Lo que ocurrió en las elecciones europeas de 2009 con el Partido Pirata en Suecia fue, a juicio de los politólogos, una expresión de descontento con los formaciones políticas tradicionales en una situación de crisis. El caso es que ese partido obtuvo el 7,15% de los votos, o dos escaños en Estrasburgo, y tenía más de 43.000 afiliados, el tercero en Suecia por número de afiliación.

Esta organización defiende el respeto del dominio público -el uso libre- de la mayoría de obras y descubrimientos, incluidos los de las empresas biotecnológicas y exige la transparencia de todas las actuaciones de la Administración, que según su ideario debería usar siempre software libre, como Linux.

En su versión española, el Partido Pirata tiene agrupaciones en Madrid, Aragón y Murcia, y se están creando las de Andalucía y Galicia. Como bandera, enarbolan «los derechos humanos, la difusión científica, tecnológica y cultural universal, el software libre, la descriminalización del intercambio de archivos sin ánimo de lucro y la neutralidad de la Red». A la ‘ley Sinde’ la llaman ‘ley Sinde-Biden’. En cuanto a las descargas, recuerdan que el intercambio de archivos es legal en España y recomiendan sitios como The Pirate Bay, cuyos responsables -suecos- se encuentran a la espera de que termine un juicio por violación de derechos de autor.

Pirates de Catalunya, herederos del partido sueco, se presentó a las elecciones catalanas de otoño de 2010. Consiguieron 6.500 votos, el 0,2% de los sufragios.