La operación pactada por los altos cargos de la Junta puede desbaratarse. Recuerden que hace unos días la actual consejera de Economía y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, parecía inmolarse diciendo que había sido ella la que había guardado los informes del Interventor sin entregárselos a José Antonio Griñán, entonces consejero de Economía y Hacienda. No sabemos si lo conoció o no, si alguien miente o no, pero lo que sí se sabe ya es que el Interventor General de Hacienda envió ese informe en 2006 a la Consejería de Economía y Hacienda reclamando su «traslado» y «conocimiento» al entonces consejero José Antonio Griñán. Luego, por ello, ya puede y debe hacer responsabilidades y dimisiones.

Lo dice el PP tras un pleno parlamentario ardiente. “El Parlamento ha sido hoy el escenario en el que se han destapado definitivamente las mentiras de la Junta de Andalucía en torno a la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo. Durante la sesión de control al gobierno el presidente del PP andaluz. Javier Arenas, advertía al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que “es imposible e ilegal que su viceconsejera, hoy consejera (de Hacienda), no le trasladara informes que afectan a varios cientos de millones de euros. Si se demuestra que la Consejería recibió los Informes de Intervención para hacérselos llegar a usted le quedan dos salidas: o presentar su dimisión o el cese de la consejera por haber ocultado el Informe”.

Griñán escuchaba las palabras del líder del PP enrocado en su postura de “desconocimiento” de esos Informes que detectaron desde el año 2005 irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo subvencionados por la Junta de Andalucía.

Sin embargo, fuera ya del Salón de Plenos, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, tiraba por tierra el único argumento que le quedaba ya al presidente Griñán al hacer público un documento, que no es otro que el Informe de la Intervención General, cuya destinataria era la viceconsejera de Economía, por entonces Carmen Martínez Aguayo.

En la comunicación aparece la nota “para su conocimiento y traslado al consejero de Economía y Hacienda” y se añade que se adjunta y remite “informe definitivo de cumplimiento” correspondiente al ejercicio 2004 realizado por la Agencia IDEA -que suplió al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)- de conformidad con lo recogido en la ley de Hacienda Pública sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.

A juicio de Sanz “este documento responsabiliza al máximo nivel de la Junta de Andalucía, por eso a Griñán no le cabe otra salida hoy que la dimisión o la dimisión”.

Javier Arenas recordó que los informes de la Intervención General que debía de tener Griñán “decían que se habían superado los créditos; que se hacían transferencias al margen de la legalidad para gastos de explotación; que no había controles ni a priori ni a posteriori; que se estaba gastando sin procedimiento administrativo alguno, y a partir de esos Informes es cuando surgen las gravísimas responsabilidades políticas para usted y Chaves” dijo el presidente del PP a Griñán en su pregunta.

Además, volvió a hacer hincapié en que “si hubiera actuado cuando conoció los Informes de Intervención hace cinco años nos hubiéramos evitado el escándalo. Usted conoció, no evitó, permitió y autorizó que los procedimientos al margen de la Ley siguieran campando”, declaró.

“Le acuso de haber hecho caso omiso de los informes de la Intervención General, que lo conoció, le fue enviado a la viceconsejera para que se entregara a usted; le acuso de haber mentido, de haber incumplido la Ley de Hacienda Pública, la Ley de Subvenciones; de haber permitido que se gastara más de lo autorizado, de no haber puesto en marcha controles ni a priori ni a posteriori de los fondos, de haber permitido y autorizado un modo de gasto al margen de cualquier procedimiento administrativo. Han permitido que determinadas empresas reciban ayudas al margen de las centenares de miles que estaban desapareciendo; le acuso de mentir cuando afirmó en sede parlamentaria que en ningún momento se habían elevado diligencias al consejero, estaba mintiendo, los informes definitivos de la intervención van al consejero. Desmienta que no es verdad. Si demostramos que es verdad que los recibió o se los envió a usted tendrá que dimitir por haber mentido en el Parlamento o tendrá que cesar a la consejera”, concluyó el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien espetó a Griñán que su gobierno ha perdido ya “toda la credibilidad”.

La consejera Martínez Aguayo mantiene que no le comunicó el contenido del informe ni de los elaborados los dos años siguientes, pese a la gravedad de las denuncias del interventor ni del desfase presupuestario de 38 millones, a los que hacía referencia. Pero, ¿es creible tal afirmación? Según ella, sólo tenía obligación de trasladarlo si la intervención emitía un informe de actuación, medida que se activa cuando se advierte menoscabo de fondos públicos. En treinta años no se ha emitido ninguno.

En la sesión parlamentaria de control al Gobierno, el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, negó conocer el informe de la Intervención General de la Junta al no ser un “informe de actuación”, aunque el líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha asegurado que lo conoció e incluso lo “comentó” con el entonces presidente, Manuel Chaves.

Para defenderse , el presidente de la Junta ha leído varios informes elaborados por el Tribunal de Cuentas en 1998, cuando Arenas era ministro de Trabajo con el Gobierno del PP, en los que se cuestionaba el procedimiento para la contratación seguido por dicho Ministerio.