Un perro que la policía local de Cabrils (Maresme) había requisado de forma inusual murió de forma atroz ahogado enredado con la correa que lo sujetaba. Los propietarios Francisco y Adriana, apoyados por entidades proteccionistas y partidos políticos han iniciado una campaña popular y han anunciado la interposición de una denuncia contra el ayuntamiento y los agentes que se negaron a devolverles el animal comisado pese a presentar la documentación requerida.

Los hechos se remontan a la semana pasada cuando Bobo, una mezcla de pastor alemán y mastín, fue denunciado por el propietario de otro can con el que se peleó en un parque público. La disputa entre los dos canes activó la acción policial y dos agentes se personaron en el domicilio de sus propietarios, que tienen otros tres animales, para proceder a requisar al perro que está debidamente identificado con el microchip, sin atender a los ruegos de la compañera del propietario, Adriana Malagarriga, que explica a La Vanguardia.es: “no sabía donde estaba la cartilla de vacunación y les supliqué que esperaran por la noche a que mi compañero volviera de trabajar”.

Los agentes, en contra del protocolo habitual en estos casos, trasladaron al perro al centro de acogida de animales municipal, un espacio que ha recibido numerosas denuncias por el decadente estado que muestra. Se trata de una instalación compartida con el depósito de vehículos donde se almacenan neumáticos y motocicletas en estado de abandono (ver fotografía) y en la que los perros pasean entre los vehículos. Sorprendentemente, el funcionario encargado del centro municipal no metió a Bobo en una de las jaulas cubiertas habilitadas para tal fin y lo dejó atado con una correa al otro extremo del solar, donde pasó toda la noche del miércoles. Al día siguiente por la mañana, el cuerpo sin vida del animal apareció colocado de puntillas y con la cadena enrollada al cuello, con evidentes señales de haber sufrido una muerte espantosa.

A la actitud del cuidador de la perrera de Cabrils se suma la poca predisposición de la policía municipal a solucionar el problema. Según los denunciantes “la noche del miércoles fuimos con la cartilla de vacunación del perro a la comisaría” con ánimo de recuperar a Bobo pero nada más lejos de la realidad. El agente que les atendió ignoró su desazón y se mostró grosero y amenazador: “tengo otras cosas más importantes que hacer que ir a buscar un perro” les espetó. A la mañana siguiente los afligidos amos del can recibían una fría notificación oficial sobre el deceso.

Desde el consistorio lamentan el hecho pero no avanzan sobre la apertura de un expediente. Mercè Fernández (ICV-EuiA) concejal de Medi Ambient y responsable política del núcleo animal se mostró consternada por el hecho ya que, según declaró a este diario, está estrechamente vinculada a entidades animalistas. “Se trata de un accidente lamentable” afirmó mientras mostraba su decepción con los funcionarios de la perrera, justificando que “los políticos debemos fiarnos de los técnicos”. La edil reconoció que si le hubiera sucedido a su perro “habría reaccionado igual” y que encuentra absurdo “que no pusieran al perro en una de las jaulas habilitadas”. Aún así, declaró que no desea abundar en declaraciones “hasta que la justicia dirima”.

Tal es la indignación que la muerte de Bobo ha producido en la localidad que incluso se ha iniciado una campaña a través de Facebook (Justícia pel Bobo) para sumar apoyos. La polémica se ha extendido hasta tal punto en la pequeña población de Cabrils que al conocer los hechos, un concejal en la oposición, Alfredo Serrano, de Veïns Independents de Cabrils (VIC), anunció que exigirá la apertura de una investigación para exigir responsabilidades. En caso de proceder, también apunta que su partido ejercerá la acción popular. Serrano recuerda que en su día “intentamos que, para tener la perrera en estas condiciones, se trasladase a los animales al Centro de Acogida de Argentona” por lo que se muestra extremadamente critico con “el nido de porquería que debería ser un centro de acogida de animales”.

Quien ya ha anunciado la posible acción penal es la Fundación Altarriba. La asesora jurídica de la entidad animalista, Yolanda Valbuena, aseguró ayer que “requeriremos al consistorio sobre los protocolos y el criterio que aplicó el policía que se llevó al perro de un domicilio privado” sin tratarse de un animal catalogado como potencialmente peligroso. La regla que se aplica en estos casos que no revisten gravedad, según la abogada “es dejar al perro en cuarentena en el mismo domicilio” hasta que se presente la documentación requerida. De igual forma, Valbuena tampoco alcanza a comprender como el policía requirió la cartilla de vacunación “cuando no había mordido a ninguna persona, sólo se había peleado con otro perro”.

En lo que se refiere al estado de la perrera municipal, en el requerimiento que presentará Altarriba hará constar explícitamente que la Ley de Protección Animal, según su decreto del 2/2008 prohíbe mantener atados a los perros durante muchas horas. La asesora jurídica también muestra su indignación por la actuación policial “sobre todo porqué deberían de ser los garantes de la ley”.

Coinciden todos los afectados por la muerte del mastín que hay demasiados “bobos” olvidados en los archivos de las perreras municipales. Pero este caso, el de Cabrils, es distinto, es un acto negligente con un resultado tan desgarrador que nadie en el pueblo está dispuesto a olvidar y mucho menos la familia afectada. “Acabará siendo el clamor popular” que se ha encendido en Cabrils el “que se encargará de hacer justicia”.