie me citó, no pude declarar nada, y eso que estaba perfectamente localizable », se lamenta.

La abogada de Juan, Susana Rodríguez, consiguió que se reabrieran las diligencias para localizar a la mujer de Juan y su hija, pero hasta ahora no han obtenido resultados. «Los juzgados van saturados de trabajo», dice ella. Juan piensa diferente; sospecha que la denuncia que ella interpuso es la que está retrasando todo. La orden de alejamiento sólo incluye a la mujer de Juan, pero en la práctica él no puede buscar a su hija por su cuenta porque es de suponer que estará con la madre.

Juan se siente impotente y le preocupa no sólo haber perdido el contacto con su hija, que no le reconozca, sino también que no esté recibiendo la atención que necesita, pues amerita atención médica por ciertos problemas en el desarrollo, pero ahora, como está en paradero desconocido, no hay forma de saber cómo se encuentra.

Quejas por discriminación

Historias como las de este padre no serían aisladas, según denuncian las asociaciones de padres divorciados. Aseguran que cuando es una madre la que interpone la denuncia por sustracción de menor, la Justicia actúa de un modo mucho más ágil que cuando quien interpone la denuncia es un hombre.

Las asociacionesTarragona por la Custodia Compartida y APFS, que han documentado casos de padres que habrían sido discriminados judicialmente sólo por su género, ponen como ejemplo el caso de un padre
de Tarragona que tiene la custodia de sus hijos. Tras numerosos incidentes el hombre se llevó a los niños sin permiso a otra ciudad. La madre interpuso también una denuncia de sustracción de menores. El juzgado emitió una orden de búsqueda y captura y el padre fue detenido delante de sus hijos para notificarle la denuncia. Debe acudir al juzgado dos veces al mes.

El otro ingrediente común en el caso de Juan tiene que ver con la denuncia de malos tratos. Su abogada explica que ahora que han tenido acceso al atestado policial saben que en la denuncia «no se presentó informe médico alguno, sólo la declaración de ella».

Otros abogados consultados reconocen que algunas denuncias de malos tratos son presentadas como una carta más en el juego del divorcio. La decisión, en noviembre pasado, del Consejo de Ministros de instar al Parlamento a que cambie el Código Civil para que los maltratadores condenados no puedan quedarse con la custodiadelos hijosnohahechomás que alborotar el avispero. de las víctimas reales, injustamente bajo sospecha (no hay datos de denuncais falsas). Hace dos semanas una veintena de mujeres protagonizó un encierro en Madrid para pedir que los niños no queden en manos de sus maltratadores. Critican que amparándose en el Síndrome de Alienación Parental muchas víctimas han perdido o viven con la amenaza de perder a sus hijos.

Cuando la ley no es igual para el padre y lamadre

Las asociacionesTarragona por la Custodia Compartida y la Asociación de Padres de Familia Separados, APFS, acaban de presentaruninformetitulado ‘Parcialidad de la actuación judicial en los casos de malos tratos a menores’.

En el mismo documentan nueve casos de padres y madres divorciados que han denunciado al otro cónyuge de haber maltratado a sus hijos.

La conclusión, a la luz de los casos, es que la justicia no actuaría con la misma diligencia cuando se trata de hombres o mujeres. «Cuando una madre denuncia malos tratos de menores contra un padre, la tendencia habitual por parte de jueces y fiscales es restringir inmediatamente las relaciones personales entre padres e hijos, o suspenderla directamente», dice el escrito.

Cuando es el padre quien denuncia aseguran que los casos tienden a ser archivados directamente o a ser estudiados con tal lentitud que es imposible probar el maltrato. Critican además que es habitual que quien acompañe a declarar o explorar a los menores sea la madre, aunque sea ella la supuesta agresora.

Finalmente, lo que lamentan ambas asociaciones de padres es el hecho de que en medio de esta doble vara de medir judicial «haya menores que queden desprotegidos».