Rafael M. Martos.- A medida que hemos ido publicando la historia de Julian Martínez García, delegado de la Junta de Andalucía en Madrid, mayor ha sido el asombro causado por su singularidad. Es increíble el cúmulo de despropósitos que se acumulan y que parecen causar sólo indiferencia en la administración.

Es evidente que alguien que logra que cuando a su novia la trasladan a Madrid de ministra, le monten a él un chiringuito para irse con ella, no es un don nadie. Quizá eso explique que haya pasado todo lo que hemos venido contando y que nadie haya respirado.

En un breve resumen podemos recordar que Martínez fue la persona escogida por la Junta de Andalucía para hacer una prospección arqueológica a raíz del hallazgo de una galeota en Los Escullos. El motivo de su elección para este trabajo algunos sospechan que tenía que ver con estar emparentado vía marital con un alto cargo del Gobierno andaluz de la época… socialista él, claro. La proyección que podía tener este trabajo en la carrera de el entonces joven arqueólogo no es algo que pueda pasarse por alto.

El caso es que a estas alturas de la película, casi veinte años después, la Junta de Andalucía se niega a facilitar al descubridor de la galeota, José Santos Urquiza, el expediente que debió elaborarse con motivo de la prospección, en el que entre otras cosas debe aparecer exactamente qué se encontró, qué valor tienen las piezas, qué se ha hecho con ellas (qué se dejó abajo y qué se subió para su análisis) y dónde están.

Pues si de eso no se sabe nada, de lo que sí se sabe es de la parte económica de la historia. Y es que Martínez recibió dos subvenciones de la Junta para poder hacer el trabajo en cuestión, dato que se conoce de modo indirecto, ya que la justificación de ese dinero debe estar en el famoso informe que la Junta de Andalucía se niega a soltar.

Las subvenciones se conocen porque él mismo reconoce el número y cuantía ante la Inspección de Trabajo cuando es denunciado por no tener contratados a cinco buzos y tampoco pagarles la Seguridad Social. Es decir, Martínez recibió dinero público para hacer un trabajo pero no cumplió con la obligación de dar de alta a sus trabajadores.

Resulta también sorprendente que cuando es denunciado por esta cuestión por Urquiza, la Inspección de Trabajo le responda que no le acepta la denuncia, que sólo la tramitará si hay una sentencia condenatoria sobre Martínez. A ver, para que haya sentencia tendrá que haber juicio, y para haber juicio habrá que aceptar la sentencia ¿no?

Finalmente sí hubo sanción al arqueólogo-empresario, gracias a que el Defensor del Pueblo intervino en el caso e instó a que se investigaran los hechos.

La sanción tampoco fue muy allá. Se limitó exclusivamente a obligar a Martínez a pagar la Seguridad Social impagada, cosa que… parece ser que no hizo.

Mirando el documento que contiene la vida laboral de los buzos, podemos observar un detalle extremadamente curioso, y es que por el tiempo que trabajaron con el famoso personaje, cotizaron cero días. Seguro que a muchos empresarios les interesará conocer cómo pudo lograrlo, pues ahí va el truco: se trata de poner como fecha de alta en la empresa una posterior a la baja. Sí, a uno le dan de alta el 28 de febrero y de baja el 20 de febrero, días cotizados: cero.

Quizá ese sea el motivo por el que cuando en junio de 2009 se pregunta a la Inspección de Trabajo en Almería si se ha cumplido con esa sanción, la respuesta es que el citado expediente “no consta” en sus archivos.

Y con esto volvemos al principio. ¿Cual es la razón de que la Junta de Andalucía no facilite al descubridor de la galeota sobre la que Martínez hizo la prospección el informe correspondiente? ¿Cual es la razón de que en 2011 siga sin responder a las insistentes preguntas de quien encontró unos restos arqueológicos que ocuparon portadas y portadas de periódicos locales, que permitieron a consejeros socialistas hacerse bonitas fotos en Los Escullos? ¿Dónde están los restos extraídos del fondo del mar?

¿Qué se hizo con lo que quedó en el fondo? ¿Donde está la documentación de la subvenciones? ¿Donde está la justificación de su gasto? ¿Dónde estaba la Inspección de Trabajo cuando tenía cinco trabajadores sin dar de alta? ¿Cual es la razón de que la Inspección de Trabajo se negara a admitir una denuncia por tener trabajadores de modo ilegal cuando luego acabó haciéndolo, demostrándose que la primera negativa carecía de sentido legal? ¿Cómo es que en cinco casos de la misma empresa “Julian Martinez García” se produce esa extraña cotización en la que al final los días contizados son cero y la Seguridad Social no se percata? ¿Cómo es que años después eso sigue igual y la Seguridad Social sigue sin percatarse? ¿Cómo es que cuando se pregunta por este expediente sancionador resulta que la respuesta es que “no consta” en los archivos?

¿Es esto o no un Expediente X?