Domíngo Martínez Castillo, ex alcalde socialista de San Nicolás del Puerto (Sevilla) de 1991 a 2002, también ha figurado como intruso en el ERE de Acyco. Al principio se pensó que el ERE que le había servido de cobertura fue el de Bolidén, pero al parecer, se ha confirmado que fue el correspondiente a la empresa Acyco, Aceitunas y Conservas, el que lo acogió. Por otra parte, se confirma que otro director general de Empleo ha utilizado el “fondo de reptiles” tras haber sido destituido el denunciante Francisco Javier Guerrero. Se trata de Juan Márquez, ex director de Trabajo de la Junta entre 2008 y 2010, con lo cual se derrumba la tesis del gobierno andaluz de que el único responsable era el lenguaraz Guerrero.

Otro alcalde implicado y ya van nueve intrusos del PSOE en los ERE irregulares

Con el ya mencionado, son dos los ex alcaldes socialistas de la relación de intrusos. El otro es el de Rafael Rosendo, ex regidor de El Pedroso,  que se suma al de Martínez Castillo, fallecido en noviembre de 2010, prejubilado en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Acyco Aceitunas y Conservas, con sede en Dos Hermanas, en la que nunca trabajó.

Además de estos dos exalcaldes de pueblos de la Sierra Norte de Sevilla están el ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, incluido en el ERE de Calderinox; el ex gobernador civil en Cádiz y Burgos y diputado socialista ya fallecido, César Braña, prejubilado en la textil malagueña Hitemasa; el secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo, en uno de los dos ERE de Mercasevilla; el secretario de Política Municipal del PSOE de Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto; el militante de El Pedroso Alejandro Millán, prejubilado en Graficromo, y los militantes socialistas de Camas Ricardo M.B., incluido en el ERE de Intersur, y Juan Manuel L.E., marido de la exconcejal socialista del Ayuntamiento de Camas Concepción Ávila, que dimitió hace unos días, en la empresa Surcolor.

Y luego están los familiares: José A.L. y José Antonio M.S., ambos vecinos de Camas y concuñados del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado en el caso Mercasevilla, y prejubilados en los ERE de Intersur y Surcolor. Rivas dimitió como secretario de Formación Profesional y Empleo del PSOE de Sevilla y como secretario local socialista de Camas, municipio del que fue alcalde de 1991 a 2000, después de que este periódico publicara los primeros casos de falsos prejubilados en la agrupación socialista que él mismo dirigía.

Ttambién estaba prejubilada como intrusa la suegra del director general de Trabajo y Seguridad Social que reveló la existencia del «fondo de reptiles», Javier Guerrero. A Victorina M.P., se le abrió una póliza como extrabajadora de SOS-Cuétara, por lo que la Junta le está pagando actualmente 1.752 euros brutos mensuales.

Un nuevo director general de la Junta implicado

Juan Márquez, ex director general de Trabajo de la Junta entre 2008 y 2010, autorizó la inclusión de al menos un intruso en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Calderinox. O sea, que el “fondo de reptiles”era un procedimiento conocido y apreciado en el departamento, no sólo por su antecesor Guerrero. Y a pesar de todo, ha sido propuesto como candidato del PSOE en la localidad de Lucena del Puerto (Huelva).

Márquez, sucesor del director general Javier Guerrero, imputado en el caso desde ayer, firmó la resolución del ERE que incluía al ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, para prejubilarle como trabajador de Calderinox, pese a que nunca trabajó en dicha empresa.

La resolución firmada por Márquez el 14 de diciembre de 2009 dio vía libre al ERE y estipulaba una subvención de la Junta de 898.571 euros y la prejubilación de 11 trabajadores, dos de los cuales la Junta ha identificado como intrusos: Antonio F. G. y Rodríguez Cordobés.

La inclusión del ex alto cargo de la Junta como intruso en 2009 confirma que las prácticas irregulares continuaron en la Consejería de Empleo tras la marcha del ex director general Guerrero en abril de 2008. Márquez le sucedió durante dos años, en los que el número de ERE y ayudas directas a empresas empezaron a descender. El actual consejero, Manuel Recio, prescindió de Márquez a su llegada a la consejería en abril de 2010.

La juez del caso, Mercedes Alaya, ha comunicado a Javier Guerrero su imputación por las irregularidades en los ERE. Fuentes judiciales informaron ayer de que Guerrero afrontará acusaciones por estafa, apropiación indebida, prevaricación y tráfico de influencias. También ha comunicado su imputación en el caso a varios intrusos en los ERE, los cuales serán acusados tras ser beneficiados por las subvenciones públicas sin haber trabajado en las empresas. La juez ha reclamado a Empleo copia compulsada de toda la documentación que le envió sobre el primer grupo de 39 intrusos identificados, pues considera insuficiente la mera notificación de los intrusos. La magistrada responde al escrito de la Junta enviado tras la investigación interna que inició Empleo. El segundo grupo de 33 intrusos aún no ha llegado al juzgado.